El fiscal federal Franco Picardi solicitó las llamadas a la Línea 134, información sobre los grupos ajenos a la movilización y sobre el dirigente del PJ y del club Chacarita, Leandro Capriotti, sindicado de organizador
El Gobierno presentó el viernes una denuncia penal por "sedición, asociación ilícita agravada y atentado contra el orden constitucional y la vida democrática" contra los detenidos por los disturbios en la marcha en el Congreso, e incluyó al exlíder montonero Mario Firmenich y a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza; y de Lomas de Zamora, Federico Otermín; quienes presuntamente apoyaron la movilización.
En ese marco, Picardi pidió también toda otra documentación o información disponible en torno a lo expuesto en la denuncia del Ministerio de Seguridad Nacional en el que refirió que "los principales grupos de barras bravas partieron desde las Municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora".
El Gobierno nacional pidió el apartamiento de la jueza Karina Andrade, del Juzgado N°15 del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, quien liberó a los involucrados pocas horas después de ser detenidos. A ese pedido se sumó el Gobierno de la Ciudad, que también será querellante en la causa.