Contexto
Pollicita formuló el requerimiento de elevación a juicio a pedido del juez federal Sebastián Casanello, quien dio por concluida una parte de la investigación y dio vista a las partes para que formulen su postura respecto al envío del caso a sorteo de Tribunal Oral.
A lo largo de 279 carillas, la fiscalía detalló la acusación y advirtió que de la prueba reunida en la causa “surge con claridad que Belliboni utilizaba el dinero ilícito para su propio beneficio”
Matriz criminal
“Ha quedado acreditado que los acusados, liderados por Eduardo Belliboni, crearon una matriz criminal por medio de la cual, en vez de facilitar la inclusión social de las personas en estado de extrema vulnerabilidad social y económica que acudían a la agrupación”, las “extorsionaron y coaccionaron”.
Para ello se aprovecharon “de su fragilidad, utilizando aquellos la quita del alimento o de la prestación económica como método de intimidación; y al mismo tiempo se apropiaron de una parte de los fondos públicos que les habían sido confiados con fines de asistencia laboral y educativa”.
Todo ello “les permitió perpetuar su posición de poder, ya que, a mayor cantidad de personas vinculadas a su organización, mayor ingreso ilícito de fondos vía “cápitas” y subsidios, así como también, mayor capacidad de movilización, lo que multiplicaba a su vez sus posibilidades de obtener la vinculación de nuevas víctimas; todo lo cual garantizó los verdaderos fines de la organización: mayor dinero y mayor poder”, agrega la fiscalía.
Imputados
Al respecto, el Fiscal pidió declarar parcialmente clausurada la instrucción del sumario y elevar a juicio el caso en relación a Eduardo Belliboni, María Isolda Dotti, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortiz, Ezequiel Adrián Coego, Roberto Adrián Albornoz, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque Elizabeth Galindo Mamani, Gloria Paraguay Estrada y Rossemary Grande Arancibia.
Estas dos últimas pertenecen a la agrupación “Barrios de Pie”.
Cómo sigue
El Fiscal pidió que se profundice la investigación respecto de otras personas por las mismas conductas, y por asociación ilícita y lavado de dinero, en una parte del caso que permanecerá en el juzgado de Casanello luego del envío parcial a juicio oral.
Aspectos que seguirán bajo investigación:
El rol de otros ocho imputados que ya tienen dictadas medidas cautelares, pero aún no fueron citados a declaración indagatoria.
Otros nombres de sospechosos aportados por imputados colaboradores en la causa que habrían también “formado parte del esquema extorsivo-coactivo instaurado en el interior” del PO.
En lo que hace a la administración fraudulenta de los fondos públicos, “aún continúan en curso medidas de prueba tendientes a profundizar su real alcance y dimensión así como también, determinar la intervención que podrían haber tenido en los hechos nuevas personas que, a partir del avance de la pesquisa, fueron identificadas”, advierte la fiscalía.
Al inicio de la causa judicial por denuncia del gobierno de Javier Milei, el 20 de diciembre de 2023, los fondos públicos recibidos “($219.955.153,73) no habían sido rendidos ni devueltos, destacándose que durante el año 2024 se habrían rendido $141.107.566,35; todo lo cual motiva que los testimonios que permanecerán en etapa de instrucción deban abocarse también a analizar la totalidad de las rendiciones de cuentas presentadas y también el destino final de los montos no rendidos ni devueltos”, apunta también.
