Contexto
¿Qué motiva esta auditoría?: El gobierno detectó que aproximadamente el 80% de las pensiones no contributivas por invalidez laboral estaban siendo cobradas por personas que no cumplían los requisitos necesarios. Esto genera un gasto anual estimado de entre 1.200 y 2.000 millones de dólares. Las irregularidades abarcan casos de presos, fallecidos y diagnósticos médicos falsos.
¿Quiénes están a cargo del operativo?: La auditoría está liderada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), encabezada por Diego Spagnuolo, en colaboración con el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), dirigido por el médico Esteban Leguízamo.
¿Qué medidas se tomaron hasta ahora?: En auditorías previas, se detectaron 212 presos y 150 fallecidos que cobraban irregularmente el beneficio. Además, se identificaron casos de fraude, como beneficiarios que declaraban condiciones de salud inexistentes. Por ejemplo, una mujer recibió una pensión por una amputación que nunca tuvo, y otra por un supuesto cáncer de mama sin diagnóstico médico.
¿Qué establece la nueva normativa?: La Resolución N° 187/2025 endurece los requisitos para acceder a estas pensiones. Entre las principales condiciones están:
- Grado de incapacidad igual o superior al 66%, certificado por un médico oficial.
- Ser menor de 65 años y residente en Argentina durante al menos 10 años.
- No recibir jubilaciones, pensiones ni otros ingresos familiares superiores a 1,2 millones de pesos (en el caso de menores de edad).
¿Cuáles son los resultados preliminares?: En distritos como Chaco y Buenos Aires, las auditorías ya arrojaron resultados preocupantes. En Chaco, de 2.689 beneficiarios citados, solo el 13,58% cumplió con los requisitos. En Mar del Plata, apenas el 20% de los beneficiarios revisados fueron validados. En general, más del 57% de los casos auditados a nivel nacional no cumplen las condiciones necesarias.
¿Qué irregularidades se identificaron?: Además de los casos mencionados, se registraron beneficiarios con diagnósticos médicos contradictorios o poco consistentes, como pie plano o hipertensión. En varios casos, las personas no asistieron a las convocatorias, lo que plantea dudas sobre la legitimidad de sus declaraciones.
¿Cómo se implementarán las auditorías?: El operativo incluye entrevistas presenciales, visitas domiciliarias y cruces de datos con organismos como el Servicio Penitenciario Federal. Estas acciones buscan verificar la autenticidad de las condiciones de los beneficiarios y eliminar arbitrariedades en la asignación de pensiones.
Cómo sigue
El gobierno planea intensificar las auditorías en todas las provincias, priorizando los distritos con mayores irregularidades. Los resultados finales de esta primera etapa serán procesados y publicados en las próximas semanas. Además, se aplicará el nuevo baremo para garantizar una evaluación más justa de las solicitudes futuras. Según el titular de la ANDIS, estas medidas buscan transparentar el uso de los recursos públicos y asegurar que las pensiones lleguen exclusivamente a quienes realmente las necesitan.
