En medio de las crecientes protestas universitarias en todo el país, el Gobierno anunció que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) comenzará un proceso de auditoría en varias universidades públicas, con el objetivo de controlar el uso de los fondos que estas instituciones reciben del Estado. Según informó Miguel Blanco, titular de la SIGEN, el organismo recuperó recientemente la facultad de revisar las cuentas de las universidades luego de que el presidente vetara la Ley de Financiamiento Universitario, lo que desató polémica en el sector académico.
"Vamos a trabajar en un programa que se enfocará fundamentalmente en el control del uso de los fondos públicos que reciben las universidades", declaró Blanco. Estas auditorías se realizarán después de varios años en los que el organismo no tenía la atribución para llevarlas a cabo, debido a un dictamen del exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, durante el gobierno del Frente de Todos.
Las primeras universidades que estarán bajo auditoría
El proceso de auditoría comenzará con la revisión de 26 universidades públicas que ya firmaron convenios con la SIGEN para someterse a estos controles. Entre las primeras en ser auditadas se encuentran la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), entre otras. Estas auditorías incluyen, entre otros aspectos, la revisión de los sistemas de compras y los convenios que firman las instituciones, con el fin de verificar si las tareas se realizan con recursos propios o si se subcontratan a terceros.
"Las auditorías serán fundamentalmente sobre el sistema de control interno, estudiando los procesos y controles en cada universidad. No vamos a intervenir en cuestiones que afecten la autonomía universitaria, como la elección de autoridades o la oferta académica", aclaró Blanco en una entrevista con el programa No hay plata, emitido por Radio con Vos.
El plan de auditorías llega en un contexto de fuertes tensiones entre el gobierno de Javier Milei y las universidades públicas. Tanto los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), como los gremios docentes y el movimiento estudiantil representado por la Federación Universitaria Argentina (FUA), exigieron en los últimos meses un aumento en las partidas presupuestarias, en línea con la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Según denuncian, el recorte en el presupuesto asignado generó una pérdida del 30% en el poder adquisitivo del personal docente y no docente.
Uno de los puntos de conflicto más importantes se encuentra en la Universidad de Buenos Aires (UBA), que, según Blanco, mostró resistencia a ser auditada en el pasado. "Sé que hubo planteos judiciales para evitar las auditorías, pero creo que la UBA, siendo la universidad más importante del país, debería dar el ejemplo de transparencia", afirmó el titular de la SIGEN, quien además se declaró egresado y exprofesor de esa casa de estudios.
Por su parte, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, rechazó las críticas y señaló que la institución ya cuenta con sistemas de auditoría interna y externa. "La Auditoría General de la Nación viene auditando a las universidades y ya tiene aprobado el programa de auditoría para el próximo año", sostuvo Yacobitti en una entrevista, y agregó: "El Gobierno lo único que hizo fue atacar a las universidades. La sociedad puede estar tranquila, porque nuestras cuentas son públicas".
Posibles resistencias y judicialización
Si bien la SIGEN cuenta con el respaldo del Gobierno para avanzar con estas auditorías, no se descarta que algunas universidades puedan recurrir a la vía judicial para frenar las inspecciones, argumentando que estas vulneran su autonomía, un principio consagrado en la Constitución Nacional. "Un pedido de auditoría tiene fuerza ejecutiva, pero podría ser detenido por una medida cautelar que falle a favor de las universidades", explicó una fuente vinculada a la Procuración del Tesoro.
Desde la SIGEN reconocen que el proceso podría no ser sencillo. "Puede haber irregularidades en algunas universidades, y estamos hablando de fondos públicos que no tienen control del Estado", indicó una fuente del organismo. Las universidades, según señalaron, "no son islas", y deben regirse por los mismos sistemas de control que cualquier otra repartición estatal.
El control sobre los fondos no va a ser absoluto. La SIGEN no interferirá en cuestiones académicas ni administrativas internas, pero revisará de manera exhaustiva las áreas relacionadas con la administración de recursos financieros. “Este proceso no es una caza de brujas, sino una oportunidad para mejorar la gestión de fondos públicos”, explicaron desde el Ejecutivo.
Blanco también aclaró que en caso de encontrar indicios de corrupción, se remitirá la información a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Además, los informes de las auditorías estarán disponibles para el público a través de los mecanismos de acceso a la información y podrían ser publicados en la página web del organismo.
