En una entrevista con Luis Gasulla en El Observador 107.9, la senadora provincial por La Libertad Avanza, Florencia Arietto, reveló un presunto esquema de fraude con asignaciones sociales en La Matanza, apuntando a la falsificación de certificados médicos y señalando la posible complicidad de actores políticos locales. Arietto acusó al intendente Fernando Espinoza y a ciertos sectores sindicales de favorecer a inmigrantes en detrimento de la población argentina local.
Arietto comenzó su relato explicando cómo su equipo detectó el fraude en la delegación de González Catán 2, situada en la Ruta 3. Según contó, Mariana, una empleada de su equipo que se integró a la oficina el 10 de octubre, notó algo extraño cuando una ciudadana boliviana presentó un certificado de embarazo.
"Mariana me llama y me dice: 'Florencia, tengo un tema. Hay una persona que viene a traer un certificado por embarazo. Es ciudadana boliviana... y lo tengo que decir porque para mí no es lo mismo una mujer argentina que está tratando de salir adelante, que una extranjera que viene a sacar ese lugar a una mamá argentina que lo necesita'", explicó Arietto. Según ella, el documento estaba incompleto y parecía manipulado.
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La empleada de Arietto decidió investigar más a fondo. Observó que el formulario tenía datos escritos a mano y una firma médica que despertaba sospechas. Al chequear la información, descubrió que la médica que firmaba el documento, aunque tenía matrícula argentina, residía en Cochabamba, Bolivia, lo que encendió las alarmas.
"Todo era muy raro... entonces empezaron a preguntarle más a esta señora, y en un momento se quiebra y dice: 'Mire, la verdad, yo lo compré... por 8.000 pesos, a una mujer en Rafael Castillo'".
El documento era falso, y al continuar con la investigación, se descubrió que había más de 200 certificados con irregularidades similares. Estos formularios tenían las mismas firmas médicas y, en algunos casos, nombres de profesionales que no existían.
El rol de la ANSeS y la respuesta oficial
Tras el descubrimiento, Arietto decidió escalar el caso a Sandra Petovello, ministra de Capital Humano, quien reaccionó de inmediato. La senadora explicó que evitó contactar a los mandos medios locales por temor a represalias y para proteger a su equipo.
"Yo sentía que la única persona a la que podía acudir era Sandra Petovello, porque es la que está al frente de todo y porque sé cómo trabaja. Así que le pedí una reunión urgente... y al otro día ya teníamos a los abogados de la Dirección de Investigaciones y Fraudes de ANSeS en González Catán, levantando actas, tomando testimonios y llevándose la documentación", afirmó Arietto.
La denuncia se formalizó en el Juzgado Federal, bajo la supervisión del juez Dr. Ramos y con la intervención del fiscal Ramiro González. La documentación, así como un número telefónico que se utilizaba para coordinar la venta de certificados falsos, fueron entregados a la justicia.
Acusaciones de favoritismo hacia inmigrantes
Para Arietto, la situación en La Matanza va más allá de un caso aislado. Según ella, existe un "modus operandi" en el municipio que perjudica a las madres argentinas y prioriza a ciertos grupos de inmigrantes. Señaló directamente al intendente Espinoza, acusándolo de favorecer a comunidades bolivianas y paraguayas mediante acuerdos con el consulado plurinacional de Bolivia.
"En La Matanza, el 25 % del territorio está en manos de inmigrantes extranjeros, principalmente paraguayos y bolivianos. Esto no es especulación, es estadístico. Y esos son los votos cautivos que tiene Espinoza", denunció Arietto. La senadora sostuvo que esta práctica no solo distorsiona la entrega de beneficios sociales, sino que también manipula el padrón electoral en favor del oficialismo local.
Arietto también arremetió contra la gestión pasada de la ANSeS en González Catán, señalando la falta de control y la corrupción dentro de la institución. Según la senadora, la oficina estaba bajo el dominio del intendente Espinoza y favorecía sus intereses políticos, en lugar de atender las necesidades de los matanceros.
Además, criticó la influencia del sindicato UPCN en la gestión pública, a quienes acusó de no cumplir con sus obligaciones y de encubrir a empleados que no respetan los horarios laborales. "Tenés cinco empleados y tres delegados gremiales que se van todos los días. Es una mafia que nadie se anima a tocar", declaró Arietto, subrayando la necesidad de una reforma profunda.
Florencia Arietto reafirmó su compromiso de trabajar por la transparencia en la gestión pública y por la defensa de los recursos que, según ella, deben destinarse prioritariamente a las madres argentinas. Insistió en que no se opone a que los inmigrantes reciban ayuda, pero sostuvo que es esencial priorizar a la población local.
"La asignación universal por hijo está muy bien, pero primero tienen que estar cubiertas las madres argentinas. Lo siento, pero es así", concluyó la senadora. Además, mencionó que seguirá supervisando personalmente la gestión en las oficinas de la ANSeS y se comprometió a denunciar cualquier irregularidad.
