El conflicto por el financiamiento universitario se ha convertido en uno de los temas más polémicos del 2024, especialmente después de que el presidente Javier Milei vetara la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en septiembre. Esta norma pretendía asegurar un ajuste automático del presupuesto universitario acorde con la inflación, garantizando además un aumento salarial para docentes y no docentes de las universidades públicas. La implementación de esta ley hubiera inyectado alrededor de 800.000 millones de pesos adicionales al sistema educativo, lo que representaría un 0,14% del PBI. Sin embargo, el Gobierno justificó el veto argumentando que este incremento pondría en riesgo el equilibrio fiscal, en un contexto donde la reducción del déficit es una prioridad central.
El debate sobre la financiación universitaria ha estado en el centro de las protestas y movilizaciones de distintos sectores académicos y políticos. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las universidades necesitan aproximadamente 7,2 billones de pesos para funcionar en 2025, pero el presupuesto propuesto por el Gobierno es de solo 3,8 billones, lo que cubre apenas la mitad de las necesidades proyectadas. Esta diferencia ha generado fuertes tensiones, ya que las universidades alertan sobre el riesgo de paralización de actividades si no se ajusta el presupuesto.
Uno de los principales puntos de conflicto ha sido el salario de los docentes y no docentes, quienes han visto cómo su poder adquisitivo ha disminuido significativamente en el último año. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, los salarios de estos trabajadores aumentaron un 89,5%, mientras que la inflación en ese período alcanzó el 153%, lo que se traduce en una pérdida de aproximadamente 33% del poder adquisitivo. Este deterioro de los salarios ha sido uno de los factores clave que ha impulsado las protestas universitarias. Los sindicatos reclaman ajustes salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido, pero desde el Gobierno sostienen que cualquier aumento debe ser compatible con las restricciones presupuestarias actuales.
Por otro lado, el sistema educativo obligatorio también ha sido objeto de recortes presupuestarios en los últimos años. Según datos del economista Alejandro Morduchowicz, mientras que el presupuesto universitario ha crecido un 226% desde 1980, la inversión en la educación inicial, primaria y secundaria ha aumentado solo un 163%. Esta disparidad ha generado críticas, ya que muchos sostienen que los recursos deberían priorizarse en la educación básica, donde los índices de pobreza y desigualdad educativa son mucho más pronunciados.
El debate por la equidad
Guillermina Tiramonti, máster en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), ha sido una de las voces más críticas respecto del sistema universitario en Argentina. Entrevistada recientemente en El Observador 107.9, la especialista asegura que uno de los principales problemas de las universidades públicas es que, a pesar de ser gratuitas y contar con un ingreso irrestricto, en la práctica no garantizan la equidad que se esperaba. "La universidad pública no es igualitaria", sostiene, explicando que los estudiantes de sectores más vulnerables no solo tienen dificultades para ingresar, sino que también tienen una tasa de deserción muy alta. En cambio, la mayoría de los egresados proviene de clases medias y altas, lo que evidencia una falta de equidad estructural en el sistema.
Tiramonti señala que el ingreso irrestricto genera una "selección darwiniana", donde solo los estudiantes que cuentan con apoyo familiar o recursos económicos suficientes logran completar sus estudios. Esta situación, según la especialista, pone de manifiesto que el sistema universitario necesita una reforma profunda que aborde no solo el tema presupuestario, sino también la estructura académica y la organización interna de las universidades.
Además, la especialista subraya que las universidades argentinas han fallado en adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral y a las transformaciones sociales del siglo XXI. Según ella, las carreras siguen siendo demasiado largas y rígidas, lo que contribuye a una falta de flexibilidad que dificulta la inserción de los graduados en el mundo laboral. Propone que las universidades deberían implementar carreras más cortas y con mayor capacidad de adaptación a las necesidades del presente.
Otro de los puntos que genera controversia es la transparencia en el manejo de los fondos universitarios. Tiramonti argumenta que, para que las universidades puedan seguir siendo gratuitas y accesibles, es fundamental que exista una auditoría clara de los recursos, algo que actualmente no se realiza de manera efectiva. Según la especialista, la falta de rendición de cuentas en algunas universidades es un obstáculo para lograr una distribución más equitativa de los fondos públicos. En este sentido, aboga por una revisión integral del sistema, que no sólo se enfoque en el financiamiento, sino en cómo se gestionan los recursos internos.
Tiramonti también señala que la universidad pública, tal como está organizada hoy en día, no está cumpliendo con su objetivo de ser un instrumento de movilidad social. Para que esto ocurra, afirma, es necesario repensar la relación entre la gratuidad, el ingreso irrestricto y la eficacia del sistema educativo.
Educación universitaria y sus antecedentes: la situación en la primaria y secundaria
El director del área de educación de la Universidad Torcuato Di Tella, Mariano Narodowski, en una reciente columna de opinión publicada en el diario Clarín ofrece un enfoque complementario, centrado en la crisis de la educación obligatoria en Argentina. Para Narodowski, el problema no reside únicamente en el financiamiento universitario, sino en la profunda desigualdad que existe en los niveles inicial, primario y secundario. "La educación primaria y secundaria es donde debemos concentrar nuestros recursos", afirma Narodowski, destacando que más del 60% de los niños argentinos menores de 14 años vive en situación de pobreza, lo que afecta gravemente su acceso a una educación de calidad.
Narodowski subraya que la priorización de las universidades en el reparto de recursos ha dejado rezagada a la educación básica, donde se encuentran los problemas más graves del sistema educativo. Si bien las universidades han recibido un aumento significativo en su presupuesto, las escuelas y los institutos primarios y secundarios han sufrido recortes que han afectado la calidad educativa en esos niveles. Esto, a su vez, repercute en la universidad, ya que los estudiantes que acceden a ella lo hacen con una formación deficiente, lo que contribuye a los altos índices de deserción y bajo rendimiento académico.
Narodowski también critica el ingreso irrestricto a las universidades, señalando que este modelo ha generado un sistema ineficiente, con universidades saturadas de estudiantes que en su mayoría no logran completar sus estudios. "Solo el 30% de los estudiantes que ingresan a las universidades se gradúan, lo que demuestra la ineficiencia del sistema", sostiene. En su opinión, las universidades argentinas deberían adoptar un sistema de selección de estudiantes basado en la capacidad o el mérito académico, como ocurre en muchos otros países.
Además, Narodowski propone que las universidades deben revisar su estructura interna para optimizar sus recursos. En lugar de seguir operando bajo un modelo de masificación, las universidades deberían reducir el número de carreras y concentrar sus esfuerzos en ofrecer una educación de calidad en áreas clave. Esto permitiría mejorar las tasas de graduación y garantizar que los egresados tengan las herramientas necesarias para enfrentarse a los desafíos del mercado laboral actual.
Un sistema en revisión
El conflicto desatado por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario ha puesto en evidencia la necesidad de repensar el sistema educativo superior en su totalidad. Más allá del debate sobre la cantidad de recursos destinados a las universidades, especialistas de diversas áreas coinciden en que la discusión debe ir mucho más allá de lo presupuestario y abarcar temas estructurales como la equidad, la eficiencia y la modernización del sistema.
El anteriormente citado Alejandro Morduchowicz ha destacado que el aumento del financiamiento a las universidades en las últimas décadas no ha tenido un impacto directo en la mejora de la calidad educativa ni en la equidad del sistema. Según Morduchowicz, las universidades reciben una porción cada vez mayor del presupuesto educativo, lo que ha dejado a la educación obligatoria en una situación de vulnerabilidad. La inversión en educación primaria y secundaria ha crecido menos en proporción a la educación superior, lo que agrava las diferencias en los niveles educativos y genera desigualdades territoriales. Para él, es urgente equilibrar la asignación de recursos, garantizando que las escuelas también cuenten con los fondos necesarios para ofrecer una educación de calidad.
Otro punto central en la discusión es la eficiencia del sistema universitario. Luciana Vázquez, periodista especializada en política y educación, ha señalado que el sistema actual presenta graves problemas de burocratización y falta de transparencia. En sus análisis, Vázquez ha argumentado que, aunque la universidad pública sigue siendo un motivo de orgullo para muchos argentinos, su estructura está lejos de ser eficiente. La baja tasa de graduación y el alto nivel de abandono son síntomas de un sistema que no logra adaptarse a las necesidades del país. Además, la falta de auditorías claras y de un manejo transparente de los fondos públicos genera desconfianza, tanto en la comunidad académica como en la sociedad en general.
En cuanto a la cuestión de la equidad, Emilio Tenti Fanfani, uno de los más reconocidos pedagogos del país, ha advertido que la gratuidad y el ingreso irrestricto por sí solos no garantizan un acceso igualitario a la educación superior. Tenti Fanfani sostiene que las universidades, tal como están estructuradas hoy, favorecen a los sectores de clase media y alta, mientras que los estudiantes de los sectores más pobres se ven marginados. Esto se debe en parte a que los jóvenes de sectores vulnerables muchas veces no logran completar la educación secundaria, lo que les impide acceder a la universidad en condiciones de igualdad. En este sentido, propone que el Estado no solo debe garantizar el acceso a la universidad, sino que debe acompañar a los estudiantes desde los primeros niveles educativos para que lleguen con las competencias necesarias.
A su vez, Juan Ignacio Doberti, investigador en temas de educación, ha insistido en la necesidad de reformar el modelo de enseñanza de las universidades argentinas. Doberti critica que las universidades sigan utilizando un sistema de cátedras que data del siglo XIX, lo que, en su opinión, contribuye a que las instituciones sean poco flexibles y no se adapten a los avances tecnológicos y las nuevas demandas del mercado laboral. Para Doberti, una de las claves para mejorar la educación superior pasa por modernizar los programas académicos, hacer que las carreras sean más cortas y que se ofrezcan mecanismos de aprendizaje más dinámicos.
Frente a esta situación, muchos especialistas coinciden en que el sistema universitario necesita una reforma integral. No basta con aumentar los fondos; es necesario que las universidades se modernicen, que se adapten a las necesidades actuales y que se enfoquen en brindar una educación de calidad que responda a los desafíos del presente y el futuro. El debate sobre el veto presidencial puede ser el punto de partida para una discusión más amplia sobre cómo transformar el sistema educativo superior en Argentina, garantizando que la gratuidad y el ingreso irrestricto realmente promuevan la inclusión social y la movilidad.
