A través de un comunicado emitido este miércoles, la Justicia señaló que se le atribuyen delitos contra otras mujeres detenidas. En noviembre de 2024, un caso ocurrido en la cárcel de mujeres de Bouwer causó gran revuelo en Córdoba. Gabriela Fernández, una mujer transgénero, fue acusada de haber abusado sexualmente de una interna y de haberla dejado embarazada.
Este miércoles, la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno ordenó la detención de Fernández y la imputó por nuevos casos de abuso contra otras internas. Según un comunicado del Ministerio Público Fiscal, Fernández quedó a disposición de la mencionada Fiscalía y de la Cámara Criminal y Correccional de Cuarta Nominación.
Ahora, se sumó además una nueva imputación por abuso sexual, y se detalló que la identidad de género de Fernández está siendo evaluada dentro de la causa.
Antecedentes del caso
Fernández cambió su identidad de género en 2018 mientras cumplía una condena por violencia de género. Luego, fue trasladada al pabellón femenino de Bouwer, donde acumuló varias denuncias por maltrato y agresión hacia otras internas. En 2019, una compañera de celda la denunció por privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas.
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Tras obtener la libertad condicional, Fernández fue nuevamente denunciada, esta vez por su pareja, quien usó su identidad masculina en la acusación. Como resultado, Fernández regresó a prisión en 2023 por violar una orden de restricción al intentar contactar a la denunciante.
El 17 de julio de 2024, la Justicia tomó conocimiento de una nueva denuncia en su contra: una interna del pabellón donde estaba alojada la acusó de abuso sexual, y afirmó que había quedado embarazada como consecuencia de la agresión.
El 31 de octubre, la Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la prisión preventiva de Fernández, elevó la causa a juicio y ordenó su traslado a una celda aislada para evitar que tuviera contacto con otras personas. La resolución fue firmada por los jueces Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies.
Ingresó a la cárcel en 2016 como hombre, cambió de género para evitar una condena más grave y con lo que fue llevado a un pabellón de mujeres.
Ese mismo año ejerció violencia de género contra otras mujeres presas y dejó embarazada a una compañera. Después, en libertad condicional, una nueva pareja de género femenino la denuncia, pero con su nombre masculino. Entonces volvió a la cárcel en 2023 por nuevas acusaciones.
El 31 de octubre la Cámara de Acusación de Córdoba ratificó la prisión preventiva y advirtió sobre su peligrosidad: “Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres internas, sin contar a las funcionarias, también mujeres, encargadas del cuidado de las alojadas”.
La decisión de los jueces Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies incluyó que fuera a una celda donde no esté en contacto con mujeres ni con hombres.
El caso fue abordado por la ministra Patricia Bullrich en sus redes en ese momento. “La autopercepción es una mentira para seguir haciendo adentro lo que hacía afuera (...). Esto sucedió en la cárcel provincial de Bouwer. No podemos dejar que nos engañen para repetir el delito que cometieron en la calle. Nosotros en las cárceles federales no lo permitimos”.
El presidente Javier Milei anunció que iba a prohibir el cambio de género en las cárceles federales.
