Frecuencias, cables y seguridad jurídica

El 11 de febrero de 2010, el entonces presidente electo José Mujica instó a empresarios extranjeros a que invirtieran en Uruguay y les aseguró que durante su gobierno se mantendrían las "leyes claras" como hasta entonces. Ante unos 1.500 empresarios, en el hotel Conrad de Punta del Este, afirmó que durante su mandato no habría expropiaciones ni subas exageradas de impuestos.
Mujica tenía la necesidad de tranquilizar al sector privado de que durante la administración de un ex guerrillero de izquierda no se cambiarían las reglas de juego del país a los empresarios como ocurre en la Argentina de los Kirchner o en la Venezuela de Hugo Chávez.
La seguridad jurídica que históricamente ha ofrecido el país es un activo que no sobra en la región y para una pequeña nación como Uruguay es una ventaja comparativa para atraer inversiones extranjeras. Las leyes rigen para todos por igual y no se cambian las normas según sopla el viento. Ese es el marco adecuado para que los empresarios puedan proyectar negocios a largo plazo.
Hasta ahora nadie puede decir que el gobierno de Mujica no haya tenido una política económica esmerada por contener la inflación y manejar adecuadamente el déficit fiscal y la deuda pública. El equipo económico ha dado señales claras de que está haciendo bien los deberes para recuperar el grado de inversión que perdió el país.
El jefe de Estado parecía que había comprendido la estrecha relación que existe entre la vigencia del estado de derecho y el desarrollo económico y que los contratos que aprueba un gobierno mediante un instrumento legal obtienen credibilidad cuando permanece inmóvil en el tiempo. Se trata ni más ni menos de la buena fe contractual que asume el Estado con un tercero.
Pero un reciente decreto del Poder Ejecutivo que cambia las condiciones legales que se había concedido a una empresa privada para ofrecer servicios en el sector de la televisión por abonados enciende una luz amarilla sobre la seguridad jurídica de los negocios en Uruguay.
Nos referimos al decreto que en los hechos reduce de 108 canales a un máximo de 60 o 62 a la firma Cablevisión que tiene unos 70 mil clientes entre Montevideo, Canelones y San José.
El gerente general de Cablevisión, Guillermo Valente, declaró a El Observador que desde 2005 la firma invirtió más de US$ 22 millones, lo que no hubiese hecho de saber que después el gobierno cambiaría sin más las condiciones del negocio. "La empresa confió en la seguridad jurídica de Uruguay y en las reglas de juego claras", dijo el ejecutivo.
A ello hay que sumar que la norma deja a la empresa en condiciones perjudiciales respecto a la competencia y por ello Cablevisión entiende que la decisión del Poder Ejecutivo la coloca "totalmente fuera del mercado".
Un gobierno que presume de respetar el ordenamiento jurídico no debería modificar las normas con las que en su momento atrajo al inversor o le animó a invertir más.
Valente advirtió que, si el decreto no se modifica "en estos cortos meses", recurrirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y si es necesario planteará un arbitraje internacional, algo que también puede ocurrir respecto al servicio de fibra óptica de compañías privadas en competencia con la telefónica estatal Antel.
Lo más relevante del caso es el antecedente jurídico, pues hoy es el turno de Cablevisión pero mañana vaya saber uno quién puede padecer un cambio en las reglas de juego que se suponía iban a perdurar en el tiempo. Con esta decisión el Poder Ejecutivo asume un riesgo muy grande: ¿quién invertiría en un país en el que el gobierno modifica normas y decretos de forma tal que las condiciones económicas de un negocio se revierten por completo?