Contexto
¿Por qué el Gobierno impulsó la Ley Antimafias?
El Gobierno sostiene que el crimen organizado ha crecido en los últimos años, especialmente en delitos como el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción vinculada al lavado de dinero. Según el oficialismo, el marco legal previo no permitía combatir de manera efectiva estas estructuras, ya que las penas eran insuficientes y los procedimientos judiciales dificultaban el decomiso de bienes utilizados para financiar estas actividades ilegales.
Además, el Ejecutivo argumenta que la proliferación de organizaciones delictivas ha llevado a un aumento en la violencia en ciertas regiones del país, con grupos que ejercen control territorial a través de amenazas, extorsión y redes de corrupción. La nueva ley busca cortar estos circuitos fortaleciendo la capacidad del Estado para intervenir en zonas críticas y desmantelar las economías ilegales que sostienen a estas organizaciones.
¿Cómo se define una organización criminal según la ley?
La Ley 27.786 establece que una organización criminal es un grupo de al menos tres personas que actúan de manera concertada y sostenida con el objetivo de cometer delitos graves. Para ser considerada como tal, la organización debe operar en áreas geográficas determinadas, seguir ciertos patrones operativos y tener el propósito de obtener beneficios ilícitos o ejercer control sobre la población a través del miedo o la violencia.
Esta definición amplía el margen de acción del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, ya que permite una tipificación más clara de las bandas delictivas y evita que se diluyan las responsabilidades individuales en estructuras más amplias.
¿Qué cambios introduce en el Código Penal?
La reforma al Código Penal establece nuevas penas y endurece las ya existentes para quienes participen en organizaciones criminales. Entre los principales cambios se destacan:
- Penas de entre 8 y 20 años de prisión para quienes formen parte, colaboren o faciliten la operación de un grupo delictivo organizado.
- Se elimina la diferenciación de penas según el rol dentro de la banda: tanto líderes como integrantes de menor rango serán condenados por el delito más grave cometido por el grupo.
- Se amplía el margen de actuación de las fuerzas de seguridad y la justicia, especialmente en lo que refiere a operativos en zonas controladas por el crimen organizado.
Uno de los puntos más discutidos es la posibilidad de detener a una persona hasta por 48 horas para averiguaciones relacionadas con delitos de crimen organizado. Esto solo podrá hacerse con la autorización del Ministerio Público Fiscal y cuando exista una urgencia fundada, con aviso inmediato a la autoridad judicial competente.
¿Qué implica la declaración de “zonas sujetas a investigación especial”?
Una de las principales herramientas que incorpora la ley es la posibilidad de declarar ciertas áreas como “zonas sujetas a investigación especial”. Esto se aplicará en territorios donde haya indicios de actividad criminal organizada y permitirá:
- Intervenciones más ágiles y coordinadas entre las fuerzas de seguridad federales y provinciales.
- Intercepción de comunicaciones bajo orden judicial para desarticular redes criminales.
- Mayor margen para la confiscación de bienes relacionados con actividades ilegales.
Según el oficialismo, este mecanismo es clave para evitar que los grupos delictivos sigan operando con impunidad en zonas donde han establecido un fuerte control territorial.
¿Cómo funciona el decomiso anticipado de bienes?
Otro aspecto central de la norma es la posibilidad de que el Estado pueda incautar bienes vinculados a actividades criminales sin necesidad de esperar una condena firme. El Ministerio Público Fiscal podrá solicitar el decomiso anticipado de bienes de personas investigadas por integrar una organización delictiva.
En caso de que la persona sea absuelta, la ley garantiza que los bienes sean restituidos. No obstante, este punto ha generado debate, ya que algunos especialistas consideran que podría haber conflictos con el principio de presunción de inocencia y el derecho de propiedad.
¿Qué sectores políticos apoyaron y cuáles se opusieron?
La Ley Antimafias fue aprobada por unanimidad en el Senado, con 38 votos a favor que incluyeron al oficialismo, a sectores de la oposición dialoguista y al Frente de Todos. Sin embargo, la bancada kirchnerista no participó de la votación.
El consenso alcanzado en el Congreso muestra que la preocupación por el crimen organizado es un tema transversal, aunque algunos sectores han señalado que la ley podría tener aplicaciones controversiales en el futuro, especialmente en lo referido al decomiso de bienes sin condena firme y la eliminación de distinciones de pena dentro de una organización criminal.
Cómo sigue
Con la publicación en el Boletín Oficial mediante el Decreto 177/2025, la Ley Antimafias ya está en vigencia y será aplicada en todo el país. La clave ahora será su implementación efectiva y la coordinación entre la justicia y las fuerzas de seguridad provinciales y federales.
En las próximas semanas, se espera que el Ministerio de Seguridad defina cuáles serán las primeras zonas declaradas como "sujetas a investigación especial" y que comiencen los primeros operativos bajo este nuevo marco legal. Además, el sistema judicial deberá establecer criterios claros sobre la aplicación del decomiso anticipado de bienes para evitar conflictos legales y garantizar que se respeten los derechos de los acusados.
