En una corte federal de Miami, Paul Oswald Morani, un empresario estadounidense y argentino de 57 años, admitió su culpabilidad en un delito de transferencia ilícita de fondos. Esta admisión se produjo en el contexto de una trama que implicaba la creación de facturas falsas y empresas ficticias, utilizadas para blanquear 350 millones de dólares procedentes de Sudamérica.
De acuerdo con un informe de Law360, durante la audiencia ante la jueza del distrito de EE. UU. Beth Bloom, Morani reconoció su culpabilidad respecto a los cargos que se le imputaban, los cuales fueron disminuidos desde una acusación original de lavado de dinero. Su abogado, Marshall Louis, señaló que el delito fundamental de esta actividad ilegal fue el cambio de divisas sin la debida licencia.
La fiscal Monique Botero declaró que Morani fundó o supervisó la creación de múltiples empresas ficticias, las cuales estaban inscritas como compañías de importación-exportación o transporte de carga, pero en realidad no tenían actividad comercial legítima.
Utilizando estas empresas de fachada, se realizaban transferencias de fondos desde Argentina hacia sus cuentas bancarias en los Estados Unidos, para ser posteriormente reenviadas con celeridad. Este esquema involucraba la creación de facturas falsas con el propósito de eludir las restricciones cambiarias del país.
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La fiscalía alega que Morani empleó las ganancias ilícitas obtenidas mediante este esquema fraudulento para la compra de un apartamento de lujo en Miami Beach, valorado en 2.3 millones de dólares.
La jueza Bloom programó la fecha de la sentencia para el 7 de mayo en Miami. Por otro lado, su supuesta cómplice y pareja, María Eugenia Delannoy, está en proceso de extradición en Argentina, según lo informado por su defensa a Law360.
Detenida a principios de junio del año pasado, la mujer fue posteriormente liberada. Su arresto, llevado a cabo por la División Interpol de la PFA, se produjo a solicitud de la justicia estadounidense. Delannoy está acusada de complicidad con Morani y fue aprehendida cerca del barrio privado Santa Bárbara, en Tigre, donde residía.
Curiosamente, Morani había utilizado una dirección en Santa Bárbara al momento de establecer una de sus numerosas empresas en Argentina. Un detalle singular con respecto al arresto de Delannoy es que, según registros de la ANSES, en los últimos años había estado recibiendo la Asignación Universal por Hijo.
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El juez federal Sebastián Ramos recibió la solicitud de la justicia estadounidense para su detención, y en consecuencia, asignó responsabilidades a la Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la PFA. Durante las investigaciones, se reveló que Delannoy solía conducir coches de alta gama; sin embargo, no eran de su propiedad, sino que figuraba como persona autorizada para usarlos.
La investigación de los vehículos condujo a la localización de la sospechosa en el country Santa Bárbara. Se la acusa de realizar transferencias ilícitas de fondos desde Argentina hacia empresas fantasma radicadas en Estados Unidos, el mismo delito por el cual Morani recientemente se declaró culpable. Si bien Delannoy fue liberada, permanece sujeta al proceso judicial.
Morani se encuentra registrado como empresario en la Argentina, con una matrícula en la AFIP y un domicilio fiscal en la avenida Santa Fe. A lo largo de las dos últimas décadas, fue fundador o socio en más de una docena de empresas, incluyendo Asian Pacific Cargo SRL, según publicaciones oficiales.
También enfrentó una investigación por presunta violación a la ley de drogas, que dio lugar a un proceso judicial en la Cámara Federal de Corrientes. En abril pasado, la corte emitió una decisión favorable a Morani, ordenando la restitución de una camioneta Toyota Hilux, que había sido incautada en una anterior etapa del caso y posteriormente habían solicitado su devolución sus defensores.
El caso
El expediente "EEUU vs. Morani" se encuentra radicado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. La fiscalía está a cargo de Andrea Goldbarg y Daren Grove, pertenecientes a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. En cuanto a la defensa de Morani, está compuesta por un equipo legal que incluye a Alejandro Soto del bufete Fridman Fels & Soto PLLC, junto con Marshall Louis, Emiliano De Luca y Scott Nielson del estudio Boies Schiller Flexner LLP.
