El Gobierno nacional anunció que en diciembre de este año se llevará a cabo un examen de idoneidad destinado a unos 40 mil empleados públicos que forman parte de la planta transitoria o están bajo régimen de contrataciones. Este test, cuyo resultado será clave para la renovación de los contratos que vencen el 31 de diciembre, se aplicará de manera online para evitar cualquier tipo de subjetividad en la evaluación, según afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Adorni detalló que esta medida está enmarcada en la Ley Bases y en el decreto reglamentario del empleo público. “El examen va a ser online para que, por supuesto, no haya subjetividades en el proceso”, precisó el funcionario en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, agregando que “los discapacitados no van a participar del examen en primera instancia, ya que los sistemas requieren de una adaptación adicional”.
El test será obligatorio para aquellos empleados cuyo contrato vence en diciembre, y su aprobación será un requisito indispensable para la renovación de los mismos. Sin embargo, Adorni aclaró que “va a ser un requisito necesario pero no suficiente”, ya que otros parámetros habituales también se tendrán en cuenta al momento de definir la continuidad de los trabajadores en sus puestos.
La reforma laboral del Estado
Este examen de idoneidad forma parte de un plan más amplio de reorganización y reestructuración del empleo público que el Gobierno vino implementando desde su asunción. A través del decreto 695/2024, emitido en agosto, se introdujeron varias reformas significativas en el régimen laboral de los empleados estatales. Entre las principales innovaciones se incluyó una Evaluación General de conocimientos y competencias, diseñada para que el personal contratado y de planta transitoria acredite su capacidad para desempeñar las funciones asignadas.
Uno de los aspectos clave de esta evaluación es el sistema de anonimato. Los empleados serán identificados únicamente después de que sus exámenes sean calificados, a fin de garantizar la transparencia en el proceso. Además, la máxima autoridad de cada jurisdicción o del organismo descentralizado al que pertenezcan los cargos concursados será responsable de verificar que se cumplan todos los requisitos estipulados. Según el decreto, “no podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica”. De igual manera, se requerirá la presentación de una declaración jurada patrimonial y de antecedentes laborales cuando la función a desempeñar lo exija.
El régimen de contrataciones del Estado, que incluye la contratación por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias, especifica que los contratos se utilizarán para actividades de carácter estacional o temporal. Estas contrataciones no otorgan estabilidad laboral y pueden ser rescindidas en cualquier momento. Para los empleados que quedan sin empleo tras estos contratos, se estableció un Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad, que establece un período de disponibilidad según la antigüedad del trabajador. Durante este tiempo, los empleados percibirán una remuneración mensual equivalente a su salario, aunque sin bonificaciones adicionales.
Críticas y respuestas sindicales ante las medidas del Gobierno
El anuncio del examen generó rápidamente respuestas desde diversos sectores, en especial de parte de los sindicatos que agrupan a los trabajadores del Estado. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó la decisión a través de un mensaje en la red social X (antes conocida como Twitter). “¿Después de 5, 10, 15 y hasta 20 años de trabajo les quieren tomar examen? El examen debería ser para la Vocería”, expresó Aguiar en referencia al propio Adorni.
En su mensaje, Aguiar lanzó una crítica directa hacia la gestión actual: “Si a vos Adorni o a tus cientos de trolls les hubieran tomado examen, nunca hubiesen ingresado a parasitar al Estado”. La contundencia de sus palabras refleja la tensión que la medida ha generado entre el Gobierno y los gremios que representan a los empleados públicos.
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A su vez, el anuncio del examen fue acompañado por otras medidas relacionadas con la reforma del Estado. Entre ellas, Adorni señaló que se privatizará la gestión de las rutas nacionales concesionadas, hasta ahora en manos de Corredores Viales S.A. Según el vocero, “las empresas que finalmente sean concesionarias van a cobrar la tarifa de adjudicación recién una vez que hayan puesto la totalidad de la ruta en condiciones”. Con esta medida, el Gobierno estima un ahorro de 5.600 millones de dólares para el Estado.
La defensa de Manuel Adorni al veto a la Ley de Financiamiento Universitario
Este enfoque más amplio en la reorganización del Estado y la gestión de recursos apunta a mantener lo que Adorni y otros funcionarios definieron como el "equilibrio fiscal". En este sentido, el vocero presidencial defendió enérgicamente el veto que el presidente Javier Milei aplicó a la Ley de Financiamiento Universitario, calificando dicha normativa como "irresponsable".
Durante la misma conferencia de prensa en la que se anunciaron los exámenes para los empleados públicos, Adorni agradeció a aquellos legisladores que priorizaron la estabilidad fiscal al apoyar el veto en la Cámara de Diputados. “Ellos quieren que vuelva el caos, esta ley era parte de eso, vetamos lo que consideramos un riesgo para el equilibrio fiscal”, afirmó.
En cuanto a las protestas estudiantiles y tomas de universidades que se extendieron en todo el país, el vocero fue tajante al declarar que “es un delito tomar una universidad o cualquier edificio”. Aseguró que las discusiones sobre el presupuesto universitario deben realizarse en el marco de las deliberaciones para el presupuesto 2025, que están a punto de comenzar.
