Opinión > Editorial
Inescapable realidad salarial
La política salarial en un período de declive económico no es un tema de contrapunto entre ministerios, como amaga plantearse, sino de responsabilidad unificada de todo el gobierno. Con el crecimiento en caída este año, por baja en precios y volúmenes de exportación y menor consumo interno, es irreal reclamar mejoras del salario real que solo conducirían a un aumento del desempleo. La meta lógica es evitar en lo posible el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos. No es lo deseable, especialmente para los sectores con salarios más deprimidos. Pero es el único camino transitable para un gobierno obligado a corregir la imprevisión de haber gastado de más en las dos primeras administraciones del Frente Amplio. La alternativa es alimentar una inflación que ya bordea el 10%, en un círculo vicioso de más aumentos y más inflación que agrava irremisiblemente el empobrecimiento de los que menos tienen.
El gobierno enfrenta la doble urgencia de bajar el déficit fiscal de 3,5% y los precios a los consumidores, fundamentalmente en los artículos básicos de alimentación, salud, limpieza e higiene. Esos objetivos exigen prudencia en las políticas monetaria y salarial. En esta última área es de especial importancia la cautela durante este año, a la espera de que se confirmen los pronósticos coincidentes de instituciones y economistas que auguran un leve mejoramiento en 2017. Pero es esencial asegurar equilibrio en los Consejos de Salarios de los próximos meses, lo cual debilita las aspiraciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de flexibilizar las pautas fijadas por el Poder Ejecutivo ante la persistente inflación alta y al aumento en las tarifas de los servicios públicos, como ha anunciado el director nacional de Trabajo, Juan Castillo.
El exdirigente sindical dijo que “el tema ha dejado de ser una preocupación personal y hoy es una preocupación del ministerio”, que está analizando distintos factores antes de trasladar a la cartera de Economía y Finanzas (MEF) un planteo para bajar las limitaciones que se han fijado. Pero los estudios que realiza el MTSS no cambiarán la realidad ni deben inducir al MEF a concesiones peligrosas. No será un año fácil para nadie, ni para los trabajadores ni para los hogares, ni para los sectores productivos, especialmente el agro y la industria, ni para el gobierno. Ya no tiene remedio la culpa que recae sobre los dos gobiernos anteriores por el exceso de gasto en épocas de abundancia de recursos, evidente aunque jamás reconocida por el Frente Amplio. Ahora, guste o no, hay que afrontar consecuencias que impactan adversamente sobre todos, incluyendo a empresas que han cerrado o que están disminuyendo su plantilla laboral.
Este horizonte ominoso solo se oscurecerá aun más si se insiste en incrementos salariales este año que empeoren las perspectivas de la actividad y el empleo. El gobierno ya dispuso un semiescondido ajuste fiscal parcial con el incremento de tarifas de UTE y OSE y el mantenimiento de los altos precios de los combustibles pese al derrumbe del costo del petróleo. Se ha abstenido al menos de bajar salarios, como han hecho tantos gobiernos ante situaciones críticas. Pero exigir aumentos más allá de los previstos en las pautas del Poder Ejecutivo es cerrar los ojos a un problema grave del cual nadie escapa, incluyendo las posibilidades de los trabajadores de mantener el nivel de empleo.
