El sistema de VTV en la provincia estuvo bajo sospecha, especialmente tras denuncias que señalan la influencia del Ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, en la adjudicación de concesiones. Como informó Revista Quórum, documentos clave muestran que Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., presidida por Sebastián Desio, obtuvo una tajada significativa de los ingresos generados por las VTV, a pesar de carecer de antecedentes relevantes en el sector.
D’Onofrio, ministro de Transporte de Axel Kicillof, está señalado por sus vínculos con Claudia Pombo, presidenta del Concejo Deliberante de Pilar y figura clave en las denuncias. Según investigaciones, Pombo y D’Onofrio habrían estructurado un mecanismo para desviar fondos públicos mediante contratos y concesiones cuestionados.
En el núcleo del esquema está un acuerdo estratégico que garantizaba un 8,5% más IVA de los ingresos netos de las empresas concesionarias de VTV para Soluciones en Telecomunicaciones. Este porcentaje representaba una retribución significativa aplicada sobre el 70% del producido por las tarifas de VTV, en un contexto donde los valores de este servicio aumentaron un 296,7% en menos de un año.
Además, la empresa ofreció «soluciones tecnológicas» específicas antes de que las licitaciones fueran adjudicadas, una práctica que generó sospechas sobre la transparencia del proceso.
Investigaciones judiciales: avances y frentes abiertos
El caso alcanzó dimensiones judiciales importantes. Por un lado, el Juzgado Federal de Campana investiga las denuncias de lavado de activos en las que están involucrados D’Onofrio, Pombo y otros funcionarios. Tras un intento inicial de declarar incompetencia, la Cámara Federal de San Martín ordenó seguir adelante con las investigaciones.
En paralelo, el fiscal Álvaro Garganta, de La Plata, lidera otra causa por presunta defraudación al Estado. Esta investigación señala la existencia de una red que manipulaba multas de tránsito para obtener beneficios económicos. Según Garganta, los responsables reducían multas al 50% de su valor mediante prácticas fraudulentas que incluían descargos falsos y la intervención de gestores asociados con el Ministerio de Transporte.
Las sospechas sobre enriquecimiento ilícito se extienden a bienes vinculados a los funcionarios investigados. Por ejemplo, el Director de Fiscalización del Ministerio de Transporte, Facundo Asensio, aparece como titular de un lujoso Audi Q8 utilizado regularmente por D’Onofrio. Asimismo, Pombo y el juez de faltas Mario Quattrochi habrían invertido en negocios en Málaga, España, presumiblemente para ocultar fondos ilícitos.
¿Qué sigue?
En el plano judicial, se espera que las causas avancen hacia posibles procesamientos, embargos de bienes y citaciones a funcionarios clave. En el ámbito político, el impacto dependerá de si Kicillof decide respaldar a los implicados o tomar distancia de D’Onofrio y sus colaboradores.
En definitiva, el caso VTV y fotomultas evidencia cómo las concesiones públicas pueden convertirse en epicentros de corrupción, afectando no solo la gestión estatal sino también la confianza ciudadana.
