Así lo evaluaron también los mercados, que en la jornada siguiente abrieron con los bonos en rojo y generaron una suba del riesgo país de casi 4%. Para el especialista en finanzas Franco Tealdi, eso se debe a que "cada vez que la corporación política que quebró el país se junta a debatir como destruir el equilibrio fiscal, el Riesgo País sube", según un mensaje que compartió en X. Y agregó: "Porque ellos son el verdadero Riesgo País, no las reservas, no el dólar ni el FMI". El propio Milei compartió el posteo.
Desde la oposición, sin embargo, aseguran que esta vez (a diferencia de lo que había pasado en las iniciativas similares votadas y vetadas el año pasado) incorporaron las fuentes de financiamiento en el proyecto. El eje lo pusieron en fondos de la SIDE, en exenciones impositivas y en el ahorro por intereses no pagados al FMI, entre otros puntos.
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Sin embargo, lo cierto es que los números nunca estuvieron claros. Primero lo que la oposición habla es sobre la base de proyectos que no fueron debidamente analizados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ese organismo, que es tomado como referencia por todos los sectores cuando se tratan iniciativas con impacto fiscal, trabajó sobre la base de dictámenes que luego fueron alterados. Es que en el debate en comisión no se llegó a un único dictamen, sino que cada sector firmó el propio, algo que se terminó de negociar en el recinto.
Uno de los puntos, por ejemplo, es el que fijó el aumento del bono que cobran los jubilados de la mínima. Congelado en 70 mil pesos por Milei, se debatió hasta último momento si tenía que aumentarse a $105 mil o a $115 mil. Al final, también sin demasiado fundamento, se cortó por lo sano y se votó que sea de $110 mil.
Incluso también las posibles fuentes de financiamiento se fueron incorporando en el debate, cambios que fueron leídos por el diputado Nicolás Massot en el recinto. Dicho de otra manera, el análisis fino de los números no se pudo llegar a realizar.
Sin embargo, hay estimaciones que se pueden realizar en base a informes de la OPC y a estimaciones que hace el propio gobierno de Milei. De allí surge que entre los proyectos previsionales y el de emergencia en el área de discapacidad se podría superar los $ 11.000.000 millones de costo fiscal (1,155% del PBI).
El primer proyecto que se votó fue el que fijaba una aumento del 7,2% en los haberes previsionales y el aumento del bono hasta los $ 110.000. La primera parte no tenía cálculo por parte de la OPC, ya que es un trabajo que se había hecho el año pasado pero no fue actualizado. Ese cálculo cambió, ya que la base para el análisis es otra.
Según estimaciones del oficialismo, ese aumento tiene un impacto del 0,42% del PBI, que significa alrededor de $ 3.600.000 millones. Así lo expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en un posteo en redes sociales donde criticaba el día anterior a la sesión el peso fiscal de los proyectos que impulsaba la oposición.
El cambio en el bono sí había sido motivo de un informe reciente de la OPC, del 13 de mayo. Allí, se analizaba que "si el valor del bono que refuerza los haberes mínimos subiera de $70.000 por mes a $105.000 a partir de junio, el costo fiscal sería de $1.164.172 millones (0,14% del PIB), con un costo anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB)". Y que "en caso que el beneficio subiera a $115.000 el impacto llegaría a $1.500.961 millones (0,17% del PIB), con un costo anualizado de $2.567.477 millones (0,30% del PIB)".
Finalmente se decidió que sea de $ 110 mil, por lo que el calculo daría que si empieza en junio tendría un costo fiscal de $1.332.567 (0,155% del PBI) si empieza en junio y anualizado sería de $2.280.165 (0,265% del PBI).
La moratoria previsional, que se prorroga por dos años, también es parte del mismo informe. Allí se destaca que "tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI".
El análisis que hace la OPC también muestra que los cálculos son estimativos, ya que hay diferentes variables a considerar. "Según información disponible y considerando que muchos beneficiarios potenciales de la PUAM elegirían el beneficio contributivo se calculó que existirían 441.226 nuevos beneficiarios que ingresarían aproximadamente la mitad el primer año y el resto al segundo año", sostiene el informe, demostrando que el impacto real recién se conocería con la aplicación de la norma.
Más difícil es el análisis del proyecto que declara la emergencia en discapacidad. La OPC hizo un informe que se publicó el 23 de mayo. Ahí se describe que "la iniciativa busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, a través de una serie de medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario y en el marco de una emergencia dispuesta hasta fin del 2027". Es lo que se terminó votando en la madrugada del jueves.
Y continúa describiendo el informe: "Entre otras condiciones con impacto económico inmediato, el proyecto propone una modificación de las condiciones para acceder al beneficio y sostenerlo y el incremento de aranceles a prestadores".
Allí empiezan las especulaciones: "Podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $1.889.371 y $3.627.495 millones de pesos". Este gasto, según la OPC, es equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI.
Además, analiza que por "compensación de emergencia a prestadores" el costo fiscal sería de $278.323 millones y por "asignación para talleres de producción", alcanzaría los $7.160 millones.
El último párrafo de la reseña del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso es contundente en la dificultad para saber el costo que tendrá la iniciativa si finalmente se convierte en ley: "No es posible realizar otras estimaciones de medidas con impacto fiscal debido a la falta de información suficiente para realizar un cálculo fundado y preciso".
La suma máxima de todas las estimaciones da un total de $11.390.835 millones. Pero el número también deja dudas porque quedan muchas suposiciones abiertas.
Fuentes de financiamiento
Un rato después de conocida la media sanción a la cuestión previsional, el Presidente Milei tuiteó: "Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero. Fin".
La respuesta opositora no se hizo esperar. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue uno de los que detalló que "la media sanción no pone en riesgo el equilibrio fiscal" y enumeró las fuentes de financiamiento que expusieron en el proyecto para cubrir el "0,6% del PBI" que según sostiene costará la recomposición de los haberes. Sin embargo, según las estimaciones enumeradas, el impacto de los cambios jubilatorios (incluyendo la moratoria) superaría el 0,7% del PBI.
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Las fuentes de financiamiento de la oposición, serían su expresó Ferraro:
- IVA para directores de empresas. Hoy los directores de sociedades no pagan IVA por sus honorarios, como sí lo hacen los responsables inscriptos. Eliminando esta exención se recauda el 0,2% del PBI. Es una medida progresiva: no afecta a trabajadores comunes, sino a altos cargos empresariales.
- Ganancias para Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Estas entidades, que funcionan como respaldo crediticio para pymes, están exentas del impuesto a las ganancias. Levantar esa exención generaría 0,1% del PBI. No afecta a la operación de las pymes, sino a la renta pasiva de las SGR.
- Fondos de entes cooperadores. Actualmente, entes como los Registros Automotor o de la Propiedad generan ingresos (tasas y aranceles) que no entran al presupuesto nacional. Nacionalizando esos fondos se pueden recuperar más de $130.000 millones.
- Ahorro por intereses del FMI. Desde noviembre de 2024, Argentina se ahorra unos USD 500 millones por la reducción de recargos del FMI. Esos recursos se pueden reasignar directamente al fortalecimiento de las jubilaciones sin alterar el resultado fiscal.
- Fondo anticíclico (Jurisdicción 91, Programa 99). Este fondo, que financia bonos y cierre de paritarias, aún cuenta con más de $2,5 billones (0,4% del PBI) disponibles. Redistribuir parte de esos recursos permite financiar esta ley sin tocar otros programas ni generar déficit.
- Gastos reservados de la SIDE. Obligamos a redireccionar más de $33.000 millones asignados a gastos reservados de inteligencia, para destinarlos a quienes realmente lo necesitan: los jubilados. No se comprometen funciones esenciales del Estado, pero sí se prioriza con sentido común.
Billones de pesos en discusión, pero sin un debate profundo en un Congreso que ni siquiera trató el Presupuesto para el año en curso. Debate por recursos, pero que en el fondo lo único que esconde es una pelea política. Unos (el Gobierno) para manejar la lapicera sin discusión, otros (la oposición) para atestarle un duro golpe a Milei para obligarlo a tomar la antipática decisión de apelar un aumento para jubilados o ayuda para discapacitados.
