Lo que importa sobre el rechazo al habeas corpus presentado por Sergio Urribarri
- Habeas corpus rechazado: La jueza Carola Bacaluzzo determinó que el recurso no era la vía adecuada para solicitar la liberación de Sergio Urribarri.
- Condena firme: Urribarri fue sentenciado a ocho años de prisión por delitos de peculado y negociaciones incompatibles con su función como gobernador.
- Detención preventiva: La medida fue adoptada por la Cámara de Casación Penal de Paraná, que argumentó peligro de fuga debido a los recursos y conexiones del exmandatario.
- Reclusión en Paraná: Urribarri fue alojado en la Unidad Penal N°1, separado de la población carcelaria general por razones de seguridad.
- Posible apelación: Su defensa puede recurrir al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Contexto
¿Por qué fue detenido Sergio Urribarri?: Urribarri fue condenado por corrupción durante su mandato como gobernador de Entre Ríos (2007-2015). La sentencia lo encontró culpable de utilizar fondos públicos para financiar campañas políticas mediante contratos irregulares de publicidad y eventos. Las maniobras incluyeron:
- Contratos millonarios para promover su candidatura presidencial.
- Uso indebido de recursos estatales en eventos como la Cumbre del Mercosur y campañas publicitarias oficiales.
- Contrataciones amañadas que implicaron la cartelización de proveedores.
La Cámara de Casación Penal de Paraná dispuso su "inmediata captura" tras confirmar su condena en 2023.
¿Qué argumentó la defensa en el habeas corpus?: El abogado Leopoldo Cappa presentó un recurso de habeas corpus para intentar liberar a Urribarri, alegando un ataque ilegítimo a su libertad. Sin embargo, la jueza Bacaluzzo desestimó el planteo al considerar que no existía tal vulneración. Argumentó que:
- El habeas corpus no sustituye las decisiones judiciales.
- La defensa tiene otras vías legales, como recurrir al Superior Tribunal de Justicia.
- No había indicios de irregularidades en el proceso.
¿Qué sostiene el fallo de la Cámara de Casación?: El fallo que ordenó la prisión preventiva destacó dos aspectos clave:
- Riesgo de fuga: Urribarri cuenta con importantes recursos económicos, conexiones internacionales y capacidad para movilizarse rápidamente.
- Historial de obstrucción: Se lo acusa de realizar maniobras dilatorias para frustrar el avance del proceso judicial.
Las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo resaltaron además que, durante su gestión, Urribarri utilizó su posición para actuar con impunidad y desviar fondos públicos hacia fines personales.
¿Qué implica la detención preventiva?: Aunque la condena de Urribarri aún no está firme, la medida busca garantizar que no se fugue mientras la Corte Suprema de Justicia evalúa el caso. En prisión, el exgobernador permanece separado del resto de los internos por motivos de seguridad, pero bajo las mismas condiciones que el resto de la población carcelaria.
¿Cuál es la relevancia política del caso?: Urribarri, aliado del kirchnerismo y exembajador en Israel durante el gobierno de Alberto Fernández, enfrenta una caída en desgracia que golpea a su círculo político. Su caso se enmarca en un contexto más amplio de lucha contra la corrupción, con implicancias tanto legales como simbólicas para el sistema judicial y el manejo de fondos públicos en Argentina.
Cómo sigue
- Recurso al Superior Tribunal de Justicia: La defensa de Urribarri aún puede apelar ante la Sala Penal del tribunal provincial. Si esta instancia no revierte la medida, quedará como última opción recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Continuidad del proceso: La prisión preventiva se mantendrá hasta que se resuelvan las apelaciones pendientes. La Corte Suprema tendrá la última palabra sobre la firmeza de la condena.
- Impacto en el entorno político: El caso continuará siendo un punto de tensión política, dado el historial de alianzas de Urribarri y su perfil como exgobernador y figura del Partido Justicialista.
- Riesgo de precedentes: Este fallo refuerza la jurisprudencia sobre detenciones preventivas en casos de corrupción, destacando la importancia de evitar maniobras dilatorias y garantizar la integridad de los procesos judiciales.
