Lo que importa
- El Gobierno nacional, a través de la resolución 3/2024, intimará a 10.000 empleados públicos para que inicien los trámites jubilatorios.
- De los afectados, más de 6.800 forman parte de la planta permanente de la administración pública.
- El plazo para que los titulares de las entidades notifiquen a los empleados es de 30 días hábiles, con posibilidad de prórroga en casos excepcionales.
- La medida forma parte de una serie de reformas para reducir el tamaño del Estado y equilibrar el déficit fiscal.
- También se prevé una evaluación en diciembre para determinar la idoneidad de 40.000 empleados que continúan en actividad.
Contexto
¿Qué implica la resolución 3/2024?: La resolución 3/2024, publicada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, establece que unos 10.000 empleados públicos deberán iniciar sus trámites jubilatorios. Esto incluye a aquellos que ya cumplen con los requisitos establecidos por la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, es decir, mujeres de 60 años y hombres de 65 años, ambos con al menos 30 años de aportes.
¿Qué busca el Gobierno con esta medida?: El objetivo principal es reducir el tamaño de la planta estatal para equilibrar las cuentas públicas y disminuir el déficit fiscal. Según el Ministerio de Desregulación, esta acción es una parte clave de la reestructuración del Estado. Se espera que, al disminuir el número de empleados, se optimice el funcionamiento del sector público y se mejore la eficiencia en la gestión de los recursos humanos.
¿Cuáles son los plazos y condiciones para la notificación?: Los titulares de las distintas entidades tienen un plazo de 30 días hábiles para notificar a los empleados que deben iniciar el trámite jubilatorio. La resolución también contempla la posibilidad de solicitar una prórroga de hasta seis meses en casos excepcionales, cuando la continuidad del empleado sea necesaria por razones estratégicas. Estas solicitudes deben ser aprobadas por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.
¿Qué sucede con los empleados que aún no están en condiciones de jubilarse?: Además de la intimación a los 10.000 empleados que ya cumplen con las condiciones, el Gobierno también tiene previsto realizar una evaluación en diciembre para determinar la idoneidad de los 40.000 empleados que permanecen en actividad, tanto en la planta transitoria como en la permanente. Esta prueba será un examen de sus competencias y cumplimiento de requisitos, y los resultados podrían determinar la continuidad o reemplazo de estos trabajadores.
¿Cómo se coordinará este proceso con ANSES?: Para implementar esta reestructuración, el Ministerio de Desregulación firmó un convenio con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para que este organismo identifique a las personas que cumplen con los requisitos jubilatorios. La colaboración entre ambas entidades permite un intercambio de información electrónico que agiliza la identificación de los empleados en edad de jubilarse.
¿Quiénes están exentos de esta intimación?: La resolución deja exentos a los titulares de las unidades organizativas incorporadas al Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), hasta el cargo de Coordinador, así como a los titulares de cargos equivalentes en otras estructuras orgánico-funcionales. Estos empleados podrán seguir en sus cargos si ejercen funciones clave para el Estado. No obstante, sus continuidades también podrían estar sujetas a revisiones y justificaciones estratégicas.
¿Cómo se enmarca esta medida en el plan de reestructuración del Estado?: La medida se inscribe en el marco de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que establece una reorganización administrativa del Estado. El objetivo es mejorar la eficiencia del sector público, reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal y transparentar el gasto público. En esencia, se busca reducir el número de empleados para generar un ahorro significativo en las cuentas del Estado, disminuyendo así el déficit fiscal.
Cómo sigue
El proceso de reestructuración del Estado continuará avanzando en varias etapas. En lo inmediato, los empleados intimados deberán iniciar sus trámites jubilatorios, mientras que las autoridades responsables de las distintas carteras tienen un plazo de 30 días hábiles para efectuar las notificaciones. En los casos en que la continuidad de un empleado sea considerada estratégica, las autoridades pueden solicitar una prórroga de hasta seis meses.
El plan también contempla una evaluación masiva en diciembre, donde se examinará la idoneidad de los 40.000 empleados restantes en la administración pública. Esta prueba será crucial para definir quiénes seguirán en sus cargos y quiénes serán reemplazados, como parte de un proceso más amplio de optimización del personal estatal.
Por otro lado, el convenio firmado entre el Ministerio de Desregulación y ANSES permitirá continuar con la identificación de empleados en edad jubilatoria. Se espera que, a medida que el proceso avance, el número de intimaciones aumente, facilitando la salida ordenada de más trabajadores del sistema estatal.
El Gobierno, por su parte, continuará utilizando mecanismos electrónicos y administrativos para garantizar que este proceso sea ágil y transparente. Aunque se establecieron mecanismos de prórroga para ciertos casos, el objetivo general es reducir gradualmente el tamaño del aparato estatal.
En términos de futuro, la implementación de estas medidas podría generar tensiones en algunos sectores del Estado, particularmente si las evaluaciones masivas generan recortes adicionales. Sin embargo, desde el Ejecutivo confían en que estas reformas lograrán reducir significativamente el déficit fiscal y mejorar la eficiencia en la administración pública. Esto podría sentar las bases para una nueva etapa de gestión estatal más eficiente, con menos personal, pero con mayores niveles de productividad y calidad en los servicios brindados.
