La Inspección General de Justicia (IGJ) suspendió la Asamblea General Ordinaria de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que estaba prevista para el 17 de octubre. En esta reunión se iban a tratar varios temas clave para el futuro del fútbol argentino, entre ellos, la reelección de Claudio "Chiqui" Tapia como presidente de la AFA y la votación sobre cambios en el formato de la Primera División, incluyendo la suspensión de los descensos y la expansión a 30 equipos.
La decisión de la IGJ se produjo luego de una denuncia presentada por Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, quien fue suspendido por dos años. Fassi cuestionó la legalidad de las elecciones anticipadas, argumentando que eran "extemporáneas y violatorias de los propios estatutos" de la AFA, según consta en el documento presentado ante el organismo de control. La IGJ, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación y está a cargo del Registro Público de Comercio y el Registro de Asociaciones Civiles y Fundaciones, respaldó la postura de Fassi, declarando la "ineficacia total" de la convocatoria para efectos administrativos.
La suspensión de la Asamblea genera incertidumbre en la AFA, ya que estaba prácticamente asegurada la reelección de Tapia, al ser el único candidato para los comicios adelantados, inicialmente previstos para 2024. La AFA, por su parte, anunció su intención de apelar la resolución ante la Justicia, pero cualquier medida cautelar que se dicte podría impedir que la Asamblea se celebre en la fecha prevista.
Las denuncias de Fassi y los cambios propuestos en la AFA
La denuncia de Fassi se centró en varios aspectos del proceso electoral de la AFA. Entre las irregularidades que mencionó, destacó que la convocatoria a elecciones se realizó sin cumplir con los plazos establecidos por los estatutos y la Ley del Deporte, lo que calificó de "antijurídico". Asimismo, Fassi cuestionó las reformas propuestas en el artículo 35 del estatuto de la AFA, que regula la cantidad de mandatos consecutivos que pueden ocupar los integrantes del Comité Ejecutivo, incluido el presidente. Actualmente, el límite es de cuatro mandatos consecutivos, pero Tapia y su equipo pretendían aumentar ese número a cinco, algo que la IGJ consideró ilegal, al no estar contemplado en la Ley del Deporte.
El documento de la IGJ, firmado por Daniel Roque Vítolo, titular del organismo, subrayó que la AFA debe ajustarse a la normativa vigente y que cualquier modificación que pretenda sobrepasar esos límites sería una violación de la ley. Además, se notificó de la resolución al juez Christian Ricardo Pettis, quien interviene en una causa relacionada, iniciada por el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, con el objetivo de impedir la intervención de la IGJ en la cuestión.
Fassi insistió en que los cambios propuestos por Tapia y su equipo no solo iban en contra de los estatutos de la AFA, sino también en contra del espíritu de la ley, que busca garantizar un proceso democrático y transparente en las instituciones deportivas. "No se puede seguir manejando la AFA de esta manera, con decisiones inconsultas y fuera de la ley", expresó el presidente de Talleres de Córdoba en su denuncia.
Escenario judicial y posibles consecuencias
Con la suspensión de la Asamblea, el proceso electoral de la AFA entra en un terreno judicial que podría alargarse en el tiempo. Si bien la entidad tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, este debe ser elevado a la misma IGJ, lo que complicaría los plazos. Según la ley 22.315, que regula el accionar de la IGJ, el recurso tendría efecto "devolutivo", lo que implica que cualquier prohibición o medida cautelar impuesta por el organismo se mantendría vigente mientras se tramita el recurso.
En este sentido, cualquier intento de la AFA de llevar adelante la Asamblea del 17 de octubre en "rebeldía" frente a la decisión de la IGJ podría tener graves consecuencias legales. De acuerdo con el artículo 239 del Código Penal argentino, resistir o desobedecer una orden legítima de un funcionario público puede ser sancionado con penas de prisión de 15 días a un año. Asimismo, los miembros del Comité Ejecutivo de la AFA, así como gerentes y directivos, podrían enfrentar cargos bajo el artículo 301 del Código Penal, que establece penas de seis meses a dos años de prisión para quienes, a sabiendas, consientan actos contrarios a la ley o a los estatutos de la organización que representan.
La AFA confía en realizar la Asamblea pese a la suspensión
A pesar del fallo de la Inspección General de Justicia, la AFA sigue firme en su decisión de realizar la reunión tal como estaba prevista. En este encuentro, los 46 representantes convocados votarán por la reelección de Claudio "Chiqui" Tapia como presidente hasta 2028, además de aprobar el traslado de la sede social de la AFA de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires, y la suspensión de los descensos, lo que incrementaría el número de equipos en Primera División a 30.
Fuentes cercanas a Tapia se remiten a un fallo del juez civil Christian Ricardo Pettis, que respondió a una presentación del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Si bien el magistrado rechazó una medida cautelar para garantizar la Asamblea, permitió que, en caso de una suspensión por parte de la IGJ, la AFA pudiera apelar con "efecto suspensivo". Según esta interpretación, el fallo asegura que la asamblea no corre peligro de ser cancelada.
La AFA no recurrió ni a la FIFA ni a la Conmebol, sino que llevó la situación ante un tribunal civil, donde consiguió lo que consideran un respaldo suficiente para seguir adelante. El contexto político también juega un rol en la estrategia: el traslado de la sede a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, representa un movimiento hacia un terreno más favorable para Tapia, quien además eligió el simbólico 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, como fecha de la Asamblea.
Con estos argumentos, el equipo de Tapia sigue adelante con los preparativos. Mientras tanto, varios dirigentes del fútbol se reunirán en el estadio Monumental para el partido de la Selección contra Bolivia, en vísperas de la Asamblea. Según un allegado a la gestión de Tapia: “Esto de Talleres y el gobierno no nos preocupa”. Así, la AFA se muestra decidida a avanzar en su agenda pese a las disputas legales.
