Contexto
¿Cuáles son los principales cambios que introduce el proyecto de reforma del Código Penal?: La reforma del Código Penal propuesta por el Gobierno de Javier Milei busca aumentar significativamente las penas para ciertos delitos graves. Uno de los principales cambios es la eliminación del beneficio de obtener la libertad condicional tras 35 años de prisión para quienes cumplan reclusión perpetua. Según fuentes oficiales, la intención es que "la perpetua sea efectivamente perpetua, para toda la vida".
Otro eje central del proyecto es endurecer las penas para delitos como violación, que actualmente tiene una condena de entre seis y 15 años, con posibilidad de llegar a 20 en casos agravados. El Gobierno plantea imponer penas aún más altas e incluso equiparar este delito con el homicidio, castigándolo con prisión perpetua.
Además, se prevé aumentar las penas para delitos de corrupción, incluyendo cohecho, soborno transnacional y enriquecimiento ilícito, en línea con estándares internacionales. Según el juez Mariano Borinsky, uno de los autores del texto, el proyecto contempla "un aumento sustancial de las escalas penales respecto de los delitos de corrupción".
¿Quiénes trabajaron en la redacción del proyecto?: El proyecto fue elaborado por una comisión de especialistas en derecho penal, encabezada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La comisión está integrada por jueces como Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, además de juristas como Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva y Fernando Oscar Soto.
Borinsky, quien también lideró la reforma del Código Penal en la gestión de Mauricio Macri, fue una figura clave en la redacción del nuevo texto. Recientemente, se reunió con Cúneo Libarona para ultimar detalles antes de la presentación formal ante el Congreso.
¿Cómo se justifica la necesidad de estas reformas?: Desde el Gobierno argumentan que el derecho penal argentino fue "demasiado condescendiente con los victimarios" en los últimos años. En los despachos de Balcarce 50 consideran que las penas actuales no solo son insuficientes como castigo, sino que tampoco generan un efecto disuasorio.
"Si un criminal no le tiene miedo a la pena porque sabe que, si lo agarran, al día siguiente sale, no tiene sentido que exista", afirmó un funcionario cercano a la elaboración del proyecto. Milei reiteró en varias ocasiones su visión de un sistema de justicia más riguroso bajo la consigna de "el que las hace, las paga".
Además, el presidente basa su postura en el libro Crimen y castigo de Gary Becker, donde el economista plantea que un sistema penal más severo puede reducir el delito al aumentar su "costo" para los delincuentes.
¿Qué otros cambios impulsa el Gobierno en materia de seguridad y sistema penitenciario?: En paralelo a la reforma del Código Penal, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, trabaja en un proyecto para la construcción de cárceles de gestión privada. Esta iniciativa busca aliviar la sobrepoblación carcelaria y reducir costos para el Estado.
El esquema propuesto establece que las prisiones serán administradas por empresas privadas, mientras que el Estado pagará un canon por cada recluso. Además, el proceso de resocialización de los internos también quedaría bajo supervisión privada.
En 2024, Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunciaron la construcción de dos cárceles privadas en la ciudad de Buenos Aires, aunque aún no fueron inauguradas.
Cómo sigue
El proyecto de reforma del Código Penal ya está listo y se espera que el presidente Javier Milei lo presente oficialmente el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Su aprobación dependerá del respaldo que logre en el Poder Legislativo, donde el oficialismo deberá negociar con la oposición para garantizar su avance.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad seguirá adelante con su plan de cárceles privadas, aunque su implementación efectiva dependerá de acuerdos con el sector privado y la adecuación del marco normativo para este nuevo modelo de gestión penitenciaria.
