Contexto
¿Qué implica el fin de la concesión de CRUSA sobre el Corredor Vial 18?: El final de la concesión de Caminos del Río Uruguay (CRUSA) sobre la “ruta del Mercosur” marca el término de un acuerdo que había estado en vigor durante más de 30 años. El Ejecutivo, a través de Vialidad Nacional, tomó la decisión de finalizar el contrato, lo que incluye asumir temporalmente la gestión del Corredor Vial 18, uno de los trayectos más importantes para el comercio entre Argentina, Brasil y Uruguay. Este corredor abarca las rutas nacionales 12, 14 y 174, fundamentales para la circulación de productos en el Mercosur.
¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de la finalización de la concesión?: La primera consecuencia directa fue la desvinculación de casi 500 trabajadores de CRUSA, quienes perdieron su empleo debido a la decisión del Gobierno. La empresa saliente también criticó la falta de indemnización para estos empleados, un tema que generó tensión entre las partes. En cuanto a la operación de las rutas, Vialidad Nacional asumirá la gestión temporal, realizando tareas de mantenimiento como bacheo, corte de pasto y servicio de acarreo, mientras se realiza el proceso de licitación para la nueva concesión privada.
¿Cuál es la postura de CRUSA frente a la finalización del contrato?: CRUSA expresó su descontento con el fin de la concesión, argumentando que el abandono de la gestión estatal resultó de “incumplimientos del Estado” que impidieron que la empresa pudiera realizar las obras necesarias y cumplir con sus compromisos contractuales. La compañía también subrayó que el Estado había sido consciente de la fecha de finalización del contrato desde 2014 y que, a pesar de recibir sucesivas prórrogas, no se resolvieron los problemas económicos y financieros de la concesionaria. La empresa apuntó contra la falta de cobertura efectiva tras el levantamiento de las barreras de peaje, advirtiendo sobre los riesgos para la seguridad.
¿Qué críticas hace el Gobierno respecto a la gestión de CRUSA?: Desde el Gobierno, Vialidad Nacional señaló que CRUSA incumplió con el contrato y que la empresa no realizó las inversiones comprometidas, a pesar de recibir prórrogas judiciales. Además, el Estado denunció que la compañía adeuda más de $60.000 millones en multas por infracciones, cifra que podría aumentar conforme se realice la evaluación final al concluir el contrato. En cuanto al personal de CRUSA, el Gobierno sostiene que no tiene responsabilidad sobre los empleados de la concesionaria, ya que los contratos fueron celebrados entre las partes privadas y el Gobierno no tiene obligación laboral sobre ellos.
¿Cómo se está manejando el proceso de licitación para la nueva concesión?: El proceso de licitación ya está en marcha, con audiencias públicas realizadas por Vialidad Nacional para definir los detalles de la nueva concesión. El Gobierno estableció que la nueva adjudicación se espera para agosto de 2025, lo que marcará el inicio de una nueva etapa para la gestión del Corredor Vial 18. Sin embargo, las condiciones de la licitación, especialmente en relación con las tarifas de peaje, fueron cuestionadas por CRUSA, que señaló que los pliegos no ofrecen claridad suficiente sobre estos aspectos cruciales para los futuros concesionarios.
Cómo sigue
El Estado se encargará de la operación y mantenimiento de las rutas nacionales 12 y 14 hasta que la nueva concesión privada entre en vigor, lo que se espera para el próximo mes de agosto. Mientras tanto, las tensiones con CRUSA continuarán, especialmente en lo que respecta a las demandas judiciales y la situación de los empleados desvinculados. La licitación de la nueva concesión será clave para determinar cómo se gestionarán las rutas en el futuro y qué condiciones se establecerán para los futuros concesionarios en cuanto a tarifas de peaje y plazos de concesión.
