A las 7:10, en la esquina de la calle 44 con la avenida Costanera, lo rodearon a la entrada de una vivienda y lo agredieron a puñetazos, impidiendo que pudiera recibir asistencia. En medio del altercado, uno de los agresores le asestó una cuchillada en el pecho. Después de que un vecino alertara al 911, las autoridades y una ambulancia llegaron rápidamente al lugar. Tomás fue llevado de emergencia al hospital de Santa Teresita, pero los médicos no lograron salvarlo. La autopsia reveló que su fallecimiento fue a causa de una puñalada en el corazón.
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En uno de los recientes progresos en la investigación, la fiscalía solicitó que el caso se lleve a juicio. Ahora se espera la decisión del sistema judicial, que, si es favorable, llevará a los siete acusados a enfrentar el proceso en el estrado. Se estima que la resolución podría conocerse entre marzo y abril de 2025.
Durante el transcurso de la investigación, se realizaron hasta 16 detenciones; sin embargo, los implicados que permanecen en la causa son Damián “El Kope” Kopelián (21), señalado como autor de homicidio agravado, así como Federico Gonzalo Brandán (22), Nicolás Roberto Ochoa (27) y Carlos Amestoy (29), quienes son acusados de ser coautores necesarios del delito. Además, Dylan Morel (18), Alexis González (18) y Lucas Carrillo (18) enfrentan cargos como coautores primarios. Todos ellos se encuentran en prisión preventiva desde febrero.
La investigación reveló que el arma utilizada para apuñalar a Tello nunca fue encontrada. A pesar de esto, los investigadores lograron establecer que el atacante, identificado como "El Kope", empleó un objeto corto y punzante de más de cinco centímetros de longitud, lo cual se determinó a través de las pruebas médicas realizadas al afectado.
El 1° de enero de 2025, a las 20:00 horas, la familia de Tomás organizará una marcha con motivo del primer aniversario de su asesinato, exigiendo justicia. El evento se llevará a cabo en la avenida 41, entre las calles 8 y 9, en Santa Teresita.
El peluquero asesino de Recoleta
El miércoles 20 de marzo a las 20:10, Abel Guzmán, un peluquero, disparó y asesinó a su colega, el colorista Germán Medina, en un incidente que generó amplia atención en los medios de comunicación. Este trágico suceso, que tuvo lugar en el barrio de Recoleta, se vio intensificado por el hecho de que quedó capturado por una cámara de seguridad situada en el establecimiento "Verdini".
Las grabaciones muestran cómo el agresor brandó un arma durante un momento de socialización entre los presentes. “Habían terminado el día de trabajo y eran las únicas cinco personas que estaban. Se juntaron para distenderse y después cerrar el local”, explicó Cristian Benítez, el abogado de la peluquería situada en la calle Beruti al 3017.
“Por lo que se ve en las imágenes, entiendo que había algún tipo de encono entre ellos y utilizó ese momento para descargar la ira. Otra explicación no le encontramos. No era una reunión de trabajo, sino una situación de tratar de pasar el tiempo hasta poder retirarse”, agregó.
Tras el violento incidente, Guzmán huyó a través de una de las ventanas del local y se mantuvo en la clandestinidad durante 70 días. Finalmente, tras una exhaustiva búsqueda, fue arrestado el 28 de mayo por miembros de la Policía de la Ciudad durante un operativo en una vivienda en Moreno.
El peluquero Abel Guzmán mató a su compañero de trabajo
La Justicia cuenta no solo con los videos de las cámaras de seguridad que documentan el horrendo delito, sino que también se hicieron públicos los mensajes de chat entre el acusado y otros miembros del equipo del comercio, los cuales ponen de manifiesto la tensa relación que existía entre ellos.
Según lo expuesto en la resolución del juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, la controversia se originó durante un intercambio en un grupo de WhatsApp de peluqueros. En este diálogo, el propietario, Facundo Verdini, hizo hincapié en que el uso de formol estaba prohibido. Ante esto, Guzmán respondió que “no tenía problema”.
“Nos encontramos y lo resolvemos como corresponde”, propuso el acusado durante una videoconferencia por Zoom con todos los trabajadores, un mes antes del asesinato. Por su parte, Medina, la víctima, respondió: “Hasta donde yo entiendo se hace lo que el jefe dice y si no patada en el tuje. ¿Dónde se vio que se le hable así al que te paga el sueldo? Si no le gusta a alguien que agarre la puerta y listo. Muerto el perro, se acabó la rabia”.
En ese instante, la disputa se centraba en que Guzmán era el único que empleaba formol para sus tratamientos de alisado, lo que generaba tensiones con sus colegas y Verdini, debido a los riesgos que esto representaba para la salud.
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En septiembre, la causa fue llevada a juicio por Sánchez Sarmiento, aunque aún no se determinó la fecha de inicio. Esta decisión se tomó tras una solicitud del fiscal Patricio Lugones, quien también solicitó que Guzmán fuera acusado como presunto responsable de un "homicidio agravado por alevosía" en el caso del asesinato de Medina. Asimismo, se le imputa la privación ilegítima de la libertad agravada, debido a que mantuvo encerradas a la víctima y a otras cuatro personas en la peluquería, pocos minutos antes del crimen.
“Las imágenes que se analizaron son contundentes y permiten afirmar que el imputado Guzmán trazó un plan criminal de tamaña dimensión, cuyo objetivo final se desconoce en su totalidad pero que se llevó consigo la vida de Germán Medina”, señaló Lugones en su solicitud.
Asimismo, añadió: “El acusado fue minucioso en escoger el día en el que sabía que sus compañeros se quedarían después de hora tomando una cerveza. Era allí cuando debía atacar a sus víctimas, en el mayor momento de indefensión, cuando conversaban distendidos”.
El primer delito (homicidio agravado) por el que será procesado conlleva, como única sanción, una pena de prisión de por vida. En contraste, el segundo cargo (privación ilegítima de libertad) podría resultar en una condena de entre 2 y 6 años de cárcel.
El femicidio de la influencer cordobesa
Catalina Gutiérrez, una estudiante de 21 años e influencer, residía con su familia en el barrio Inaudi, en Córdoba. La noche del miércoles 17 de julio, alrededor de las 21 horas, salió de su hogar y, poco después, dejó de responder a los mensajes que le enviaban.
Se estima que, aproximadamente a las 21:30, Catalina arribó al departamento de su mejor amigo, Néstor Soto, en la calle Podestá Costa. Su intención era recogerlo en su Renault Clio para dirigirse juntos a una reunión con sus compañeros de la Facultad de Arquitectura en el centro comercial Patio Olmos.
En el hogar del imputado, quien también tiene 21 años, se habría desencadenado una disputa entre amos, seguida de un forcejeo que resultó en que Catalina fuese golpeada y estrangulada.
Alrededor de las 22:20, una grabación captó el paso del Clio por la avenida Valparaíso, en la intersección con la calle José Guardado. Los investigadores sostienen que, en ese instante, el perpetrador la transportaba en estado inconsciente o, quizás, ya sin vida.
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Soto dejó el vehículo en la calle Pedro Echagüe, en el barrio Ampliación Kennedy, con la intención de incendiarlo para destruir cualquier prueba. Sin embargo, esa madrugada, familiares y amigos de Catalina llegaron al lugar, guiados por el rastreo del celular de la joven, y descubrieron el cuerpo de Catalina en el asiento trasero del auto.
El 2 de agosto, Soto finalmente admitió la responsabilidad del crimen: "Yo la maté". Un mes y cuatro días después, el 18 de diciembre, la Cámara Undécima de Crímenes de Córdoba confirmó la fecha para el inicio del juicio. A partir del 27 de febrero de 2025, las audiencias se llevarán a cabo con la participación de un jurado popular.
Aunque se había previsto que el juicio iniciara el 23 de diciembre de este año, su comienzo fue aplazado para el próximo año, justo antes del fin de semana largo de Carnaval.
El autor del femicidio enfrenta cargos por “homicidio calificado por alevosía y por violencia de género”, un crimen que conlleva una posible condena de cadena perpetua.
El crimen del pequeño Bastián Escalante en Wilde
A las 20:30 del 10 de julio, Bastián Escalante se retiraba de la canchita de fútbol de su vecindario en Wilde. Montaba su bicicleta mientras su madre, que lo había acompañado a sus entrenamientos de los miércoles, iba a su lado.
No habían avanzado más de una cuadra cuando, de repente, dos delincuentes en motocicleta intentaron asaltar a un hombre que estaba detenido en la esquina de Caxaraville con su moto. Sin embargo, los asaltantes ignoraban que su blanco era un policía fuera de servicio.
El hombre se opuso al ataque y, sacando su arma de servicio, empezó a disparar en todas direcciones para asustar a los criminales. No se percató de que Bastián estaba en la vereda. El niño de 10 años fue alcanzado por un disparo en la espalda y otro en el cuello. Se derrumbó en el suelo y, antes de perder el conocimiento, le comunicó a su madre que sentía un dolor intenso.
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Al ingresar al hospital, Bastián presentó un shock hipovolémico debido a una hemorragia severa. Los médicos intentaron realizarle dos cirugías, pero en la segunda no logró sobrevivir y falleció. Tras su muerte, Johana Montoya, la madre del niño, se embarcó en una lucha por justicia.
Inicialmente, el oficial Juan Alberto García Tonzo fue detenido, pero pocos días después fue puesto en libertad. Su defensa argumentó que las balas que hirieron a Bastián eran disparadas por los delincuentes en motocicleta, no por él.
No obstante, Montoya no se quedó de brazos cruzados y consiguió que el oficial fuera encarcelado nuevamente, anulando así la decisión del Juzgado de Garantías que lo había liberado. Se determinó que las balas eran de una pistola Bersa de 9 mm que pertenecía a García Tonzo.
Caso Loan Peña en Corrientes
Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024. El niño de 5 años había llegado junto a su padre, José Peña, a la casa de su abuela Catalina, situada en el Paraje Algarrobal, cerca de 9 de Julio, para participar en una reunión familiar. Aunque no se trataba de un evento organizado, la visita coincidió con el Día de San Antonio, una celebración muy arraigada en el norte del país.
Después de la comida, Loan se dirigió a recolectar naranjas junto a su tía Laudelina Peña, su tío Antonio Benítez y algunos primitos, a pesar de que no había recibido permiso de su padre. Poco después, los adultos que estaban en la mesa se dieron cuenta de que no estaba y se inició una intensa búsqueda. Finalmente, se tomó la decisión de reportar su desaparición y se activó la alerta Sofía.
El 16 de junio se encontró una de las zapatillas de Loan, ubicada a aproximadamente 5 kilómetros de la vivienda de su abuela, parcialmente enterrada en el barro. Este hallazgo resultó ser crucial, aunque posteriormente comenzaron a surgir dudas sobre la posibilidad de que la zapatilla hubiera sido colocada intencionalmente para desviar el rumbo de la investigación.
La teoría inicial de un simple extravío fue rápidamente sustituida por la de un secuestro, lo que llevó a que la búsqueda se expandiera a otras naciones mediante la intervención de Interpol, al sospecharse la posible existencia de una red de tráfico de personas. La investigación se volvió más rigurosa, y empezaron a emerger evidencias que sugerían un encubrimiento por parte de algunas autoridades locales.
Las primeras evidencias indicaron que los coches de Carlos Pérez y su pareja, María Victoria Caillava, quien era una funcionaria municipal y él un militar retirado, que habían estado presentes durante el almuerzo, habían sido involucrados en el caso.
Debido a las inconsistencias en los testimonios de los implicados, la indagación se amplió y el asunto fue llevado ante la Justicia Federal. El 24 de junio, se sumó a la causa la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para colaborar en la investigación.
El 6 de julio, el caso tomó un rumbo significativo con la aprehensión de Laudelina Peña, quien alteró su relato y confesó haber entregado la zapatilla al comisario Walter Maciel con el propósito de que la escondiera en el barro y confundiera a los investigadores. También reconoció que había falseado información acerca de un supuesto accidente. Este nuevo desarrollo resultó en la captura del oficial que, en ese momento, lideraba la búsqueda.
Después de más de seis meses de indagaciones, la jueza Cristina Penzo dictó prisión preventiva para varios de los arrestados, a quienes se les imputan delitos de secuestro, apropiación de menores y encubrimiento.
El caso de Loan Peña continúa siendo un enigma en el ámbito judicial, con múltiples sospechosos ya procesados y la pesquisa aún en desarrollo. Entre los principales acusados figuran Antonio Benítez, el tío de Loan; Daniel “Fierrito” Ramírez, una amistad de Benítez; y María Victoria Caillava, quien, junto a su pareja Carlos Pérez, enfrenta cargos por supuestamente integrar una red dedicada al tráfico de menores. Asimismo, el excomisario Walter Maciel se encuentra tras las rejas por alterar evidencia.
El caso permanece en manos de la Justicia Federal, mientras que la familia persiste en su empeño por alcanzar justicia, que constituye su meta principal.
