Tras la publicación en el Boletín Oficial del decreto 33/2025, que modifica el régimen para combatir las importaciones desleales (antidumping), y las declaraciones de varios funcionarios del equipo económico sobre el impacto que estas medidas tendrán en la reducción de precios de muchos productos, la UIA reaccionó.
Aunque la UIA, presidida por Daniel Funes de Rioja, destacó algunos de los cambios en el proceso, como la reducción en el tiempo de duración de las investigaciones, también advirtió que “la herramienta no debe confundirse como la causa de los mayores precios de la industria local frente a la importada, ya que la diferencia se debe a la combinación de estrategias comerciales agresivas de ciertos países, la alta carga impositiva local, la falta de infraestructura, de financiamiento, el alto costo energético y la inestabilidad macroeconómica, factores que explican la disparidad entre productos similares”.
Para la UIA, “las medidas antidumping nivelan el terreno frente a la competencia desleal” y se cuestionó cómo una pyme local, que produce en un municipio con altas tasas impositivas, enfrenta una carga tributaria de las más altas del mundo, paga la logística tres veces más cara que otros países y afronta costos financieros elevados, puede competir con economías que subsidian la materia prima y tienen escasas leyes laborales.
El cambio de régimen no solo agiliza las investigaciones por dumping, reduciendo su duración de 12 meses o más a 8, sino que también establece que las medidas adoptadas, en los casos en que la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) determine que hubo daño, tendrán una vigencia de tres años en lugar de cinco, con la posibilidad de prórroga por solo dos años adicionales.
La UIA recordó que actualmente, Argentina tiene 94 medidas antidumping vigentes, de las cuales 50 son contra China.
El ministro de Economía, Luis Caputo, al anticipar el contenido del decreto, explicó a través de su cuenta en X que “los derechos antidumping son herramientas que se aplican cuando un producto importado se vende por debajo de su valor de mercado en el país de origen, creando una competencia desleal con los productos locales. En Argentina, estas medidas funcionan como un derecho adquirido, evitando la competencia y elevando los precios tanto para los consumidores como para la industria”.
Por su parte, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, sostuvo que las medidas antidumping responden a la solicitud de las empresas para restringir la competencia extranjera mediante la imposición de barreras arancelarias adicionales.
Estas declaraciones reflejan claramente la postura del Gobierno frente a los mecanismos antidumping. Así, los industriales se cuestionan si realmente se llevarán a cabo investigaciones sobre dumping bajo la actual gestión, a pesar de los cambios. Aunque se promete su aplicación, muchos creen que serán mínimas.
La UIA subrayó que a nivel global, países con economías de gran escala, infraestructura avanzada y macroeconomías estables, como los Estados Unidos, que encabezan las medidas antidumping a nivel mundial con más del 21%, protegen su producción local frente a la competencia desleal. Argentina ocupa el sexto lugar, detrás de Brasil, Turquía y China, país contra el que se aplican el 33% de estas medidas.
El Gobierno vino aplicando una serie de medidas para fomentar mayores importaciones, mayor competencia y una reducción de precios.
Finalmente, la UIA señaló que aguardará la reglamentación de la norma para garantizar una aplicación efectiva de las medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardias cuando sean necesarias, y que estas sean accesibles para las PyMEs industriales en un contexto internacional cada vez más complejo y desafiante.
Alejandro Iglesias, presidente de la Cámara de Fabricantes de Electrodomésticos (Cafed), expresó su preocupación por la competencia desleal de las importaciones desde China y señaló que esperan que “se agilicen las investigaciones”.
Por su parte, el economista Mariano Kestelboim criticó el nuevo régimen, cuestionando la reducción de los plazos de las medidas a tres años, con una sola prórroga de dos años como máximo. Afirmó que este enfoque es “muy limitado” y no refleja las tendencias globales, y agregó que, sobre la rapidez en la aprobación de casos, se mostró escéptico: “Eso lo quiero ver en vivo y en directo”.
