El ministro debe responder

La pavorosa ola de asesinatos de pacientes por enfermeros en una mutualista y en un hospital evidencia la falta de controles y el desorden que impera en ámbitos de la salud, tanto en el Ministerio como en ASSE. Es doble la claudicación de la estructura directiva. Por un lado, existen descuidos notorios en el área de personal, lo que facilitó la comisión de los crímenes. Adicionalmente, los procedimientos incompletos para certificar muertes impidieron la constatación inmediata del delito y su consecuente aclaración y castigo.
En este caso carece de toda validez el argumento de que es imposible prever muchos de los delitos que asolan a la sociedad. Es difícil concebir que quienes manejan los CTI y las áreas de recursos humanos en el hospital Maciel y en la Asociación Española no hayan percibido o sospechado el estado de perturbación psíquica en que vivían funcionarios capaces de matar pacientes a su antojo. Sus compañeros de tareas más equilibrados parecen haber pasado largo tiempo trabajando junto a los asesinos sin darse cuenta de lo que ocurría. Recién una llamada anónima alertó hace poco tiempo sobre la tragedia oculta en uno de esos centros asistenciales.
La responsabilidad por lo ocurrido recae directamente sobre el Ministerio de Salud Pública y ASSE y profundiza las flaquezas del reformado sistema de salud. Es obvia la falta de control y vigilancia sobre el personal, especialmente en un área crucial como son los centros de terapia intensiva, donde se interna a pacientes en estado grave. Arturo Briva, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, aseguró que los enfermeros procesados representan casos aislados. Pero reconoció que "hay niveles de control que no tenemos, hay muchas cosas para mejorar". Su admisión sobre carencias en esta área del sistema es un alerta adicional sobre las ineficiencias que se señalan reiteradamente sobre la asistencia a la población, especialmente la que depende de los centros gratuitos del Estado que maneja ASSE.
Los asesinatos, por otra parte, pudieron continuar a lo largo de mucho tiempo por ligereza en los procedimientos que siguen a una muerte. En un sistema eficiente, el fallecimiento de un paciente es seguido por un estudio a fondo de las causas. Esta no parece ser la práctica en nuestro país. El médico forense Rubén Arias explicó que "si un paciente muere por causas naturales, el médico tratante firma el certificado y nada más". ¿Pero cómo es posible que por lo menos 16 personas, incluyendo una que había sido dada de alta, mueran asesinadas sin que nadie lo sospeche e indague más a fondo?
Julio Trostchanky, consejero del Colegio Médico del Uruguay, que vela por la rectitud y solvencia de la atención médica, señaló "falta de control" y se preguntó "dónde quedan quienes defienden a los usuarios o representan a los trabajadores en organismos de dirección". La respuesta corresponde al ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, de quien el país reclama, por un lado, explicaciones precisas, sin dilaciones ni vaguedades, sobre las fallas del sistema que posibilitaron estos hechos terribles y, por otro, las medidas concretas que se adoptarán para corregirlas. De lo contrario se acentuará el descrédito en el sistema de salud.