Aunque la niña no mencionó a Loan directamente, la proximidad del terreno al lugar de la desaparición de Peña, que está a 144 kilómetros de distancia, llevó a que se vinculara este sitio con el caso y se iniciara una investigación. Además, se realizaron operativos de búsqueda, pero hasta ahora no producieron resultados positivos.
“El Americano” se queja de las ratas y teme represalias en el penal de Marcos Paz
Por otro lado, mediante un recurso de habeas corpus, la defensa de Nicolás Gabriel Soria, de 42 años y apodado “El Americano”, intentó su liberación del penal federal de Marcos Paz. Soria fue ingresado a esta prisión en septiembre pasado tras su arresto por obstruir la investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña, de 5 años.
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes decidió que corresponde al Juzgado Federal de Morón evaluar si hubo un empeoramiento en las condiciones de encarcelamiento del acusado.
Durante su comparecencia ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, el abogado de Soria, Dulio Jorge Ramírez, argumentó que “existe un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz”.
El abogado explicó que Soria fue ubicado en una celda de aislamiento del Pabellón 7, Módulo 3, la cual “carece de condiciones de higiene y salubridad, ello sumado a la existencia de roedores (ratas), lo cual, per ser constituye un empeoramiento de las condiciones de detención que ya venía sufriendo”.
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Según Ramírez, la situación se agrava aún más al considerar que, a pocos metros del pabellón donde se encuentra su cliente, está detenido el narcotraficante Javier Oscar López, quien es pariente cercano de las personas que presentaron la denuncia penal contra su defendido. Estos testimonios fueron fundamentales para la acusación por el delito de suministro de drogas de manera gratuita, relacionado con el hijo del mencionado López, Roberto Carlos.
El abogado argumentó que la proximidad entre Soria y López lo expone a posibles venganzas, lo que podría comprometer tanto su bienestar físico como mental. Esta situación también contribuye a un deterioro en las condiciones de su reclusión.
Mariano De Guzmán, el fiscal federal de Goya, señaló que si lo que plantea el abogado defensor resulta ser cierto, ocurriría en una jurisdicción diferente. En tal situación, debería ser el juez de esa área quien tome acción.
En este contexto, solicitó que se declare la falta de competencia y se envíe el caso al Juzgado Federal de Morón. En cuanto al posible riesgo de represalias, sugirió que se podría considerar la posibilidad de cambiar el lugar de detención solicitado.
Este lunes, Pozzer Penzo optó por considerarse incompetente para hacerse cargo del habeas corpus, argumentando que “requiere una inmediata constatación que solo puede ser efectivamente realizada por el juez con jurisdicción en el lugar donde se encuentra alojado el interno”.
Sostuvo que “ello garantiza con mayor inmediatez la adecuada apreciación de los hechos y la celeridad en el dictado y cumplimiento de la sentencia, por lo que al estar detenido el peticionante en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, resulta competente el juez territorial del lugar de alojamiento".
Respecto al lugar donde se encuentra detenido, Pozzer Penzo señaló que es responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF), como entidad del Poder Ejecutivo Nacional, decidir dónde se alojará a las personas en prisión, teniendo en cuenta el tipo de institución, su capacidad y la situación procesal del individuo. Además, expresó su intención de informar al complejo penitenciario sobre las solicitudes de la defensa.
Los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, compuesta por Mirta Gladis Sotelo, Selva Angélica Spessot y Ramón Luis González, ratificaron todas las decisiones tomadas por el Juzgado de Goya.
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“En consecuencia, corresponde confirmar los autos elevados en consulta, y remitir inmediatamente las actuaciones al Juzgado Federal de Morón, Provincia de Buenos Aires, en turno y con competencia territorial sobre el lugar donde se ejecuta el presunto acto lesivo”, indicaron.
A inicios de septiembre, Soria fue arrestado junto a otras nueve personas que habían llegado a 9 de Julio con el propósito de ofrecer apoyo y asistencia a los familiares de los niños que participaron en la excursión al naranjal, coincidiendo con la desaparición de Loan el 13 de junio. Ellos afirmaron que su desembarco fue respaldado por la Fundación Lucio Dupuy.
La acusación sostiene que Soria aprovechó la vulnerabilidad de los miembros de la familia Peña, impidiendo que pudieran declarar de manera libre. Por este motivo, se le formularon cargos por atentado y resistencia a la autoridad, falso testimonio agravado, violación de pruebas, encubrimiento agravado y privación ilegítima de la libertad, así como por la provisión gratuita de sustancias prohibidas.
De acuerdo con la decisión de Pozzer Penzo, Soria, quien se hacía pasar por agente de la Interpol y supuestamente como miembro de la CIA estadounidense, actuó con una motivación política y de autopromoción al dirigir sus acusaciones hacia una familia local con historial en narcotráfico.
Los persiguió, de manera amenazante, mantuvo vigilancia constante, tomó fotografías y entró en su hogar simulando un allanamiento. Se centró particularmente en uno de los hermanos, quien era adicto, a quien proporcionaba cocaína diariamente a cambio de que denunciara a su familia como culpable de lo que había sucedido con Loan.
Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio en una zona rural de 9 de Julio. Las autoridades están llevando a cabo una investigación, tratándose de un posible secuestro, aunque aún no se han determinado los motivos detrás de este acto.
Se han arrestado a siete individuos en relación con el caso: Laudelina Peña, tía del niño, de 45 años, junto a su esposo Bernardino Antonio Benítez, de 38; Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez, de 49 años, y su esposa Mónica del Carmen Millapi, de 35; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, de 53 años, con su compañero, el ex marino Carlos Guido Pérez, de 63; y el comisario Walter Adrián Maciel, de 45 años, quien está siendo señalado por manipulación de pruebas.
La Cámara Federal de Apelaciones ha determinado prorrogar el periodo de investigación hasta marzo del próximo año debido a la complejidad que presenta el caso.
