Contexto
¿Por qué la crisis financiera de Vicentin se profundizó?: Desde que en 2022 Vicentin presentó las mayorías necesarias para alcanzar un acuerdo con sus acreedores, la empresa enfrentó un deterioro progresivo de su situación financiera. Durante los últimos 27 meses, perdió alrededor de u$s 47,4 millones en capital de trabajo, producto de cancelaciones de pasivos privilegiados y gastos concursales. A esto se suman los costos operativos de su estructura, entre ellos el pago de sueldos y contribuciones sociales por un total de u$s 106,3 millones.
Uno de los factores clave que agrava el escenario es que la empresa, al no contar con herramientas de financiamiento, solo puede trabajar a fasón. Es decir, procesa granos para terceros sin operar por cuenta propia. Sin embargo, la escasez de soja en el mercado llevó al cierre de una de sus plantas, reduciendo aún más sus ingresos.
¿Qué rol juegan los acreedores en el conflicto?: Un punto central en la disputa es la intervención del Grupo CIMA (hoy CFS Advisors) y el acreedor Grassi, que en diciembre de 2023 adquirieron créditos verificados de bancos internacionales por u$s 450 millones. La compra se realizó a un precio de 11 centavos por cada dólar de deuda, lo que implica un fuerte descuento en relación con el valor original.
La estrategia de estos acreedores es relevante porque son los mismos que consideran la propuesta de pago de Vicentin "abusiva". En su escrito a la Justicia, la cerealera señaló que "las mismas personas humanas titulares de la sociedad Commodities SA y Grassi SA, que solicitan al Tribunal Superior que rechace la homologación por abusividad, adquirieron aproximadamente el 40% del pasivo de Vicentin pagando 1/3 de la propuesta concursal".
Este punto es clave, ya que Vicentin sostiene que su oferta de repago del 30% del pasivo supera el valor de mercado en el que se vendieron esos créditos, lo que refutaría la supuesta abusividad.
¿Qué impacto tuvo la demora judicial en la situación de la empresa?: La indefinición judicial generó efectos negativos tanto en la operatividad como en la estabilidad laboral. En noviembre de 2023, ante la creciente crisis de flujo de caja, Vicentin solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) con el objetivo de reducir costos y sostener el pago de salarios.
No obstante, la situación siguió deteriorándose. A principios de enero, el gremio de Aceiteros paralizó actividades debido a la falta de pago de gratificaciones paritarias, lo que afectó el ingreso de semillas a las plantas. Esto generó que los contratos de fazón comenzaran a desaparecer, agravando la falta de ingresos.
Desde la empresa sostienen que la continuidad de Vicentin es clave no solo para la compañía, sino para la provincia y la región, ya que representa una fuente de empleo y actividad económica relevante. "Se necesita únicamente previsibilidad que permita que Vicentin sea viable", concluyeron en su presentación ante la Corte.
¿Cuál es la salida que plantea la empresa?: Vicentin insiste en que la homologación del acuerdo concursal es el único camino para garantizar su sostenibilidad. El director independiente de la compañía, Estanislao Bougain, advirtió en varias ocasiones sobre la falta de granos y liquidez para seguir operando.
Según Bougain, si la Corte Suprema de Santa Fe valida el acuerdo, se despejaría el camino para el traspaso del 90% de la empresa a las agroexportadoras ACA, Viterra y Bunge. Esta operación permitiría estabilizar la actividad en las plantas industriales y garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.
Cómo sigue
La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema de Santa Fe, que debe resolver sobre la homologación del acuerdo concursal. La prolongación del proceso mantiene en vilo no solo a Vicentin, sino a sus acreedores, trabajadores y al sector agroindustrial. La empresa sigue operando en un estado de precariedad financiera, y sin una resolución judicial, su viabilidad se vuelve cada vez más incierta.
