Un informe de la Fundación Mediterránea, elaborado por la investigadora Laura Caullo, advierte sobre el impacto negativo de la creciente litigiosidad laboral en la generación de empleo formal en Argentina. Según el estudio, el aumento de los juicios laborales no sólo eleva los costos para las empresas, sino que también desincentiva la inversión y limita el crecimiento económico. La investigación destaca la necesidad de una reforma integral del sistema legal laboral para garantizar mayor previsibilidad y seguridad jurídica.
Según el informe, la litigiosidad laboral en Argentina se ha convertido en un factor crítico que afecta el desarrollo del empleo formal. La reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo en 2017 logró inicialmente reducir la cantidad de juicios, pasando de 130.678 en 2017 a 44.586 en 2020. Sin embargo, en los últimos años esta tendencia se revirtió, alcanzando más de 125.000 demandas laborales en 2024. "Esta reactivación de la denominada 'industria del juicio' responde, en gran medida, a la aplicación dispar de la normativa en distintas jurisdicciones", señala el informe.
"La falta de criterios uniformes en la resolución de los conflictos y la persistencia de incentivos económicos que promueven la judicialización han contribuido a este resurgimiento", advierte el estudio. Si bien la siniestralidad laboral ha mostrado una tendencia decreciente, "los juicios continúan en aumento. En los primeros once meses de 2024, la cantidad de nuevas demandas se incrementó un 6% respecto del mismo período del año anterior, con un pico del 27% en julio".
Comparación internacional: un problema estructural
Al comparar la situación de Argentina con otros países, el informe evidencia una disparidad significativa en los niveles de litigiosidad. Mientras que en Argentina se registran 114,2 juicios por accidentes laborales cada 10.000 trabajadores, en España la cifra es de 9,5 y en Chile de 5,8. "Este contraste evidencia que Argentina enfrenta un nivel de litigiosidad desproporcionadamente alto", sostiene el documento.
Uno de los factores clave en el incremento de los litigios es la ausencia de cuerpos médicos forenses especializados en la mayoría de las provincias. "Mientras que muchas provincias adhirieron al paso obligatorio por las comisiones médicas antes de iniciar un juicio, casi ninguna implementó la creación de equipos de peritos especializados en los tribunales", lo que genera que "se produzcan fallos contradictorios: personas que en la comisión médica son evaluadas sin incapacidad, pero que luego reciben un porcentaje de incapacidad por parte de un perito judicial sin un criterio uniforme".
Otro elemento que alimenta la litigiosidad es la ausencia de costos para los demandantes en casos desestimados. "En la mayoría de las situaciones, cuando una demanda laboral es rechazada, los costos judiciales no recaen sobre el demandante, facilitando la proliferación de reclamos sin fundamentos sólidos". Además, "la forma en que se remunera a los peritos judiciales contribuye a distorsionar el sistema, ya que sus honorarios dependen de un porcentaje de la indemnización otorgada, generando incentivos para la sobrestimación de los daños".
Desigualdad territorial en la judicialización
El informe también analiza la distribución geográfica de la litigiosidad laboral en Argentina, revelando marcadas diferencias entre provincias. "En un extremo, provincias como Catamarca, La Rioja y Salta registran tasas de litigiosidad mínimas, lo que podría atribuirse a un menor nivel de conflictividad laboral o, en su defecto, a limitaciones en el acceso a la justicia". En contraste, "San Luis, Mendoza y Río Negro presentan los valores más elevados, reflejando una mayor propensión a la judicialización o condiciones laborales más proclives al conflicto".
Para muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, la incertidumbre sobre los costos de un eventual juicio laboral desincentiva la contratación formal. Esto, sumado a la rigidez de los convenios colectivos, genera un contexto donde la informalidad laboral se convierte en la única alternativa viable para numerosos empleadores.
Hacia un sistema laboral más previsible
El informe concluye que Argentina necesita una reforma estructural de su sistema laboral para reducir la litigiosidad y generar un marco predecible tanto para trabajadores como para empleadores. En este sentido, la reglamentación de los Títulos IV y V de la Ley de Bases (27.742), orientados a la Promoción del Empleo Registrado y la Modernización Laboral, representa un avance en la dirección correcta.
"Para garantizar un crecimiento sostenible del empleo formal, es fundamental establecer reglas claras y uniformes, fortalecer los mecanismos de conciliación y reducir los incentivos que promueven la judicialización innecesaria", señala el documento. Un mercado laboral más previsible "no solo protegerá los derechos de los trabajadores, sino que también fomentará la inversión y la generación de empleo genuino".
