El Gobierno nacional presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca simplificar el proceso de divorcio en Argentina. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Simplificación del Estado y encabezada por Federico Sturzenegger, apunta a que los cónyuges puedan disolver el matrimonio de manera administrativa, siempre que ambos estén de acuerdo, evitando así el trámite judicial. Actualmente, la legislación exige la creación de un expediente judicial, lo que genera tiempos y costos adicionales.
La iniciativa también incluye modificaciones en el proceso de retiro de fondos de depósitos judiciales, lo que contribuiría a agilizar y modernizar ciertos aspectos del sistema judicial. Esta propuesta es parte de un conjunto de proyectos que forman parte del plan del presidente Javier Milei para desburocratizar la administración pública y reducir la carga sobre el Poder Judicial.
Simplificación del divorcio
El proyecto, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, propone modificar el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación. Actualmente, este artículo contempla tres causales para la disolución del matrimonio: la muerte de uno de los cónyuges, la presunción de fallecimiento mediante sentencia judicial y el divorcio declarado judicialmente. La modificación añade una cuarta causal: el divorcio en sede administrativa, que tendría los mismos efectos que el divorcio declarado judicialmente.
Según el texto del proyecto, esta nueva modalidad permitiría a los cónyuges disolver su vínculo matrimonial por un trámite administrativo, siempre y cuando ambos estén de acuerdo y hagan la solicitud conjunta ante el oficial público del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al último domicilio conyugal. Esta opción, según los argumentos del Gobierno, es más rápida, económica y sencilla que el proceso judicial tradicional, lo que beneficiaría a las parejas que desean separarse de manera consensuada sin tener que enfrentar los altos costos y demoras que implica un juicio.
El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, explicó que este cambio "otorga mayor libertad a las partes para decidir sobre su vida personal y económica, sin los obstáculos que implica el actual sistema judicial". También se subrayó que este nuevo formato aliviaría la carga sobre el sistema judicial, que a menudo se ve saturado por la gran cantidad de causas de divorcio que deben tramitarse en los tribunales.
Desde la reforma del Código Civil en 2015, ya no es necesario justificar la causa de la separación para iniciar un proceso de divorcio, y basta con la voluntad de uno de los miembros de la pareja para proceder. Sin embargo, la nueva propuesta de divorcio administrativo representaría un paso adicional hacia la desjudicialización de la vida familiar, simplificando aún más los trámites.
Depósitos judiciales: menos burocracia, más digitalización
El segundo proyecto de ley presentado por el Ministerio de Desregulación y Simplificación del Estado busca modernizar el manejo de los depósitos judiciales y reducir los tiempos y costos asociados a su retiro. Actualmente, los fondos depositados en cuentas judiciales solo pueden retirarse mediante una orden judicial que requiere la presencia física del interesado en el banco. Además, este proceso suele ser costoso debido a los gastos vinculados con los trámites.
El nuevo proyecto propone eliminar la obligatoriedad de realizar la extracción presencial de los fondos, priorizando las transferencias electrónicas. Esta medida no solo facilitaría el acceso al dinero sino que también abarataría los costos al suprimir el cobro de estampillas y otros aranceles que hoy forman parte del proceso.
Uno de los aspectos clave de la propuesta es que se elimina el monopolio del Banco Nación en los depósitos judiciales, permitiendo que estos fondos puedan ser depositados en cualquier entidad financiera donde el Estado nacional, las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengan participación accionaria. Entre los bancos que se beneficiarían de esta medida se encuentran el Banco Macro, el Grupo Financiero Galicia, el Banco Patagonia y el BBVA, entre otros. De aprobarse, esta modificación permitiría una mayor competencia en el manejo de los fondos judiciales, lo que podría traducirse en mejores condiciones para los usuarios.
Además, el proyecto extiende la digitalización de los trámites judiciales al eliminar la obligación de publicar edictos en los diarios y reemplazarlos por publicaciones electrónicas en el Boletín Oficial. Este cambio contribuiría a la reducción de costos y tiempos en los procesos judiciales y al mismo tiempo promovería una mayor transparencia en el sistema.
Un nuevo marco legal para los bienes incautados
En el mismo paquete de reformas, el Gobierno propone cambios en el manejo de los bienes incautados en causas penales. Según la legislación vigente, los bienes decomisados deben depositarse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires o en la sucursal del Banco Nación que corresponda. Sin embargo, el nuevo proyecto plantea que estos bienes puedan ser gestionados por cualquier entidad financiera donde el Estado o las provincias tengan participación accionaria, ampliando así las opciones de depósito y agilizando los procedimientos.
El ministro Federico Sturzenegger, quien lidera el proceso de desburocratización del Estado, señaló que estas reformas buscan "modernizar la justicia" y "aliviar la carga" que hoy soportan los tribunales y las instituciones financieras estatales, promoviendo un sistema judicial más eficiente y accesible.
