Contexto
¿Por qué la UTA decidió no parar?: La UTA decidió no adherir al paro general de la CGT del 10 de abril por una combinación de razones legales y políticas. En primer lugar, la conciliación obligatoria dictada por el gobierno la semana pasada en el conflicto paritario del transporte en el AMBA impedía que el gremio tomara cualquier medida de fuerza. Si la UTA desobedeciera la conciliación, se expondría a sanciones severas, como multas económicas o la pérdida de su personería gremial.
¿Qué impacto tiene esta decisión en el paro de la CGT?: La UTA es un actor clave en el transporte público de pasajeros, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde transporta a millones de personas diariamente. Su participación en el paro general era esencial para la eficacia de la protesta convocada por la CGT. Sin embargo, al no detener el servicio de colectivos, la medida de fuerza pierde uno de sus componentes más estratégicos, lo que debilita su impacto.
¿Cuál fue la postura de Roberto Fernández, jefe de la UTA?: Roberto Fernández, líder de la UTA, explicó que su decisión de no adherir al paro no solo responde a la cuestión legal de la conciliación obligatoria, sino también a factores políticos. Fernández mantuvo una postura distante respecto a la CGT y los Moyano, y no está dispuesto a confrontar con el gobierno de Javier Milei, que financia el transporte público con subsidios. A pesar de los reclamos internos del gremio por un acuerdo salarial, la postura de Fernández parece inamovible.
¿Cómo influyó el gobierno en esta decisión?: El gobierno utilizó varias tácticas para evitar que la UTA se sumara al paro. Además de la conciliación obligatoria, se realizó una auditoría sorpresiva a la obra social de la UTA, gestionada por la esposa de Roberto Fernández. Aunque la auditoría fue presentada como parte de una inspección rutinaria, desde el gobierno se insinuó que podría haber una intervención de la obra social si el gremio no acataba las normativas. Esta jugada fue vista como una presión más sobre el sindicato.
¿Cuál es la situación legal respecto a la conciliación obligatoria?: La conciliación obligatoria fue defendida por la Secretaría de Trabajo como un mecanismo legítimo para evitar medidas de fuerza durante el conflicto salarial del transporte. La normativa también implica sanciones para los gremios que no la respeten, lo que refuerza la postura oficial del gobierno. Sin embargo, algunos abogados laborales, como Matías Cremonte, han señalado que la conciliación obligatoria no debe usarse para frenar un paro general convocado por la CGT, ya que está destinada a resolver conflictos sectoriales, no a intervenir en acciones de carácter nacional.
Cómo sigue
El gobierno está muy cerca de asegurar el funcionamiento del servicio de colectivos el 10 de abril, lo que reduce significativamente el impacto de la huelga general de la CGT. Sin embargo, aún queda por ver si la UTA cumplirá completamente con la normativa de la conciliación obligatoria sin que se generen nuevas tensiones internas en el gremio. Las presiones legales y económicas, junto con la intervención en la obra social, continúan siendo factores decisivos en la postura del sindicato y la posibilidad de que el paro se vea debilitado aún más.
