Lo que importa
- Desde diciembre, el gobierno de Javier Milei redujo la planta estatal en 33.291 empleados, medida impulsada para aliviar el gasto público.
- El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostiene que la reducción del gasto público es esencial para bajar la carga impositiva en el país.
- Los recortes incluyen a empleados de la administración pública, fuerzas de seguridad, y empresas estatales, afectando contratos no renovados, bajas voluntarias y jubilaciones.
- En paralelo, el gobierno anunció un examen de idoneidad para 40.000 empleados, generando tensiones con los gremios y protestas.
- Se prevén más despidos en el marco de un plan de privatización de empresas estatales, con el objetivo de alcanzar una reducción total cercana a los 100.000 empleos.
Contexto
¿Cuál es la política del gobierno en relación con el empleo público?: El gobierno de Javier Milei emprendió una política de ajuste en el sector público que busca disminuir el número de empleados en el Estado argentino, justificando que esta reducción es necesaria para aliviar la carga impositiva y reducir el gasto público. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el principal vocero de esta estrategia, destacando en repetidas ocasiones que la única manera sostenible de bajar los impuestos es mediante un recorte profundo del gasto en el sector estatal.
¿Qué sectores se han visto más afectados por estos recortes?: De los 33.291 empleos eliminados hasta septiembre de este año, 20.026 pertenecen a la administración pública central y descentralizada, 2.251 a las fuerzas armadas y de seguridad, y 11.014 a empresas estatales. Los sectores más impactados han sido aquellos que se encuentran en la administración central, con una amplia revisión y reducción en áreas clave. Además, instituciones como el Conicet y el INCAA están en proceso de revisión, con posibles riesgos de privatización.
¿Cómo se desarrolló el proceso de despidos y no renovación de contratos?: El proceso de reducción de personal se dio en varias etapas y modalidades. Los despidos masivos se concentraron en los primeros meses de la gestión, con 7.607 desvinculaciones en enero y 7.000 en abril, en su mayoría contratos no renovados, bajas voluntarias y jubilaciones que no fueron reemplazadas. A esto se suma la no renovación de contratos iniciada en diciembre, cuando el gobierno anuló contratos de personal ingresado durante el mandato de Alberto Fernández, prorrogando solo tres meses algunos de estos acuerdos. Como resultado, hubo picos de desvinculaciones en abril y julio, con una disminución en septiembre, cuando la magnitud de los recortes fue menor.
¿Qué medidas adicionales tomó el gobierno para controlar el ingreso a la administración pública?: Además de los recortes, Sturzenegger anunció la implementación de un examen de idoneidad para todos aquellos que aspiren a trabajar en el sector público. Esta medida está diseñada para asegurar que el ingreso a la función pública se base en méritos en lugar de conexiones políticas, promoviendo una carrera administrativa más profesionalizada. Los gremios, sin embargo, han rechazado esta propuesta, destacando que representa un intento de precarizar el empleo público y debilitar la estabilidad laboral de los trabajadores.
¿Cuál fue la reacción de los sindicatos ante estos recortes y nuevas políticas de empleo?: La respuesta sindical fue de abierta oposición. Organizaciones como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) han convocado huelgas y protestas en todo el país en rechazo a las políticas de ajuste y en demanda de mejores condiciones laborales y salariales. Argumentan que estas medidas afectan la estabilidad laboral y precarizan el trabajo público, además de implicar un aumento en la carga de trabajo para los empleados que permanecen en sus funciones. La tensión entre el gobierno y los sindicatos podría derivar en más acciones de protesta en los próximos meses.
¿Qué otras reducciones anunció el gobierno?: El gobierno de Milei anunció la posibilidad de eliminar cerca de 100.000 empleos en empresas públicas, en el marco de un plan de privatización que abarca más de 40 compañías. Este ambicioso proyecto de reducción está enfocado en transferir a manos privadas una serie de instituciones estatales que, según el gobierno, representan una carga significativa para el presupuesto público. La administración central redujo ministerios y eliminó organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en un esfuerzo por concentrar recursos en las áreas consideradas prioritarias.
¿Cuál es la proyección de reducción de empleo según los objetivos iniciales del gobierno?: El gobierno había establecido en un inicio una meta de reducción de 70.000 empleos en el sector público. Sin embargo, con los avances en los recortes y la inclusión de empresas estatales en el plan de privatización, esta cifra podría ampliarse. Se proyecta que el total de puestos eliminados llegue a 100.000 en los próximos años, lo que representaría una reestructuración histórica del Estado argentino y un cambio radical en su modelo de gestión de recursos humanos.
Cómo sigue
El proceso de reducción del personal estatal sigue en curso y se espera que el gobierno continúe con su plan de ajustes, ya que la meta de despidos y no renovación de contratos en el sector público aún no fue alcanzada. La implementación del examen de idoneidad representa el próximo paso significativo, ya que afectará a 40.000 empleados con contratos temporales que deberán aprobarlo para continuar en sus puestos. Esto podría aumentar la tensión con los sindicatos y derivar en más protestas y huelgas a lo largo del país.
Además, el plan de privatización de empresas públicas previsto por la administración Milei es una medida que tendrá un impacto importante en la economía y en la estructura laboral del Estado. De llevarse a cabo, el gobierno podría continuar con su política de recortes masivos de personal en el sector público, lo que implica la eventual eliminación de empleos en empresas estratégicas, aumentando la conflictividad laboral y social.
El gobierno, por su parte, manifestó su compromiso de seguir adelante con este plan de reducción de gasto público, apelando al respaldo que la ciudadanía dio en las elecciones. En consecuencia, es probable que las tensiones entre el gobierno y los gremios se intensifiquen en los próximos meses, y que el escenario laboral y político se mantenga conflictivo mientras continúan las negociaciones y las políticas de ajuste en Argentina.
