Las actuaciones continúan, por lo que el número de personas detenidas puede aumentar en las próximas horas
La investigación por el denominado caso Caranchos tuvo un nuevo avance este lunes con la nueve efectivos policiales, confirmó este lunes el Ministerio del Interior.
Los detenidos prestaban funciones en las jefaturas de Policía de Montevideo, Canelones y Maldonado y quedaron a disposición de la Justicia.
“Por ahora son seis detenidos, pero puede aumentar”, señalaron fuentes de Fiscalía en horas de la mañana. Sin embargo, minutos antes del mediodía, desde el Ministerio del Interior confirmaron a El Observador que nueve policías habían sido detenidos en el marco de la investigación.
Las actuaciones continúan, por lo que el número de personas detenidas puede aumentar en las próximas horas. Las nuevas detenciones forman parte de la investigación que lleva adelante la fiscal de Toledo, Paula Pereyra, sobre una red dedicada a obtener y comercializar información de víctimas de accidentes de tránsito para luego contactarlas y gestionar reclamos ante el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA).
La investigación es llevada adelante por la Dirección de Asuntos Internos, con apoyo de otras unidades policiales y en coordinación con la Fiscalía de Toledo y la Fiscalía Especializada en Delitos de Crimen Organizado.
Una de las claves de la maniobra era la rapidez para obtener información sobre las víctimas de accidentes. Según la investigación, algunos policías accedían al Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) para conseguir partes policiales y transmitir datos a abogados o gestores, que luego contactaban a los accidentados o a sus familiares.
La fiscal de Toledo, Paula Pereyra, había señalado que no solo se comercializaban datos personales, sino que también circulaban partes policiales, actas de espirometrías e incluso fotografías de personas lesionadas en centros de salud.
Los casos eran utilizados posteriormente para gestionar reclamos ante el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) y otras indemnizaciones. Según la investigación, los involucrados cobraban comisiones por conseguir y derivar a las víctimas.
Las nueve nuevas detenciones amplían ahora la investigación sobre la participación de funcionarios policiales en la maniobra.
La investigación ya tiene 69 personas indagadas. Según la fiscal, se trata de una “organización criminal estable, jerarquizada y de funcionamiento prolongado en el tiempo”, con “roles claramente diferenciados”. De ese total, Fiscalía tenía identificadas a 58 personas bajo indagatoria.
La maniobra investigada tenía como uno de sus puntos centrales el acceso a información reservada sobre accidentes. Los policías involucrados podían ingresar al Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) y obtener partes policiales que posteriormente llegaban a abogados o gestores.
“No solamente se venden datos personales de las víctimas accidentadas, los imputados acceden a SGSP, descargan partes policiales, se envían fotos de las actas de espirometrías, y peor aún, se envían fotografías de las personas lesionadas en los centros de salud. Y se burlan, con constantes expresiones de deshumanización tales como Ojalá esté toda quebrada ”, sostuvo Pereyra al fundamentar la investigación.
En una primera etapa de la investigación, diez personas fueron condenadas por asociación para delinquir, cohecho calificado especialmente agravado y reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada especialmente agravada. Otros dos indagados, un abogado y un policía, fueron imputados y enfrentarán juicio al no alcanzar un acuerdo con Fiscalía.
Según el esquema trazado por la fiscalía, la organización estaba dividida entre “promotores”, principalmente abogados; “captadores”, que funcionaban como gestores o intermediarios; e “informantes”, entre los que había policías que obtenían información de manera ilegal y la entregaban a cambio de dinero.
La investigación continúa y, según indicaron fuentes de Fiscalía a El Observador, el número de detenidos puede aumentar durante esta jornada.
