Contexto
¿Qué motivó la presentación de RAFA?
Republican Action for Argentina (RAFA) es una organización civil que ha participado en litigios en tribunales internacionales donde están en juego intereses argentinos. En este caso, su pedido de nulidad se basó en la denuncia de que la compra del 25% de YPF en 2008 por parte del Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, se hizo en condiciones irregulares y con la complicidad del matrimonio Kirchner. Según la ONG, esa adquisición formó parte de un esquema fraudulento que permitió que los Eskenazi accedieran a la petrolera sin invertir capital propio, utilizando financiamiento bancario que luego no pudieron pagar tras la expropiación de 2012.
RAFA también exigió que se suspendiera el fallo y que se abriera una investigación criminal contra los demandantes y otras partes involucradas, incluyendo a Cristina Kirchner y la familia Eskenazi. La denuncia se apoyó en documentos y antecedentes judiciales previos, como la acusación que Elisa Carrió presentó en Comodoro Py en 2006, en la que señalaba un presunto vaciamiento de YPF antes de la compra de acciones.
¿Qué resolvió la jueza Loretta Preska y qué significa su fallo?
Preska rechazó la petición de RAFA y ratificó la validez de su fallo original, dictado en septiembre de 2023, en el que Argentina fue condenada a indemnizar con US$16.100 millones más intereses a los fondos Burford y Eton Park. La jueza había determinado que la expropiación de YPF violó sus estatutos al no haberse realizado una oferta pública de adquisición (OPA) para los accionistas minoritarios.
El rechazo del recurso refuerza la posición de los demandantes, que sostuvieron que la ONG no tenía legitimidad para intervenir en el caso ni presentó pruebas que pudieran modificar la sentencia.
¿Cómo fue el proceso judicial que llevó a la condena de Argentina?
El litigio comenzó en 2015, cuando Burford y Eton Park demandaron a Argentina por la expropiación de YPF sin respetar los procedimientos del mercado bursátil. La Justicia estadounidense determinó que, al tomar el control de la petrolera, el Estado debía haber ofrecido comprar el resto de las acciones de los minoritarios en las mismas condiciones que a Repsol, algo que no ocurrió.
En septiembre de 2023, Preska dictó la sentencia definitiva, excluyendo a YPF de responsabilidad y estableciendo que Argentina debía indemnizar a los fondos afectados.
¿Cómo respondió Argentina a la sentencia?
El Estado argentino sostuvo durante el juicio que la expropiación fue un “acto soberano” y que, por lo tanto, no correspondía una compensación a los accionistas privados. Además, argumentó que la ley de nacionalización de YPF aprobada en 2012 impedía la compra de más acciones por parte del Estado.
Tras el fallo de 2023, el gobierno intentó distintas estrategias para evitar el pago, incluyendo el pedido de RAFA y gestiones diplomáticas para buscar respaldo de otros países. También insistió en que se investigue la compra de acciones de 2008 y posibles irregularidades en el financiamiento del Grupo Petersen. Sin embargo, la jueza desestimó esos planteos.
¿Por qué el gobierno de Cristina Kirchner decidió expropiar YPF en 2012?
El gobierno de Cristina Kirchner justificó la expropiación de YPF alegando que la española Repsol, que era la accionista mayoritaria, no había invertido lo suficiente en la producción de petróleo y gas en Argentina. La medida fue defendida por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, quien argumentó en el Congreso que el Estado no estaba obligado a seguir las reglas internas de la empresa al tomar el control.
Una de sus frases más recordadas durante el debate parlamentario fue: “Tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto”. Esa declaración fue utilizada por los demandantes y citada en la sentencia de Preska como prueba de que el gobierno ignoró deliberadamente las normas bursátiles al avanzar con la reestatización.
¿Hay posibilidades de revertir este fallo?
El fallo aún puede ser apelado por Argentina, pero los expertos en litigios internacionales consideran que las chances de éxito son mínimas. Sebastián Maril, analista que sigue de cerca el caso, advirtió que una eventual apelación no suspendería la ejecución del fallo ni la acumulación de intereses, y que el proceso podría demorar hasta un año sin garantías de un resultado favorable para el país.
Además, las gestiones del gobierno para obtener apoyo de otros países y de organismos internacionales no han tenido impacto en la decisión de la Justicia estadounidense.
¿Cuáles son las consecuencias económicas del fallo?
El pago de US$16.100 millones más intereses representa un desafío financiero significativo para Argentina, que ya enfrenta una compleja situación económica con alta inflación y dificultades en el acceso a financiamiento externo.
El rechazo del recurso de RAFA cierra una vía de defensa para el país y deja menos margen de maniobra para evitar el desembolso. Mientras tanto, los intereses siguen corriendo, lo que podría elevar aún más el monto a pagar en el futuro.
¿Cómo reaccionaron los demandantes al fallo?
Burford y Eton Park defendieron la decisión de la jueza Preska y afirmaron que RAFA no tenía fundamentos para intervenir en el caso. En su presentación judicial, sostuvieron que la ONG no tenía “un interés jurídicamente reconocible en las transacciones comerciales, la reestatización de YPF o los activos relacionados que están en el centro de este caso”.
El fondo Burford, que adquirió los derechos legales para litigar en nombre de los accionistas afectados, ya ha obtenido varias sentencias favorables en tribunales internacionales y sigue presionando para que Argentina cumpla con la indemnización fijada.
Cómo sigue
El fallo de Preska deja a Argentina con pocas opciones para evitar el pago. La posibilidad de apelar existe, pero los expertos advierten que el proceso podría ser largo y sin grandes expectativas de éxito. Mientras tanto, los intereses sobre la indemnización continúan acumulándose, lo que podría aumentar la deuda a cifras aún mayores.
El gobierno deberá definir si continúa con las acciones legales o si busca una negociación con los fondos demandantes para intentar reducir el impacto financiero de la sentencia.
