Lo que importa de la denuncia por el confilcto aeronáutico
- Desde el mediodía del 6 de noviembre, asambleas sorpresivas de los gremios Intercargo y la Asociación de Personal Aeronáutico en el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza causaron importantes demoras, afectando a al menos 2.100 pasajeros.
- Los pasajeros afectados quedaron retenidos en los aviones, en algunos casos durante más de dos horas, sin ventilación adecuada, lo que provocó escenas de desesperación y afectaciones a la salud de varias personas.
- La intervención de fuerzas federales fue necesaria para evacuar a los pasajeros en operativos coordinados.
- El Ministerio de Seguridad de la Nación denunció el incidente ante la justicia bajo los cargos de “privación ilegal de la libertad personal, extorsión y entorpecimiento de servicios públicos”.
- De acuerdo a lo consignado por Revista Quorum, el juez federal Ariel Lijo ha sido designado para investigar la denuncia, y la fiscalía evaluará si se impulsará una investigación penal y posibles imputaciones.
Contexto
¿Cuál fue el origen de este conflicto? El conflicto se inició cuando los gremialistas de Intercargo y la Asociación de Personal Aeronáutico llevaron a cabo asambleas sorpresivas en el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, afectando operaciones esenciales como la carga y descarga de equipaje. Esto ocasionó demoras significativas en diez vuelos en Aeroparque y otros más en Ezeiza, dejando a 2.100 pasajeros retenidos a bordo de las aeronaves, sin posibilidad de desembarcar.
¿Por qué interviene el juez Ariel Lijo en el caso? Ariel Lijo, juez federal y candidato a la Corte Suprema, fue asignado este 7 de noviembre por sorteo para llevar adelante la investigación del caso luego de que el Ministerio de Seguridad presentara la denuncia el día anterior. Lijo deberá analizar si los hechos configuran delitos penales tales como privación ilegal de la libertad, extorsión y entorpecimiento de servicios públicos, tal como lo plantea la acusación del Ministerio de Seguridad. Su rol será crucial en determinar si la denuncia tiene mérito para abrir una causa penal formal y si existen indicios suficientes para realizar imputaciones.
¿Cuáles serán los próximos pasos del juez Lijo? Una vez que el Ministerio de Seguridad amplíe la denuncia con el informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el juez Lijo deberá remitir la denuncia a la fiscalía, que tendrá la facultad de decidir si corresponde dar curso a una investigación penal. Lijo también tendrá la responsabilidad de supervisar que se respeten los derechos procesales de las partes implicadas y de dirigir, si fuera necesario, las etapas de instrucción de la causa, lo que incluiría la toma de declaraciones y recolección de evidencias.
¿Cuáles fueron las consecuencias para los pasajeros? Los pasajeros quedaron atrapados dentro de los aviones sin ventilación suficiente durante un tiempo prolongado, lo que causó situaciones de ansiedad y descompensación en algunos de ellos. Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Seguridad coordinó operativos con fuerzas federales, logrando el descenso seguro de los pasajeros tras más de dos horas de intervención. Personal de emergencia tuvo que asistir a varias personas afectadas por el encierro y las condiciones de calor.
¿Qué significan las acusaciones de privación de libertad y entorpecimiento de servicios públicos? En su denuncia, el Ministerio de Seguridad invoca delitos como la privación ilegal de la libertad y el entorpecimiento de servicios públicos. Estos cargos apuntan a que las acciones de los gremialistas habrían vulnerado derechos fundamentales de los pasajeros y obstruido un servicio considerado esencial. En Argentina, el transporte aéreo es reconocido como tal, por lo que cualquier acción que lo interrumpa puede ser considerada delito bajo el Código Penal.
¿Por qué el Ministerio de Seguridad denunció el incidente como un delito penal? Desde la perspectiva del Ministerio, las acciones gremiales en los aeropuertos excedieron las medidas habituales de protesta, afectando a miles de personas que quedaron “retenidas” en condiciones potencialmente peligrosas. La acusación incluye los cargos de “privación ilegal de la libertad personal, extorsión y entorpecimiento de servicios públicos”, argumentando que la gravedad del incidente afectó la salud y seguridad de los pasajeros al mantenerlos confinados sin condiciones adecuadas de ventilación.
Cómo sigue
El Ministerio de Seguridad indicó que ampliará la denuncia en cuanto reciba el informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lo que podría proporcionar más detalles sobre la operación y el alcance del conflicto. Con esta información, el juez Ariel Lijo dará vista a la fiscalía, que deberá decidir si la denuncia amerita una investigación penal formal. La fiscalía, además, evaluará si el incidente configura los delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y obstrucción del transporte aéreo según el artículo 194 del Código Penal. Si se encuentra mérito, se podrían imputar cargos específicos a los involucrados, lo que determinará el futuro del caso en el ámbito judicial.
