Dos hombres acusados de haber amenazado de muerte al presidente Javier Milei en la ciudad de Rosario fueron imputados en las últimas horas por los delitos de intimidación pública y amenazas anónimas. El otro es un joven de 30 años, señalado por el delito de amenazas anónimas.
El primero de ellos fue identificado como Adolfo Gustavo G., de 63 años, quien había sido detenido como principal sospechoso de realizar llamados intimidatorios durante la última visita del jefe de Estado, en los que alertaba sobre la colocación de explosivos tanto en el aeropuerto local “Islas Malvinas” como en los edificios cercanos a la Bolsa de Comercio, a donde Milei tenía previsto dar un discurso por el 140 ° aniversario de la entidad.
La llamada la realizó el 23 de agosto y quedó registrada en el 911. “Buenas tardes, quiero advertir que han colocado elementos explosivos en el aeropuerto y en edificios adyacentes a la Bolsa de Comercio. No es una broma, es muy en serio esto. Buenas tardes”, se escucha en el mensaje a partir del cual se inició una causa.
El hombre fue imputado hoy por intimidación pública y se le dictó prisión preventiva domiciliaria, informaron fuentes judiciales.
La investigación del hecho, llevada a cabo bajo los alcances de Código Procesal Penal Federal (CPPF), quedó a cargo de la fiscal federal Adriana Saccone, quien encabeza el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Rosario, y de la auxiliar fiscal Maria Florencia Giecco.
Fueron las representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) quienes formalizaron la imputación del sospechoso luego de las pesquisas iniciadas a raíz de una llamada telefónica hecha el 23 de agosto pasado a la central de emergencias 911, por un hombre que aseguró que había artefactos explosivos en los edificios linderos al lugar donde el presidente de la Nación iba a dar una conferencia ese mismo día, la Bolsa de Comercio de Rosario, como así también en el aeropuerto local.
Luego de esa llamada, la fiscalía ordenó una serie de medidas a la División Antiterrorismo de la Policía Federal, con intervención de la División Acústica Forense de la PFA, y solicitó un análisis técnico a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (DAJuDeCO).
Con los datos conseguidos, se determinó el número de IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) que identifica el dispositivo telefónico y se pudo georreferenciar.
Según los informes, la llamada fue realizada el 23 de agosto pasado, alrededor de las 14.47, desde un teléfono celular Nokia, modelo 111 y del año 2012.
Tras el entrecruzamiento de datos e informes, el último 2 de octubre los investigadores allanaron tres domicilios de Rosario, en uno de los cuales fue detenido el ahora imputado, identificado como Adolfo Gustavo G. (63).
Según los voceros, el hombre tiene antecedentes en el fuero penal provincial por amenazas coactivas (tres hechos), intimidación pública y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, por lo que fue condenado en julio de 2018 a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo.
El 4 de octubre último se desarrolló la audiencia de formalización de la investigación ante el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros, donde el hombre fue imputado por las representantes del MPF antes mencionadas, como presunto autor del delito de intimidación pública.
Según argumentaron, la llamada fue hecha desde un celular al que se le extrajo su chip o “SIM card”, pero gracias a las pesquisas se pudo dar con la identidad de la persona que habría concretado la intimidación.
“Buenas tardes, quiero advertir que han colocado elementos explosivos en el aeropuerto y en edificios adyacentes a la Bolsa de Comercio, no es una broma, es muy en serio esto, buenas tardes”, fue la amenaza textual que se citó durante la audiencia.
Según la fiscalía, “en base a la evidencia recabada, puede sostenerse que el hombre utilizaba al menos dos celulares (TCL modelo 20B, modelo 2021y Nokia modelo 111 año 2012) siendo este último el utilizado para efectuar el llamado al 911”.
También, destacó que se colocaban “alternadamente los chips correspondientes a tres líneas telefónicas de las que se valía, dos de ellas de su titularidad”, y una tercera de un familiar.
Por último, la fiscalía sostuvo como fundamento que las amenazas telefónicas provocaron la actuación y desplazamiento de distintas fuerzas de seguridad, las que evacuaron e inspeccionaron los edificios señalados en procura de artefactos explosivos y, adquirió especial significación y trascendencia en razón de la visita presidencial prevista para esos lugares con motivo del 140° Aniversario de Bolsa de Comercio de Rosario.
En la misma audiencia, en virtud de la gravedad del hecho y los riesgos procesales, las fiscales Saccone y Giecco solicitaron la prisión preventiva del imputado, lo que fue avalado por el juez Verta Barrios, quien dispuso la prisión preventiva domiciliaria.
