El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, fueron objeto de órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI). La decisión los señala como responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza desde el 8 de octubre del año pasado.
En respuesta, el presidente Javier Milei expresó el rechazo del Gobierno a estas órdenes, afirmando que “criminalizar la defensa legítima de una nación mientras se omiten estas atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional”. El comunicado oficial añadió: “Israel enfrenta una agresión brutal, una toma de rehenes inhumana, y el lanzamiento indiscriminado de ataques contra su población”.
La Argentina subrayó su apoyo a Israel, exigiendo la liberación inmediata de los rehenes y haciendo un llamado a la comunidad internacional para “condenar las acciones de Hamás y Hezbollah, defender la soberanía de Israel y actuar con justicia e imparcialidad en la búsqueda de una paz duradera en la región”.
Netanyahu, junto con otros líderes israelíes, calificó la decisión de la CPI como “vergonzosa y antisemita”. El presidente estadounidense Joe Biden también criticó la medida y respaldó el derecho de Israel a defenderse.
La CPI, que actúa como un tribunal de última instancia, solo interviene cuando los estados no pueden o no quieren investigar. Sin embargo, Israel no es miembro de la corte, lo que dificulta la implementación de estas órdenes, ya que el tribunal no cuenta con mecanismos propios para hacerlas cumplir y depende de la cooperación de sus estados miembros.
Además de Netanyahu y Gallant, la CPI también emitió una orden de arresto contra Mohammed Deif, líder militar de Hamás, cuya muerte fue reportada en un ataque israelí en junio pasado, aunque el grupo islamista nunca confirmó esta información.
