Lo que importa
- El Gobierno Nacional, a través del Decreto 959/2024, eliminó los “privilegios heredados” en el acceso a empleos públicos, en un esfuerzo por promover la igualdad y la transparencia en el sector estatal.
- La medida prohibió cualquier ventaja en el ingreso a la administración pública basada en vínculos familiares o influencia política, impulsando procesos de selección abiertos y competitivos.
- Se crearon comités de evaluación independientes para supervisar los concursos de selección, garantizando que se basen únicamente en mérito y competencia.
- El decreto también estableció sanciones para quienes incumplieran la normativa, con consecuencias que van desde la suspensión hasta la destitución de los funcionarios responsables.
- Además, se invitó a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios a adoptar medidas similares en sus jurisdicciones.
Contexto
¿Por qué se implementó esta medida?
El Decreto 959/2024 surgió como respuesta a la persistencia de privilegios en el acceso a cargos públicos, basados en vínculos familiares o de afinidad. Estos privilegios, que iban en contra del principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional, se mantenían a pesar de medidas previas que buscaban su eliminación. El objetivo del Gobierno con esta nueva normativa fue asegurar que el acceso a los empleos públicos estuviera fundamentado exclusivamente en la idoneidad y competencia del candidato, eliminando cualquier tipo de favoritismo.
¿Qué prácticas se eliminaron específicamente?
El decreto prohibió la herencia de cargos públicos en casos como el ingreso automático de hijos o cónyuges de empleados fallecidos en organismos como la AFIP, ANSES, Banco Nación o Ferrocarriles Argentinos. Estas prácticas permitían que familiares de trabajadores fallecidos tuvieran prioridad para ocupar sus puestos, algo que ahora quedó abolido. También se evitaron recomendaciones por parte de sindicatos, como ocurría en la Unión Ferroviaria, que presentaba listas de familiares para su inclusión en caso de vacantes.
¿Cómo se aseguró la transparencia en los procesos de selección?
El decreto estableció la creación de comités de evaluación independientes, que tuvieron la responsabilidad de supervisar cada concurso público. Estos comités estuvieron compuestos por miembros imparciales, ajenos a las instituciones involucradas, y debieron elaborar informes públicos sobre el desarrollo y resultado de cada selección. La Oficina Anticorrupción también realizó auditorías periódicas para asegurar que se cumplieran las normativas y no hubiera interferencias indebidas.
¿Cuáles fueron las sanciones para quienes no cumplieron con la normativa?
La nueva normativa fue estricta en cuanto a las sanciones para aquellos funcionarios que ignoraran o vulneraran lo dispuesto en el Decreto 959/2024. Las sanciones variaron según la gravedad de la infracción, y pudieron incluir la suspensión temporal del cargo o la destitución definitiva. Además, la Secretaría de Trabajo recibió la orden de no homologar convenciones colectivas que contravinieran esta normativa, impidiendo que se mantuvieran cláusulas que otorgaran privilegios por vínculos familiares.
¿Qué impacto tuvo en las provincias y municipios?
Aunque el Decreto 959/2024 se aplicó directamente a los órganos del Sector Público Nacional, el Gobierno extendió una invitación formal a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios para que implementaran regulaciones similares en sus administraciones. Esto buscaba establecer un estándar de igualdad en el acceso a los empleos públicos en todo el país, fomentando una cultura administrativa más transparente y profesional.
Cómo sigue
El Decreto 959/2024 fijó un plazo de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial para que los organismos del Sector Público Nacional adecuaran sus normativas internas a las nuevas disposiciones. Durante este periodo, se esperaba que cada entidad revisara y modificara sus procesos de selección para cumplir con la eliminación de privilegios heredados.
Además, la Oficina Anticorrupción llevó a cabo auditorías periódicas para verificar que las nuevas normativas se aplicaran correctamente y sin excepciones. A mediano plazo, se anticipó una reestructuración de los concursos públicos, con procesos de selección más estrictos y transparentes, alineados con los principios de igualdad y mérito. También hubo una supervisión especial de los convenios colectivos, asegurando que estos no contuvieran cláusulas que violaran la nueva normativa.
Por último, el Gobierno continuó monitoreando la adopción de medidas similares en las provincias y municipios, buscando uniformar los criterios de acceso a la función pública en toda la Argentina. La expectativa era que este cambio generara una administración pública más equitativa, con funcionarios elegidos en base a sus capacidades y no a sus conexiones personales, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
