Contexto
¿Qué decía la resolución que generó la polémica?
El 16 de enero de 2025, ANDIS publicó la Resolución 187 en el Boletín Oficial. La normativa establecía los criterios de evaluación médica para determinar la invalidez en el otorgamiento de pensiones no contributivas.
El problema surgió cuando se conoció el Anexo I, que utilizaba términos ampliamente desechados por la comunidad científica y la sociedad en general para referirse a personas con discapacidad intelectual. Entre ellos, se incluían:
- “Idiota” (CI 0-30): “No atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no controla esfínteres, no puede subsistir solo.”
- “Imbécil” (CI 30-50): “No lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias.”
- “Débil mental profundo, moderado y leve” (CI 50-90): Clasificaciones progresivas según la capacidad de leer, escribir y realizar tareas básicas.
Estos términos estaban en desuso desde hace décadas debido a su carácter peyorativo y discriminatorio. Su presencia en un documento oficial generó críticas de especialistas en salud mental, asociaciones de personas con discapacidad y familiares.
¿Cómo justificó el Gobierno el uso de estos términos?
Desde la Agencia Nacional de Discapacidad argumentaron que la publicación de estos términos fue un "error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta” y negaron que haya existido intención discriminatoria.
A través de un comunicado, ANDIS reconoció que la normativa debía ser revisada:
“La Resolución 187/2025 y su anexo serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con referencias internacionales como la CIE-11 y el DSM-5.”
Además, el titular del organismo, Diego Spagnuolo, informó que ya se inició una investigación interna para determinar quiénes fueron los responsables de la redacción del documento y proceder con su desvinculación.
¿Qué dicen los especialistas en salud mental?
La comunidad médica y académica calificó la normativa como retrógrada y estigmatizante.
- Marcelo Cetkovich, jefe del Departamento de Psiquiatría y Director Médico de INECO, advirtió que el uso de terminología desactualizada "interfiere con la inclusión de las personas con discapacidad” y refuerza prejuicios.
- Hugo Cohen, ex asesor en salud mental de la Organización Panamericana de la Salud, subrayó que la normativa debe ajustarse a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Alberto Trímboli, ex presidente de la Federación Mundial de Salud Mental, sostuvo que el documento evidencia "un enorme desconocimiento sobre el tema y una falta de asesoramiento adecuado".
Por su parte, Pablo Molero, presidente del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue categórico:
“Si necesitan un baremo para evaluar la incapacidad laboral, deberían buscar uno que esté adecuado o elaborar una documentación con concepciones actualizadas.”
¿Cómo reaccionaron las asociaciones de personas con discapacidad?
Diversas asociaciones de familiares y pacientes con discapacidad rechazaron la resolución y pidieron su inmediata rectificación.
Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) solicitaron que la terminología sea acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y al modelo social de la discapacidad.
En la misma línea, Paulo Morales, presidente de la Asociación Civil TEActiva y padre de un niño con autismo, expresó su indignación:
“No tengo ganas ni la capacidad para ponerme a buscar la terminología correcta, pero lo que leo son palabras que no se usan hace décadas. Son insultos.”
"Si esto fue un error del Gobierno, que pidan disculpas y lo corrijan. Y si no fue un error y está basado en algo científico, deben modificarlo igual. Hace rato que no definimos a nadie con insultos."
¿Es posible que se haya tratado de una provocación?
Algunos sectores sospechan que la publicación del documento pudo haber sido una provocación deliberada.
Sin embargo, la mayoría de los especialistas consultados coincidieron en que lo más probable es que se trate de un caso de negligencia por parte de quienes redactaron la resolución, sin actualizar el lenguaje a las normativas vigentes.
Según Trímboli, la normativa representa un "retroceso al modelo biomédico de la discapacidad", dejando de lado el enfoque integral que considera los aspectos sociales y psíquicos de las personas con discapacidad.
Cómo sigue
Tras la controversia, la Agencia Nacional de Discapacidad se comprometió a modificar la Resolución 187/2025 y su anexo para eliminar los términos ofensivos.
Además, se espera que en los próximos días se anuncie la desvinculación de los responsables de la redacción del documento.
El Gobierno deberá asegurarse de que las nuevas modificaciones cumplan con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y discapacidad, evitando futuras controversias y garantizando una terminología respetuosa e inclusiva.
