Grave violación a los derechos humanos
A la hora de analizar lo acontecido, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el atentado y la omisión de la investigación para el esclarecimiento constituyen una “grave violación a los derechos humanos”.
“Quiero acá dejar absolutamente claro un concepto. La brutal represión ilegal que desplegó la dictadura militar que usurpó el poder a partir de marzo de 1976 fue el episodio más oscuro, cruel y aberrante de la historia argentina. No hubo porción de la historia argentina previa a ese período que se le compare”, afirmó en su voto el camarista Llorens.
Pero, “aun así, su barbarie no absuelve ni exculpa a quienes planearon el atentado -la conducción de la organización ‘Montoneros’-; a las distintas células encargada de su logística y realización -los integrantes del denominado ‘Pelotón de Combate Sergio Puigros’-; ni a los que lo ejecutaron materialmente”, estableció otro de los pasajes de la resolución.
“Las atrocidades de unos, no neutralizan los crímenes de los otros. La cantidad de personas que resultaron fallecidas y otro tanto lesionadas, la carga comunicativa del evento y la nula repercusión investigativa, son circunstancias que prima facie alertan sobre su necesaria investigación”, advirtió el juez.
Contexto
El viernes 2 de julio de 1976 “el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía era el centro de congregación de decenas de personas. Policías y civiles, hombres y mujeres, altos jefes o simples empleados se encontraban en la planta baja del edificio de calle Moreno 1417 -en el horario del almuerzo, a las 13 horas 20 minutos- cuando se produjo la trágica detonación de una maleta con material explosivo”, recordaron los jueces sobre lo sucedido.
Ese mediodía, 23 personas murieron y más de 100 resultaron con heridas de diferente gravedad. Inmediatamente la organización Montoneros se adjudicó la autoría del grave hecho que causó un alto impacto en la sociedad.
Cómo sigue
La decisión de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires implica que la magistrada que lleva el caso y lo había cerrado por prescripción de los delitos, María Servini, tendrá que ordenar nuevas medidas de prueba y llamar a declarar de manera “inmediata” a testigos sobrevivientes.
“Consideramos que, a pesar del tiempo transcurrido, aún es posible avanzar en la investigación en el presente para esclarecer las responsabilidades en este suceso y poner fin al estado de incertidumbre que afecta a las víctimas y sus familiares”, advirtieron los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
