Los conflictos sindicales se multiplican en diciembre. El entramado del universo laboral argentino está acostumbrado a fines de año con fricciones. El Gobierno apela a las herramientas del Estado para mantener la paz social. La conciliación obligatoria comienza a ser una opción cada vez más elegida por el Gobierno. Ya lo saben Camioneros, La Fraternidad y la UTA.
Sin plata, sin aumentos, sin bonos, y con las paritarias frenadas, la secretaria de Trabajo midió los tiempos, y logró postergar los conflictos para el 2025. Así las cosas, diciembre será un mes en el cual los conflictos seguirán su curso sin salir a la superficie. La foto de una Navidad sin grandes movilizaciones será parte del anuario del Gobierno.
Al Ejecutivo no le tembló el pulso y comunicó más de 3500 despidos en el Estado en las semanas previas a las fiestas de fin de año. Los privados, cuyos sectores no ven recuperación a la vista, aplican cesantías y suspensiones. Al mismo tiempo, el Gobierno apela a la conciliación obligatoria para estirar las definiciones paritarias más allá del 31 de diciembre.
En ese contexto, los focos se posan en el Estado. Allí el Gobierno de Javier Milei volvió a pasar la motosierra y ejecutó el despido de 2400 trabajadores del Ministerio de Justicia y de casi 1400 de Trenes Argentinos Capital Humano.
Pero el derrame del desempleo va más allá de los límites que puede imponer el Estado. Fábricas adelantan vacaciones, líneas de producción que se frenan y empresas en franca reducción de personal. El combo espectral del mercado laboral opaca la felicidad de las fiestas.
Acindar, un caso testigo
En ese marco, Acindar, la gigante metalúrgica de Villa Constitución, es uno de los casos testigos. La incertidumbre acompañó a los trabajadores todo el año. Desde el sindicato describen al 2024 como “el peor año de la historia” de la empresa y confirman más de 400 despidos en lo que va del año.
En ese marco, el final del año plantea una incertidumbre superior para lo que viene. La empresa decidió adelantar, ante la falta de demanda, su parada técnica, y avanzó con suspensiones masivas.
Otro de los damnificados por la coyuntura es la fabricante argentina de electrodomésticos Domec, que anunció la reducción temporal de su jornada laboral debido a la fuerte caída de las ventas.
Según acordó con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Abel Furlán, la empresa —que acumula pérdidas por $286 millones en los primeros diez meses del año— suspenderá la actividad un día por semana hasta el 3 de enero de 2025.
Otra marca conocida afectada por el plan motosierra que derrama en el sector privado es Dánica. La empresa decidió cerrar su planta ubicada en la localidad de Llavallol, provincia de Buenos Aires, un emblema industrial en la zona desde 1939.
La decisión, tomada por el Grupo Beltrán, propietario de la empresa desde 2018, se encuadra dentro de la disminución de la demanda y problemas económicos de la compañía. La medida dejaría a 150 trabajadores sin empleo.
La paz social y las conciliaciones obligatorias
Más allá de los conflictos puntuales, la tensión también crece en la secretaria de Trabajo. La ronda de paritarias que anticipan lo que vendrá en el 2025 no comenzaron de la mejor manera.
La decisión del Gobierno de poner un techo paritario del 1% mensual choca de frente con Camioneros, que avanzó con el anuncio de una medida de fuerza contra la imposición. El paro deberá esperar, más allá del malestar del gremio. El Gobierno apeló a la conciliación obligatoria.
La medida de camioneros amenazaba no solo con paralizar la recolección de residuos durante las fiestas, sino también con frenar la distribución, algo que afectaría al comercio en época de alto consumo.
La situación se da en espejo con el conflicto que lleva adelante La Fraternidad. El gremio de los maquinistas rechazó el ofrecimiento y decretó un paro. En ese caso ya rige la conciliación obligatoria.
La UTA es otro ejemplo, quizá el más complicado y el que más expone la fragilidad de la estabilidad económica. El Gobierno logró desactivar el último conflicto convalidando un aumento de sueldos que sería financiado ya sea por el aumento del boleto o por el aumento de los subsidios. Sin embargo, aun desde el Ejecutivo no le anunciaron a los empresarios cuál será el camino para pagar lo prometido.
En ese marco, y ante la imposibilidad de las empresas de pagar el aguinaldo, los trabajadores convocaron a un paro que ya fue desactivado con una conciliación obligatoria.
Por ahora el Gobierno gana tiempo y evita el conflicto. Sin embargo, todas las bombas de tiempo que pueden desatar una seguidilla de conflictos laborales están en marcha.
