Liberarse del lastre argentino

La virtual paralización del mercado inmobiliario argentino es la última perla de fantasía en un restrictivo collar financiero que amenaza romperse. En su desesperación por aferrarse a los dólares como sea, el gobierno kirchnerista anunció que la compra de esa divisa para adquirir propiedades tiene que ser autorizada primero por la Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP). Este organismo es el cancerbero que controla todas las operaciones de empresas y personas en moneda extranjera, incluso utilizando perros entrenados para olfatear algún puñado de billetes de un turista que viaje a Uruguay u otro país.
El resultado de la nueva medida ha sido frenar la venta de propiedades, que se cotizan en dólares. El Banco Ciudad informó que las solicitudes de créditos hipotecarios han caído casi el 70% desde la implementación de los controles cambiarios. Quienes pensaban en adquirir una vivienda se aferran a los dólares que puedan tener ahorrados o se abstienen de ir a la AFIP con sus pesos, todo por temor a manotazos tributarios del gobierno. La misma política monetaria restringe severamente una vasta gama de importaciones, especialmente de bienes de consumo. Aunque se aplica a todos los demás países, ha golpeado duramente a Uruguay por la caída de exportaciones al país vecino y de inversiones argentinas en el, hasta hace poco, dinámico mercado inmobiliario en Punta del Este y otras zonas turísticas.
La sólida mayoría que reeligió a Cristina Fernández de Kirchner para la Presidencia se diluye por la creciente disconformidad ciudadana por el derrumbe de las condiciones de vida. Incluyen caída de actividad, escasez de insumos esenciales en informática o electrodomésticos, una tasa cambiaria real 25% superior a la oficial y una inflación galopante que ronda el 30% y que el gobierno intenta esconder con estadísticas notoriamente mentirosas. Se agrega al descrédito el escándalo en torno al vicepresidente Amado Boudou. Acusado de todo tipo de irregularidades, Boudou logró la salida del juez y los fiscales que lo acusaban, en una clara evidencia de que la prepotencia gubernamental triunfa por goleada sobre el estado de derecho en la Argentina de hoy.
La situación de un país camino al despeñadero por los errores de su gobierno crea graves problemas a Uruguay. Además del derrumbe de nuestras exportaciones a ese mercado, sufrimos los endebles pretextos para seguir obstruyendo el dragado del canal Martín García, víctima de manejos espurios desde el lado argentino para favorecer a una empresa. Dadas las amenazas adicionales a nuestro crecimiento económico derivadas de la crisis europea, es imperativo que la administración Mujica se libere en todo lo posible del lastre argentino, deponiendo la fantasiosa ilusión de un Mercosur que nació enfermo y al que Argentina le ha propinado el golpe de gracia con su exacerbado proteccionismo. Es esencial la búsqueda de nuevos mercados, incluyendo tratados de libre comercio por fuera del Mercosur. El presidente Mujica ha anunciado reiteradamente este objetivo. Pero sigue en pañales pese a la urgencia que le impone una Argentina en la que han desaparecido la sensatez económica, el respeto a los derechos de las personas y la solidez institucional.