Gobierno dice no tener pruebas de coimas, pero Riovia fue beneficiada

¿Por qué pudiendo pagar menos, Uruguay está pagando más a la empresa holandesa Riovia para que haga el mantenimiento del dragado en el canal Martín García? Esa es una de las tantas preguntas que el canciller Luis Almagro podría haber respondido ayer lunes cuando habló sobre la licitación para el dragado final (dijo que en unas semanas avanzará) y que llevará el canal de los 32 a los 34 pies, para hacer a los puertos uruguayos más competitivos con el de Buenos Aires.

Pero no habló de eso. Almagro, en cambio, prefirió decir que “la prensa ha jugado un papel” y responsabilizó a El Observador de no haber “ayudado a las partes a trabajar de la mejor manera” (en otra nota de esta página se reproducen todos los ítems en los que “las partes” se trabaron, y sin ayuda de la prensa). Almagro también dijo que la información del diario acerca de presuntas “coimas” y “arreglos” en la relación entre Riovia y los delegados argentinos en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) surgen de “versiones no públicas” sino “privadas”. Ayer en privado, durante contactos del gobierno, el canciller disparó directamente contra la naviera Christophersen como el origen de estas versiones.

Además, en el Consejo de Ministros dijo que si a alguien le preocupa el tema, puede hacer la denuncia en Argentina, que fue donde ocurrió el episodio. O sea, el canciller admitió que hubo un intento de soborno. Lo que no le dijo ni siquiera a sus compañeros de gabinete es en qué contexto se dieron esos intentos.

El presidente José Mujica se refirió anoche al tema. El mandatario dijo que el gobierno no tiene pruebas. “El que esté diciendo eso que lo lleve inmediatamente a la justicia penal y si no se calla la boca”, sostuvo.

¿Por qué será?
El canciller no dijo ayer, ni públicamente ni en el gabinete, que Uruguay sabe desde hace tiempo que hay una empresa interesada en hacer el mantenimiento del dragado a un precio inferior al de Riovia. Tampoco explicó el canciller que Uruguay sí intentó pagar menos de lo que paga, y por eso sus delegados ante la CARP pidieron hacer un llamado a concurso de precios para cambiar a Riovia, que draga desde 1991. Pero si hubiese profundizado en el asunto, Almagro también debería haber dicho que el llamado de precios fracasó sencillamente porque el hermano gobierno de Argentina –al que el ministro suele ensalzar– lo rechazó. Pero si otra firma iba a cobrar menos que Riovia, ¿por qué los argentinos no lo aceptaron y quisieron seguir con Riovia? Que respondan los argentinos, podría decir el ministro.

Almagro tampoco dijo ayer, ni públicamente ni en el gabinete, quizá porque ya es conocido y notorio, que el contrato de Riovia venció en enero. Si después de 20 años de renovaciones se le iba a renovar otra vez, incluso dejando de lado a otros que cobrarían menos, Riovia bien podría haber realizado un ajuste moderado de sus tarifas hasta tanto no se conceda la licitación definitiva. Un estudio uruguayo señaló que ese aumento no podía ser superior a 20%. Pero Riovia se descolgó con un pedido de 40% de incremento. Los uruguayos dijeron no y los argentinos dijeron sí.

En la CARP todo tiene que salir por consenso. Si a los argentinos ya se les había concedido eso de no llamar a un concurso de precios, aun sabiendo que se podía conseguir un precio mejor, lo lógico sería que los hermanos y vecinos cedieran y se acercaran al 20% que pedía Uruguay.

Almagro no dijo ayer, ni públicamente ni ante sus compañeros ministros, qué fue lo que la Cancillería aceptó pagar con dineros públicos: ¿un 20% o un 40% de aumento? Fuentes (aquí sí) “privadas” dicen que está mucho más cerca del 40% que pidió la empresa y que los argentinos avalaron.

“Arreglo”
Estas negociaciones, en las que Uruguay cedió dos veces e indirectamente favoreció a Riovia, se daban en un contexto complicado que solo conocía un reducido grupo de empresarios y diplomáticos, entre los cuales estaba Almagro: operadores empresariales habían ofrecido coimas de un millón de dólares a favor de que Riovia siguiera dragando.

Las cosas estaban tan turbias que el presidente de la delegación uruguaya, Francisco Bustillo, planteó en una reunión de la CARP que Uruguay tenía información de que Argentina ya había “arreglado” con Riovia, cosa que fue desmentida por la delegación argentina, cuyo presidente, Hernán Orduna, fue procesado en estos días por corrupción.

De todo eso hay documentación porque la CARP lleva versiones taquigráficas. Legisladores opositores reclamaron estas actas a delegados de sus partidos pero recibieron respuestas disímiles: unos dijeron que iban a entorpecer la negociación, otros que las versiones solo son públicas cuando las dos delegaciones las avalan, y que los argentinos no querían hacerlo.
En suma, los argentinos rechazaron un llamado de precios sabiendo que otra empresa cobraría menos que Riovia; luego aceptaron el aumento pedido por Riovia sin cuestionarlo (y esto terminó siendo avalado por Uruguay); y en la última semana contribuyeron con los “peros” que el gobierno argentino puso para postergar el llamado a licitación, postergación que beneficia a Argentina pero también a Riovia.

En filas del gobierno hay quienes dicen no tener pruebas, pero que están convencidos y tienen la sensación de que con cada pago que Uruguay le haga a Riovia, queriéndolo o sin querer, “está incluida la coima”.