Un país bipolar

País de altos contrastes, Paraguay es una de las naciones independientes más antiguas de Latinoamérica pero una de las de menor experiencia democrática. Veintitrés años después de su fin, la marca dejada por los 35 años de dictadura del general Alfredo Stroessner es aún intensa.

El orgullo de haber mostrado a fines de 2010 un crecimiento económico de casi 15%, de lejos el mayor de la región y uno de los mayores del mundo, no se compadece del nivel de vida de la amplia mayoría de sus casi 7 millones de pobladores: el umbral de pobreza supera el 35% del total de habitantes del país, lo que significa que casi 2,5 millones de personas cuentan con ingresos inferiores al costo de una canasta básica de consumo. La mitad de ellas vive en pobreza extrema.

País de inequidades, Paraguay es una de las naciones con el mayor nivel de desigualdad en la distribución de la propiedad y tenencia de la tierra. Los últimos estudios oficiales serios (de casi una década atrás) muestran que el 1% de los propietarios concentra el 77% del total de las explotaciones agropecuarias del país. En el otro extremo, el 37% de los minifundiarios, aquellos que tienen superficies menores a 1 hectárea hasta 5 hectáreas, tienen en su poder solo el 1% de las explotaciones agropecuarias.

El cultivo mecanizado de granos, sobre todo de soja (puntal del crecimiento de los números macroeconómicos), agravó esa inequidad absorbiendo los bosques que caracterizaban el país hasta hace 20 años. La corrupción cebada en el estronismo hizo que tierras que formaban parte del acervo para la reforma agraria y la distribución de fincas entre campesinos sin tierras se convirtieran en latifundios de sojeros. El campesinado, sin espacio siquiera para el cultivo de subsistencia, migró hacia las ciudades (sobre todo a Asunción y Ciudad del Este) formando los clásicos cinturones de pobreza de las ciudades latinoamericanas.

País de sobresaltos, Paraguay alimentó su historia con cíclicas crisis políticas.

El contexto mínimo delineado en los párrafos anteriores es básico para entender la crisis política que hizo eclosión días atrás con el juicio político y la destitución por parte del Senado de Fernando Lugo, a quien le quedaba poco más de un año para finalizar su quinquenio presidencial.

El escaso tacto de Lugo hizo que le pisara los callos a sus aliados una y otra vez.

Ex obispo católico formado en las décadas doradas de la teoría de la liberación, Fernando Lugo colgó los hábitos acosado por historias poco episcopales encubiertas por la Iglesia  y que luego surgieron a la luz pública. Apoyado en su visión socialista, se lanzó a la arena política y en 2008 marcó el hito de desplazar por las urnas al Partido Colorado, agrupación que por seis décadas acaparó la conducción del país.

Lo hizo encabezando una alianza de sectores de izquierda de bajo potencial electoral con el conservador Partido Liberal Radical Auténtico, el segundo partido político en arrastre popular.
Si bien Lugo, secundado por el liberal Federico Franco como vicepresidente, fue el candidato común de esa alianza, los partidos que la integraban acudieron por separado para la elección de congresistas.

Esto dejó a Lugo prisionero de su aliado liberal, que cosechó casi todas las bancas de la alianza (la izquierda ganó solo dos de los 80 diputados y apenas tres de los 45 senadores).
Una vez en el gobierno, el exobispo escogió gobernar con sus aliados más cercanos a su visión progresista de la política y fue dejando de lado a los liberales hombres de su principal sostén en el Parlamento. Su escaso tacto hizo que pisara los callos de sus aliados una y otra vez.

También lo hacía con medidas que en nada agradaban a los sectores más conservadores y poderosos de esa economía paraguaya tan pintada de inequidades. Nuevos programas sociales que atendían a la ancha faja pobre del país requerían de un porcentaje mayor del Presupuesto de la Nación, históricamente preparado para atender el clientelismo de los principales partidos políticos del país.

País de dos verdades, Paraguay vive casi signado por la bipolaridad. O colorado o liberal en lo político. O español o guaraní en el habla. O Cerro Porteño u Olimpia en lo futbolístico.

El juicio político se decidió apenas unas semanas después de que la presión popular y de los medios de comunicación abortara la ratificación parlamentaria de una ampliación presupuestaria (vetada por el presidente Lugo) de unos US$ 50 millones que debían ser destinados a que la Justicia Electoral contrate centenares de funcionarios recomendados proporcionalmente por los partidos con representación parlamentaria.

Este explosivo cuadro de situación era también alimentado por el mismo Lugo, quien de vez en mes generaba situaciones controversiales, incluidas las cíclicas apariciones de mujeres denunciándolo por haber engendrado hijos cuando aún era obispo con juramentado voto de castidad. El último caso surgió sólo semanas atrás cuando el diario Última Hora reportó un presunto caso de paternidad de Lugo de un niño de 10 años. Pese a los años que llevaba la mujer reclamándole que asuma la paternidad, sólo después de la publicación el entonces presidente admitió ser padre de la criatura.

País de dos verdades, Paraguay vive casi signado por la bipolaridad. O colorado o liberal en lo político. O español o guaraní en el habla. O Cerro Porteño u Olimpia en lo futbolístico. O verdadero o falsificado en la compra cotidiana.

La decisión del juicio político la toma la última ala luguista que quedaba en el Partido Liberal Radical Auténtico cuando Lugo le hace el enésimo desplante: nombra a un colorado (y no a un liberal o a un izquierdista) como ministro del Interior tras un infausto desalojo de campesinos de unas polémicas tierras que décadas atrás fueron cedidas al Estado por una empresa yerbatera pero que por la corruptela y la bipolaridad paraguaya se habían convertido en un latifundio de un empresario y político colorado.

Seis policías y 11 campesinos muertos fue el patético colofón del desalojo, ya conocido como la masacre de Curuguaty (la población paraguaya en la que José Gervasio Artigas vivió 30 años de asilo hasta su muerte en 1850).

Liberales, colorados y los demás partidos que se disputan la franja de centroderecha se aliaron para tener una amplísima mayoría en la Cámara de Diputados, la que por 76 votos a 1 decidió en la tarde del jueves pasado el juicio político a Fernando Lugo.

En tiempo récord, el Senado cumplió al día siguiente con la formalidad constitucional de acusar, juzgar y destituir al presidente: 1 hora y media para la acusación, 2 horas para la defensa y 1 hora y media para la evaluación de pruebas. Sacó a Lugo el cargo por 39 votos a 4.

Fernando Lugo aceptó la destitución y se retiró del Palacio de Gobierno. Dijo hacerlo para evitar choques entre sectores que apoyaban y rechazaban el juicio político. El liberal Federico Franco, vicepresidente de la República, juró como Jefe de Estado apenas minutos después del discurso de despedida del exobispo.

Con los alegatos de que fueron violadas disposiciones constitucionales que garantizan el derecho a la defensa y al debido proceso, seguidores de Fernando Lugo y casi unánimemente los gobiernos de países americanos y del resto del mundo calificaron al juicio político de golpe parlamentario desatándose una crisis que aún está en plena ebullición.

Como en casi todas las situaciones donde se entrecruzan política y derecho, juristas de uno y otro bando esgrimen principios, artículos e incisos.

Pero por encima de acatamientos o violaciones constitucionales, un proceso de cambio político quedó muy mal herido.

Y, entretanto llueve la condena internacional y crece la resistencia del sector luguista, el Paraguay, el país de los altos contrastes y de las inequidades, es, más que nunca, un país de sobresaltos y de dos verdades.

(El autor es jefe de redacción del diario Última Hora de Asunción, Paraguay).

Comentar

Por favor inicie sesión para comentar: