Contexto
¿Qué establece la resolución 267/2024 y por qué generó controversia?: La resolución 267/2024, emitida por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, prohíbe que las tasas municipales sean cobradas a través de las facturas de servicios públicos. Hasta ahora, municipios como Tigre incluían conceptos como la Tasa de Alumbrado en la factura de Edenor o la Contribución Especial por el uso de la red de gas en la boleta de Naturgy BAN S.A.. La medida generó rechazo en varios intendentes bonaerenses, que consideraron que afectaba sus ingresos y su autonomía tributaria.
¿Por qué la Justicia rechazó el amparo del municipio de Tigre?: El juez Oscar Alberto Papavero determinó que la resolución no es arbitraria ni ilegal, ya que fue dictada por una autoridad competente dentro de sus atribuciones. Además, consideró que el municipio de Tigre no logró demostrar que la medida afectara sus derechos o desconociera su potestad tributaria. El fallo también subrayó que los municipios tienen la posibilidad de implementar mecanismos alternativos para el cobro de sus tasas sin recurrir a las facturas de servicios públicos.
¿Qué impacto tiene este fallo para el Gobierno nacional?: El fallo es una victoria para el Gobierno, que en los últimos meses había enfrentado varios reveses judiciales en distintas áreas. Luis Caputo, ministro de Economía, celebró la decisión en la red social X, destacando que la Justicia respaldó la iniciativa del Ejecutivo para evitar cobros indebidos en las tarifas de luz y gas. Según Caputo, la resolución busca reducir la presión impositiva y aportar a la lucha contra la inflación al eliminar costos adicionales en los servicios públicos.
¿Qué municipios se habían opuesto a la resolución?: Además de Tigre, otros seis municipios bonaerenses –Hurlingham, Moreno, General Rodríguez, José C. Paz, Ituzaingó y San Martín– presentaron amparos contra la medida, argumentando que vulneraba su autonomía para definir tributos locales. Sin embargo, la Justicia concluyó que la resolución no viola la Constitución ni avasalla las autonomías provinciales.
¿Cómo afecta esta decisión a los consumidores?: El fallo judicial resalta la importancia de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que establece que las facturas de servicios públicos solo deben incluir los cargos correspondientes a los servicios contratados. Además, el incumplimiento de esta norma podría derivar en sanciones para las empresas prestadoras, que deberán garantizar que las boletas reflejen exclusivamente los costos del servicio. En este sentido, el fallo refuerza el derecho de los usuarios a no pagar montos ajenos a su consumo real de electricidad y gas.
Cómo sigue
El fallo otorga un plazo de 90 días para que los municipios implementen nuevas formas de cobro de sus tasas sin incluirlas en las facturas de servicios públicos. Durante este período, las comunas deberán definir mecanismos alternativos que no perjudiquen a los consumidores y que respeten la normativa vigente. El Gobierno, por su parte, insistirá en el cumplimiento de la resolución y en la aplicación de sanciones para las empresas que no se adecúen a la medida.
