A 83 días de asedio a los dirigentes antichavistas, que llevan casi 11 meses refugiados, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, instó este viernes a la comunidad internacional a "unir esfuerzos" para alcanzar una "pronta solución" para los cinco dirigentes asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas. Estos dirigentes denunciaron el "asedio policial" que enfrentan desde noviembre de 2024, y aseguran que deben racionar la energía eléctrica, quedaron nuevamente sin agua y señalaron las "burlas" del régimen de Nicolás Maduro.
En un comunicado, el Comando ConVzla, equipo organizador de la PUD, reiteró su pedido para que se otorguen "salvoconductos a la mayor brevedad", permitiendo que los asilados puedan salir de Venezuela.
Los asilados en la Embajada de Argentina son Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado. Estos se encuentran acusados por la Fiscalía venezolana de conspiración y traición a la patria.
Hasta el 19 de diciembre de 2024, también estuvo asilado el exministro Fernando Martínez Mottola, quien era asesor de la PUD. Según la Fiscalía, Mottola se presentó "voluntariamente" en la sede principal de la institución en Caracas para declarar sobre "graves hechos violentos, conspirativos y desestabilizadores" que, presuntamente, se organizaron desde la residencia tras las elecciones presidenciales de julio.
Servicios restringidos
La coalición denunció que "cada día se agravan las condiciones" de los asilados, quienes llevan 83 días sin servicio eléctrico. La empresa estatal de electricidad retiró los fusibles de la residencia, lo que obligó a los asilados a depender de un generador eléctrico de emergencia, cuyo uso es racionado para garantizar la mínima conectividad, dado que el restablecimiento del servicio ha sido reiteradamente negado.
Además, la PUD destacó las "restricciones de acceso a servicios y productos esenciales", como agua, medicamentos y alimentos, cuya entrada depende de las órdenes arbitrarias de los cuerpos represivos del régimen. Desde el 23 de noviembre, el recinto diplomático ha estado sitiado, y en las últimas dos semanas se impidió la entrada de camiones cisternas con agua potable. La situación se agravó, ya que el acceso al agua se limita a tres minutos o un máximo de 2.000 litros.
El bloque también denunció un "permanente amedrentamiento" a quienes intentan llevar productos o alimentos a la embajada. "No solo se les niega la autorización para ingresar, sino que los retienen hasta por dos horas y luego los devuelven, tras amenazarlos. Esto dificulta enormemente el suministro de insumos, poniendo en riesgo a quienes se atreven a acercarse", señaló.
A pesar de haber enviado comunicaciones privadas a varios miembros del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, la PUD admitió que no hubo respuesta. En este sentido, la coalición reiteró su invitación a estos diplomáticos para que verifiquen personalmente las condiciones en las que se encuentran los asilados y desmientan las versiones del régimen que intentan minimizar la situación creada bajo sus órdenes.
En agosto de 2024, Brasil asumió la protección de la Embajada de Argentina en Caracas después de que Nicolás Maduro expulsara al cuerpo diplomático argentino. Sin embargo, un mes después, Venezuela revocó esa autorización. A pesar de ello, la Cancillería de Brasil anunció que continuará con la "custodia y defensa de los intereses" de Argentina hasta que el país austral designe otro Estado aceptable para el régimen de Maduro para llevar a cabo esas funciones.
