Lo que importa
- El Gobierno fundamenta la quita de las asignaciones vitalicias de Cristina Kirchner en argumentos legales basados en la Constitución Nacional y la Ley 24.018.
- La condena en la Causa Vialidad es utilizada como causal de “mal desempeño” y “vulneración del honor de la magistratura”.
- Cristina Kirchner podría responder judicialmente, enfrentando la estrategia liderada por el secretario legal de ANSES, Andrés Mariano Bousquet.
- La exmandataria cobraba $21.000.000 mensuales entre su jubilación de privilegio y la pensión de viudez, beneficios que el Ejecutivo considera “jurídicamente incompatibles”.
- La decisión del Gobierno pone sobre la mesa el principio de legalidad y la acumulación de asignaciones públicas como puntos clave del conflicto.
Contexto
¿En qué se basa la estrategia del Gobierno?
El Ejecutivo sostiene que la condena de Cristina Kirchner por la Causa Vialidad constituye una causal de “mal desempeño” y “vulneración del honor de la magistratura”. Esta justificación se fundamenta en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece principios de defensa del sistema democrático y las instituciones republicanas. Además, se argumenta desde el artículo 29 de la Ley 24.018, que establece que quienes sean removidos por mal desempeño pierden el derecho a las asignaciones vitalicias.
¿Qué otros argumentos legales invoca el Ejecutivo?
La Ley 24.018 también contempla en su artículo 5 la “incompatibilidad” entre jubilaciones de privilegio y otras prestaciones previsionales. Según abogados constitucionalistas, Cristina Kirchner violó esta disposición al acumular su asignación presidencial con la pensión de Néstor Kirchner. ANSES considera que este doble beneficio va en contra del principio de legalidad, esencial en el derecho público.
¿Cómo afecta la condena en la Causa Vialidad?
Desde ANSES sostienen que quienes hayan cometido delitos en ejercicio de la función pública, como en el caso de la condena por corrupción, no pueden recibir asignaciones que representen un privilegio derivado de ese mismo cargo. Según un vocero del organismo, “el enriquecimiento personal en perjuicio del Estado Nacional atenta contra el sistema democrático”.
¿Qué antecedentes respalda esta medida?
El Gobierno cita como ejemplo la derogación de beneficios otorgados a expresidentes de facto entre 1976 y 1983, reforzando el argumento de que las asignaciones vitalicias no son un derecho inalienable, sino que deben estar sujetas al comportamiento ético y legal de los beneficiarios.
¿Cómo responde Cristina Kirchner?
CFK calificó la medida como una persecución política impulsada por el gobierno de Javier Milei. Su defensa argumenta que la decisión es inconstitucional y apunta a recurrir a la Justicia. En declaraciones recientes, la expresidenta afirmó que “no hay fundamentos legales para esta quita” y que se trata de un intento por “despojarla de derechos adquiridos”.
Cómo sigue
En los próximos días, ANSES notificará formalmente a Cristina Kirchner en su domicilio de Río Gallegos, lo que marcará el inicio oficial de la disputa judicial. Esta notificación será el punto de partida para que la expresidenta pueda responder legalmente a la quita de sus asignaciones vitalicias, un proceso que seguramente será intensamente debatido en los tribunales y en el ámbito político.
Por su parte, el equipo jurídico del Ejecutivo, liderado por el secretario legal de ANSES, Andrés Mariano Bousquet, está listo para defender la medida ante los argumentos que presente la defensa de Kirchner. La Justicia deberá evaluar la constitucionalidad de la decisión gubernamental, tomando en cuenta los fundamentos legales y el principio de legalidad esgrimido por ambas partes. Este conflicto, que mezcla elementos jurídicos y políticos, promete prolongarse en el tiempo y tener un fuerte impacto en la agenda pública.
Además, el caso podría intensificar las tensiones entre el oficialismo y la oposición, ya que el gobierno de Javier Milei busca consolidar su postura frente a las figuras del kirchnerismo. En este contexto, la resolución del conflicto no solo tendrá consecuencias legales, sino que también definirá parte del equilibrio político de los próximos meses en Argentina.
