Lo que importa
- Javier Milei confirmó que las auditorías en las universidades públicas, comenzando por la Universidad de Buenos Aires (UBA), se realizarán a través de la SIGEN, a pesar de la oposición de las autoridades académicas.
- El presidente acusó a la UBA de falta de transparencia en la gestión de fondos públicos y criticó duramente su resistencia, calificando de "chorros" a quienes, según él, se esconden detrás de instituciones educativas para ocultar irregularidades.
- La UBA ha recurrido a la Justicia para detener la auditoría, alegando que viola su autonomía universitaria garantizada por la Constitución Nacional.
- Organizaciones académicas, sindicatos y estudiantes han manifestado su rechazo a la medida, calificándola como un ataque a la independencia universitaria.
- Milei insistió en que no hay planes de privatizar o aplicar aranceles en las universidades, pero defendió el derecho del Estado a controlar el uso de los recursos públicos.
Contexto
¿Por qué Javier Milei ordenó auditorías en las universidades públicas?
El presidente Milei argumenta que las auditorías son necesarias para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos que reciben las universidades nacionales. En una entrevista reciente, el mandatario afirmó que “los chorros no van a tener paz en Argentina” y que el Estado tiene el derecho de controlar en qué se está utilizando el dinero público. La medida llega en medio de una serie de críticas y acusaciones de corrupción contra algunas instituciones educativas, especialmente la Universidad de Buenos Aires, a la que Milei acusa de falta de transparencia en sus cuentas.
¿Cómo ha reaccionado la UBA ante la decisión del Gobierno?
La Universidad de Buenos Aires considera que la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismo que depende del Poder Ejecutivo, es inconstitucional, ya que afecta la autonomía universitaria protegida por la Constitución Nacional. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, aseguró que la medida es “unilateral” y anunció que llevarán el caso a la Justicia para frenar la auditoría. La UBA sostiene que su administración debe ser independiente y que las auditorías deben realizarse bajo la supervisión de la Auditoría General de la Nación (AGN), no de la SIGEN.
¿Qué argumentos utiliza el Gobierno para justificar las auditorías?
El presidente Milei y su equipo han defendido las auditorías bajo el argumento de la transparencia y la eficiencia en el uso de los fondos públicos. Según Milei, la negativa de la UBA a aceptar la auditoría es un indicio de posibles irregularidades. “Parece que están mucho más sucios todavía”, comentó el presidente en una entrevista radial, sugiriendo que la resistencia a ser auditados evidencia la existencia de problemas internos en la universidad. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, también apoyó la medida, señalando que ya existen precedentes de auditorías de la SIGEN en universidades sin conflicto.
¿Qué impacto ha tenido esta medida en el sector académico?
La decisión del Gobierno ha generado una fuerte reacción en el ámbito universitario. La UBA, junto con otros rectores representados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), han cerrado filas en contra de la medida, calificándola como un ataque a la autonomía universitaria. Además, sindicatos docentes y no docentes, así como centros de estudiantes, han manifestado su rechazo, especialmente por la caída del poder adquisitivo del personal universitario y la reducción del presupuesto en términos reales. Las movilizaciones, paros y protestas en defensa de la autonomía universitaria han aumentado en intensidad desde que se hizo el anuncio.
¿Cuáles son las preocupaciones de la UBA respecto a la auditoría de la SIGEN?
La principal preocupación de la UBA es que la intervención de la SIGEN, un organismo del Poder Ejecutivo, socave la autonomía académica y administrativa que garantiza la Constitución. La universidad teme que esta medida pueda abrir la puerta a un control más directo del Gobierno sobre las universidades nacionales, afectando la libertad académica y la independencia en la toma de decisiones. En este sentido, las autoridades académicas han argumentado que cualquier intervención del Poder Ejecutivo en sus actividades constituye una violación a la autonomía consagrada en la Ley de Educación Superior.
Cómo sigue
El conflicto entre el Gobierno y la UBA se intensificará en las próximas semanas a medida que avance el proceso judicial. La universidad ha solicitado a la Justicia que determine si la SIGEN tiene la autoridad para auditar sus cuentas, lo que podría llevar a un fallo que siente un precedente en la relación entre el Estado y las universidades nacionales. Mientras tanto, el Gobierno continuará con su plan de auditorías, manteniendo su postura sobre la necesidad de controlar el uso de los recursos públicos.
El resultado de esta confrontación también dependerá de la reacción del resto del sistema universitario, que hasta ahora ha mostrado su apoyo a la UBA. Las universidades podrían tomar medidas similares si la Justicia falla a favor de la autonomía académica, lo que podría obligar al Gobierno a reconsiderar su estrategia de control y supervisión de los fondos universitarios.
Además, la tensión entre el Gobierno y los sectores académicos continuará siendo un tema central en la agenda política. Milei, por su parte, ha señalado que seguirá adelante con su política de transparencia y control, insistiendo en que su administración no tiene planes de privatizar la educación superior, pero reafirmando su compromiso con la rendición de cuentas en el uso del dinero estatal.
