En una entrevista reciente en el programa radial Majul 107.9 en El Observador Radio, Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), reveló serias irregularidades en el sistema de pensiones por discapacidad en Argentina. La información proporcionada durante la entrevista y en reportes posteriores ha puesto en evidencia un sistema con falta de controles y desvío de fondos.
Spagnuolo detalló en la entrevista con Luis Majul que, al asumir su cargo, se implementó una auditoría integral del sistema de pensiones. La revisión incluyó un cruce de datos con las bases de Justicia y Seguridad, lo que permitió detectar irregularidades significativas. Entre los casos más notorios, se descubrieron 331 personas prófugas de la justicia que seguían recibiendo pensiones, incluso dos individuos que estaban detenidos.
El funcionario subrayó la contradicción inherente en estos casos: “El problema es que mientras el Estado los perseguía por un lado, por el otro les financiaba su permanencia en la clandestinidad”. Además, explicó que en gestiones anteriores no se realizaban controles adecuados para la asignación ni el seguimiento de las pensiones, lo que permitía que el sistema se mantuviera vulnerable a fraudes. "No hemos encontrado ninguna constancia de que se hiciera control alguno", afirmó Spagnuolo.
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La auditoría reveló que, hasta el momento, se han dado de baja 150.000 pensiones y hay un proceso en curso para cancelar otras 165.000 por no cumplir con los requisitos establecidos. Entre los casos detectados hay beneficiarios fallecidos y familiares que intentaron cobrar pensiones de personas que ya no residían en el país. Uno de los casos más sorprendentes fue el de un hijo que buscaba cobrar la pensión de su padre, quien llevaba meses residiendo en Egipto.
Detenciones y operativos en conjunto con el Ministerio de Seguridad
Las irregularidades no solo se limitaron a la falta de controles. En un operativo conjunto con el Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, se logró la detención de catorce delincuentes prófugos, varios de ellos considerados peligrosos, que cobraban pensiones no contributivas por invalidez. Las detenciones se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia homónima, abarcando delitos graves como robo agravado e intento de violación. Uno de los detenidos acumulaba ocho causas judiciales.
El operativo, basado en datos obtenidos de la auditoría, incluyó la revisión de más de 1.250.000 pensiones no contributivas. A partir de este cruce de información se detectaron 131 prófugos que recibían la pensión sin cumplir con los requisitos legales. Para garantizar la precisión de los procedimientos, las citaciones se realizaron a través de carta documento, asegurando que los beneficiarios fueran convocados de manera formal a la auditoría médica.
Desde la ANDIS se destacó que estos operativos son “un paso decisivo en la lucha contra la impunidad y el uso indebido de los recursos destinados a personas con incapacidad laboral”.
Fraudes y corrupción en la asignación de pensiones
La revisión detallada de los expedientes arrojó datos preocupantes. En la Ciudad de Buenos Aires, la auditoría inicial reveló que el 33% de los beneficiarios no pudieron ser localizados en sus domicilios, lo que generó dudas sobre la veracidad de sus declaraciones. En total, de los 9.336 beneficiarios auditados, solo 1.063 casos (17%) cumplieron con los requisitos legales. El resto presentó incompatibilidades que podían invalidar su derecho a recibir la pensión.
En la provincia de Buenos Aires, los resultados fueron igualmente preocupantes. En la ciudad de Mar del Plata, el 21% de los beneficiarios no pudo ser localizado y, entre los que se presentaron a la revisión, solo el 20% cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente. El 80% restante incumplía con criterios básicos como la documentación correcta o la acreditación de una discapacidad.
Spagnuolo denunció que algunos casos forman parte de lo que él llamó "el negocio de la discapacidad". Entre los fraudes detectados se encuentran casos de beneficiarios que acudieron a las citas acompañados por abogados, lo que sugirió una posible organización detrás del uso indebido de los fondos. También se hallaron personas que habían recibido diagnósticos falsos y documentación incompleta, en algunos casos apoyados por representantes de movimientos sociales como el Movimiento Evita.
Uno de los episodios más insólitos fue el de un expediente iniciado con una fotografía de un perro como prueba documental. También se detectaron situaciones en las que beneficiarios cumplieron condenas carcelarias antes de recibir la pensión, y en un caso, un solicitante asistió a la auditoría mientras cumplía arresto domiciliario sin autorización judicial.
Impacto económico: sospechas de desvío millonario
Spagnuolo, en su rol de abogado y director de la ANDIS, mencionó que los resultados preliminares de la auditoría apuntan a un esquema de corrupción que podría estar desviando entre 1.200 y 2.000 millones de dólares anuales. Este cálculo se basa en el análisis de la documentación y los casos auditados, en los que se identificaron patrones de falsificación y manipulación de la información para obtener beneficios de manera ilícita.
Las investigaciones se encuentran en curso, y las autoridades prometen continuar con la revisión caso por caso para garantizar que los beneficios lleguen a los verdaderos destinatarios y que se ajusten a la normativa vigente. Según Spagnuolo, la revisión completa del sistema permitirá una radiografía precisa del uso y abuso de los recursos públicos en este sector.
