Contexto
¿Por qué García-Mansilla presentó su renuncia?
Manuel García-Mansilla renunció luego de un fuerte rechazo institucional y judicial a su permanencia en la Corte Suprema. Fue designado por decreto por el presidente Javier Milei, pero su pliego no fue aprobado por el Senado: recibió 51 votos en contra y solo 20 a favor. A raíz de esto, el juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida que le prohibía ejercer funciones en la Corte por tres meses. En ese contexto, y frente a crecientes presiones para que dejara el cargo, el jurista presentó su renuncia mediante una carta enviada al presidente.
¿Qué argumentos se dieron para cuestionar su nombramiento?
El principal argumento fue su designación sin aval legislativo. Según el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo necesita acuerdo del Senado para nombrar jueces de la Corte. Aunque García-Mansilla fue designado “en comisión”, su rechazo parlamentario volvió insostenible su permanencia. Ramos Padilla alertó que cualquier acto que firmara podría considerarse ilegítimo, lo que comprometería la seguridad jurídica. En su fallo sostuvo: “Podrían ser considerados ilegítimos, nulos o incluso inexistentes, dañando la seguridad jurídica”.
¿Qué dijo García-Mansilla en su carta de renuncia?
En su carta al presidente Milei, García-Mansilla defendió su decisión de aceptar el cargo y subrayó la necesidad de completar la integración de la Corte. “Acepté ese nombramiento con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional”, escribió. También sostuvo que su designación cumplía con los requisitos constitucionales para un nombramiento en comisión. Cuestionó la “naturalización” de las vacantes prolongadas y advirtió sobre los riesgos de un tribunal reducido a tres jueces. “Esto es, lisa y llanamente, un espejismo institucional que puede causar un daño incluso mayor que el que ya ha causado la demora en integrar el Tribunal”, afirmó.
¿Qué rol jugó la presión pública e institucional en su salida?
Tras el fallo judicial y el rechazo legislativo, distintos actores institucionales reclamaron su dimisión. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sostuvo que la decisión del Senado debía ser acatada. Su presidente, Ricardo Gil Lavedra, expresó que continuar en el cargo tras ese rechazo agravaba la situación institucional. También se sumaron voces desde el ámbito académico, donde docentes y juristas señalaron que mantenerlo como juez constituía una “violación directa” a la Constitución. La secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Maia Volcovinsky, señaló: “La intervención de las fuerzas federales en un territorio nacional solo se hace a solicitud de los gobiernos locales (...) y en esta oportunidad no hubo ningún requerimiento del Gobierno de la Ciudad”.
¿Cómo queda la Corte Suprema tras esta renuncia?
Con la salida de García-Mansilla, la Corte Suprema continuará funcionando con sus tres miembros actuales: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Esto genera limitaciones operativas, ya que para dictar sentencias se requiere mayoría, y en caso de no alcanzarla, se deberá convocar a conjueces. García-Mansilla había sido propuesto para cubrir una de las dos vacantes existentes, una de las cuales se mantiene sin ocupar desde hace más de tres años. Esta situación refuerza el problema de subintegración del tribunal, que él mismo había advertido como uno de los motivos de su aceptación inicial.
Cómo sigue
La Corte Suprema continuará funcionando con su integración reducida a tres miembros, lo que podría generar demoras y dificultades para dictar fallos en casos donde no se alcance una mayoría. Para resolverlos, será necesario recurrir al mecanismo de conjueces.
En el plano político, el oficialismo deberá definir una nueva estrategia para cubrir las vacantes restantes en el máximo tribunal, evitando repetir el conflicto generado por el nombramiento por decreto.
La salida de García-Mansilla también pone en foco la necesidad de acuerdos institucionales duraderos para cubrir cargos clave en la Justicia.
