El Gobierno convocó a los gremios docentes universitarios a una reunión paritaria de urgencia para proponer una equiparación salarial con los empleados del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep). La cita sorprendió en un contexto marcado por la fuerte tensión entre las universidades y el Ejecutivo debido al anunciado veto total a la ley de financiamiento para las casas de estudio.
La reunión fue convocada al mediodía por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y participaron representantes de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). Los docentes universitarios de esta federación se encuentran realizando un paro nacional durante dos días, como anticipo de la marcha universitaria prevista para el próximo 2 de octubre.
La Casa Rosada se mantiene firme en su decisión de avanzar con el veto a la ley de financiamiento, una medida que deberá oficializarse antes del 3 de octubre. Según trascendió, es probable que el Ejecutivo espere hasta el último momento para publicarlo en el Boletín Oficial, buscando que la decisión coincida con el final de la movilización universitaria.
Incrementos salariales y el rechazo de los gremios
En la reunión con Álvarez también estuvieron presentes dos representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades del país. Si bien estos asistieron en calidad de “veedores”, desde el Gobierno se mostraron críticos con esa postura. Un colaborador de la administración de Javier Milei comentó: “Los rectores son los empleadores formales de los docentes, es una cosa extraña”.
El Gobierno había fijado aumentos salariales para agosto y septiembre del 2% y 3% respectivamente. Según pudo saberse, la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, ofreció un incremento adicional del 6,8% para octubre. Este porcentaje incluye un 1% de aumento salarial mensual, al que se suma un 5,8% destinado a recomponer el salario de los docentes universitarios, de modo que equipare con los aumentos otorgados a los empleados estatales.
Pese a esta propuesta, desde Conadu expresaron su descontento. Los gremios advirtieron sobre el atraso salarial que afecta a los docentes universitarios, en un contexto de alta inflación y de incrementos salariales insuficientes comparados con los otorgados al resto del sector público. Según cálculos realizados por los propios claustros universitarios, entre noviembre de 2022 y julio de 2023, la inflación acumuló un 154%, mientras que los salarios del Sinep subieron un 97,3% y los de los docentes universitarios apenas un 58,2%.
La Conadu alertó sobre una pérdida del poder adquisitivo de cerca del 75% desde diciembre del año pasado. En relación a la oferta presentada por el Gobierno, el gremio declaró: “Ofrecieron un 6,8%, pero no hay respuesta a los demás temas. Siendo a escasos días de la marcha universitaria, es algo que no podemos aceptar”.
La decisión tomada entre ministros y funcionarios
El incremento salarial propuesto por Álvarez fue acordado en una reunión realizada días antes, en la que participaron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En dicho encuentro se definió realizar los cálculos técnicos para establecer un aumento que, finalmente, se limitó al 6,8%.
A pesar de las negociaciones salariales, la atención sigue centrada en el veto a la ley de financiamiento universitario, un tema que sigue generando fricciones entre el Gobierno y el sector universitario. La ministra Pettovello se refirió a la situación a través de la red social X, donde afirmó: “A mí nadie me pidió que interceda. El veto es total”.
Fuentes del Gobierno sostienen que la marcha universitaria tiene un trasfondo político, dado que la ley fue impulsada por la Unión Cívica Radical (UCR) y que el radicalismo mantiene una fuerte presencia en las universidades. Además, argumentan que la ley de financiamiento es redundante, ya que fue aprobada luego de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con los rectores para cubrir los gastos operativos de las universidades.
“La verdadera discusión acá es la cuestión salarial”, sostuvieron desde el entorno del Ejecutivo, dejando en claro que, aunque el financiamiento universitario es el foco del conflicto, la puja por mejores condiciones salariales continúa siendo el principal punto de conflicto entre los gremios docentes y el Gobierno.
