Lo que importa sobre la declaración de Alberto Fernández:
- Alberto Fernández compareció ante la Justicia en la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado.
- El expresidente presentó un escrito de defensa y negó tener vinculación con la maniobra fraudulenta que involucra a Nación Seguros.
- La abogada de Fernández, Mariana Barbitta, defendió el decreto 823/21, asegurando que es “jurídicamente impecable” y que busca cortar la cartelización de los seguros.
- Fernández está acusado de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública por su presunta implicación en un esquema de intermediación de seguros públicos.
- La indagatoria, inicialmente programada para el 20 de noviembre, se reprogramó debido a un pedido de la fiscalía.
Contexto:
¿Qué se investiga en la Causa Seguros?
La causa investiga presuntas irregularidades en los contratos de seguros entre organismos del Estado y aseguradoras privadas durante el mandato de Alberto Fernández. En particular, se centra en la intermediación de Nación Seguros S.A., una empresa estatal, que habría sido favorecida en estos contratos. Fernández está imputado por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, ya que se sospecha que habría liderado una maniobra para direccionar estos acuerdos.
¿Qué dijo Alberto Fernández durante su declaración?
Fernández negó cualquier vinculación con la maniobra fraudulenta que se le imputa. Durante su indagatoria, el expresidente presentó un breve escrito y contestó únicamente las preguntas de su abogada, Mariana Barbitta. En declaraciones posteriores a la prensa, Barbitta sostuvo que el decreto 823/21, que eliminó el sistema de coaseguro y otorgó el monopolio a Nación Seguros, es "jurídicamente impecable".
¿Cuál es la defensa de Fernández en este caso?
La defensa de Fernández sostiene que la acusación en su contra es confusa y generalizada. Según su abogada, el decreto en cuestión fue una decisión administrativa legítima, respaldada por la necesidad de evitar la salida de divisas al exterior. Además, Fernández había solicitado la nulidad de la citación, basándose en una recusación pendiente contra el juez Julián Ercolini, quien lleva adelante la investigación. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por la Justicia.
¿Qué relación tiene el Decreto 823/21 con la causa?
El decreto 823/21 es uno de los puntos clave de la acusación. El ex presidente había firmado este decreto, que modificó el sistema de coaseguro y concentró la contratación de seguros en Nación Seguros, una empresa estatal. La defensa de Fernández sostiene que la medida fue adoptada para evitar prácticas de cartelización entre las principales aseguradoras. Sin embargo, la fiscalía considera que esta medida podría haber favorecido a Nación Seguros de manera irregular.
¿Cuál es la situación procesal de Fernández en este momento?
El ex presidente está siendo investigado por su presunta implicación en un esquema de direccionamiento de contratos de seguros, que habrían sido manipulados para beneficiar a Nación Seguros. A pesar de su declaración, la imputación concreta y las pruebas en su contra se revelarán al comienzo de la indagatoria. La causa aún se encuentra en desarrollo, y el expresidente debe regresar a los tribunales en las próximas semanas, también para declarar en otra denuncia presentada por Fabiola Yañez.
Cómo sigue:
Alberto Fernández tendrá que regresar a tribunales en dos semanas ya que está citado nuevamente por una denuncia presentada por Fabiola Yañez.
En la Causa Seguros, la defensa de Fernández sigue cuestionando la imparcialidad del juez Ercolini, quien lleva adelante el proceso. Se espera que la Corte Suprema resuelva esta recusación, lo que podría influir en el desarrollo del caso.
Por su parte, Ercolini aún no informó las pruebas específicas contra Fernández, pero la causa avanza bajo la sospecha de que el ex presidente y su gobierno habrían tenido un rol central en el direccionamiento de los contratos de seguros.
La acusación de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública sigue su curso, con potenciales repercusiones tanto políticas como legales para el ex mandatario.
