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Fallo histórico obligó al Estado a brindar vivienda a familia desalojada de asentamiento
La Justicia ordenó al Estado a brindar una vivienda a una familia del asentamiento Nuevo Comienzo que había recibido una orden de desalojo semanas atrás en el marco de una investigación por usurpación y robo de energía eléctrica a cargo del fiscal Diego Pérez.
De acuerdo a una resolución firmada por la ministra de Vivienda, Irene Moreira, a la que accedió El Observador, la cartera asegurará una vivienda en el Complejo Pedro Figari, aunque esa decisión quedará sujeta a "una posterior evaluación por parte de técnicos del ministerio, que en definitiva podrán sugerir otra que se adecúe a las condiciones y posibilidades del núcleo".
El fallo de la Justicia que dio lugar a un recurso de amparo, fue catalogado como histórico por el abogado Juan Ceretta, docente del consultorio jurídico de la Universidad de la República. En diálogo con Radio Universal el 27 de marzo, afirmó: "Es muy importante desde el punto de vista jurídico porque es la primera vez que se obtiene una sentencia que condena al Estado a otorgar una vivienda, esto no había ocurrido nunca en la historia del Uruguay”.
Por la situación de esta familia y otra veintena que también viven en ese asentamiento, se pronunció en febrero el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que pidió al Estado uruguayo que suspendiera los desalojos en ese lugar y que el Estado ofreciera una alternativa habitacional a los damnificados.
Sin embargo, el 2 de marzo tuvo lugar una audiencia con varios de los perjudicados, en la que el fiscal Pérez les ofreció resolver la causa mediante una vía alternativa al juicio oral –en el que no solicitaría una condena con cárcel–, siempre y cuando se comprometieran a irse antes del 4 de abril, y no volver al asentamiento.
"Tienen que abandonar el lugar donde tienen su rancho porque la consecuencia de no hacerlo es ir presos, y no pueden estar en situación de calle; el Estado tendría que darles una solución de vivienda", dijo Ceretta a Subrayado, el abogado que asesora a los imputados.
El contexto
A fines de 2019 unas 300 personas se asentaron en un terreno próximo a Santa Catalina, lo que derivó en denuncias a Fiscalía por usurpación y otros delitos. Fueron cerca de 40 los vecinos que se enfrentaron a la posibilidad de percibir sanciones penales por la ocupación, excepto que abandonaran ese predio. Varios optaron por el retiro voluntario, pero el resto, los que están negociando, decidieron quedarse, luego de recolectar firmas y presentar la moción a Naciones Unidas.
"Hay algunos actores que son más sensibles, que están más aggiornados a la normativa internacional, o que conocen mejor la importancia que tienen las decisiones de estos órganos (internacionales) que el país está ratificando (...). Hay algunos que son más sensibles y, a las pruebas me remito, hay otros que no tanto", dijo Ceretta.
A mediados del año pasado la Intendencia de Montevideo puso a disposición un terreno de su cartera de tierras para desocupar el terreno en cuestión, aunque para Ceretta resta brindarse una solución respecto a las viviendas, más allá del actual pronunciamiento de la Justicia.
