Hace tiempo que vengo siguiendo la pista de un esquema repetido en el conurbano bonaerense: la cesión de tierras públicas a cooperativas y organizaciones sociales ligadas a Juan Grabois bajo el pretexto de integrar socialmente a los sectores más postergados. Pero, en lugar de cumplir con el propósito de urbanizar zonas marginales, estas tierras terminan siendo administradas como barrios privados con todas las características de un negocio cerrado para unos pocos. Uno de los casos más graves es el del barrio Juan XXIII, en Cañuelas, donde se prometieron 500 lotes con servicios, pero lo que se está construyendo es un proyecto destinado a cooperativistas seleccionados por las mismas organizaciones que manejan los fondos.
El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), fue el encargado de financiar este proyecto en Cañuelas en 2022, con una suma que supera los 750 millones de pesos. La excusa oficial fue la creación de un espacio donde se podrían asentar familias de bajos recursos, con lotes provistos de servicios básicos como agua y electricidad. Sin embargo, cuando visité el lugar, lo que encontré fue una realidad muy distinta: movimientos de tierra desorganizados, falta de infraestructura básica, y lo más llamativo, la construcción de un barrio privado con expensas, como lo admiten algunos de los propios beneficiarios.
Las tierras, según el expediente oficial, fueron cedidas a la Cooperativa En Bloque y a la agrupación De Frente, ambas organizaciones vinculadas a Grabois. La Cooperativa En Bloque, como consta en los registros, fue creada apenas un año antes de la firma del convenio, lo que genera serias dudas sobre la legitimidad y capacidad de gestión de la misma. Lo llamativo es que este no es el único caso en el que Grabois y sus colaboradores están involucrados en la adquisición irregular de tierras públicas.
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En la investigación que llevo adelante, he encontrado que muchas de estas cooperativas "nuevas" reciben tierras a precios regalados o directamente financiadas por el Estado, y en la mayoría de los casos, las obras no se terminan o no cumplen con los requisitos prometidos. Cañuelas, Luján y Brandsen son solo algunos de los puntos donde el mismo modus operandi se repite: terrenos estatales, cedidos a cooperativas amigas, bajo la promesa de urbanización, y con un manejo absolutamente opaco de los fondos públicos.
Un proyecto cuestionado desde su origen
El terreno de 38 hectáreas en Cañuelas fue adjudicado con la participación activa de Fernanda Miño, una funcionaria cercana a Juan Grabois, quien dirigía la Secretaría de Integración Sociourbana al momento de la firma del convenio. Esto ya despierta suspicacias sobre el manejo de los fondos y el acceso preferencial de las organizaciones que participan en estos proyectos. La Cooperativa En Bloque, formalmente a cargo del proyecto, ha sido cuestionada por los vecinos de la zona, quienes denuncian que la construcción nunca se paralizó a pesar de que el municipio de Cañuelas sostiene que las obras no están habilitadas porque el predio no es apto para ser habitado.
Durante una de las visitas al terreno, pude observar cómo los trabajos avanzan, mientras que algunos vecinos y cooperativistas se acercaban para hablar de su experiencia en el lugar. La agrupación De Frente, una organización liderada por Marta Ferraro, fue identificada como la gestora directa del proyecto. Esta agrupación es conocida por su cercanía a Grabois y su estrecha relación con la Iglesia, lo que agrega otro nivel de complejidad a la trama.
El nombre del Papa Francisco ha sido mencionado en múltiples ocasiones por los responsables de estas organizaciones, sugiriendo que la obra del arca –así llaman al proyecto en Cañuelas– cuenta con el respaldo de la Iglesia. Marta Ferraro, figura clave del proyecto, es descrita como una militante cercana a Grabois y al círculo del Papa. En varias declaraciones, Ferraro ha afirmado que el proyecto del arca es una iniciativa para ofrecer "tierra, techo y trabajo" a familias necesitadas, siguiendo los principios que Grabois ha defendido en sus apariciones públicas y en su relación con la Iglesia.
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Marta Ferraro, dirigente cercana a Juan Grabois
Sin embargo, lo que llama la atención es que estas tierras, cedidas a cooperativistas, no son lotes con servicios como se prometió inicialmente. En realidad, el proyecto se ha convertido en un barrio privado con expensas, limitadas a un cuarto del salario mínimo vital y móvil. De hecho, 200 lotes ya han sido entregados bajo estas condiciones, lo que desvirtúa el objetivo inicial del programa de integración sociourbana.
El dinero detrás del negocio
Uno de los puntos más oscuros de esta trama es el manejo de los fondos. 750 millones de pesos fueron destinados a este proyecto, una suma que parece desproporcionada considerando que las obras están lejos de finalizar y que los terrenos, como aseguró Ferraro en una conversación con nuestro equipo, "no tienen valor". ¿Cómo se explica, entonces, que el Estado haya desembolsado tal cantidad de dinero para una tierra que, según los propios responsables, no tiene un valor económico relevante?
El caso de Cañuelas no es un hecho aislado. Como ya he revelado en informes anteriores, este esquema de corrupción y populismo se replica en varios municipios de la provincia de Buenos Aires, donde organizaciones cercanas a Grabois acceden a terrenos fiscales o financiados por el Estado y los utilizan para beneficiar a un pequeño grupo de militantes y cooperativistas.
Lo preocupante es que este proyecto cuenta con el respaldo del Estado y que las autoridades parecen estar haciendo la vista gorda ante las irregularidades. Las tierras adjudicadas a cooperativas como la de Marta Ferraro y su agrupación De Frente se obtienen sin concurso público y bajo convenios cuyos términos no son claros.
Una estructura de poder y negocios
El esquema que he investigado a lo largo de los últimos años muestra una estructura sistemática de poder que involucra a Grabois y sus allegados. En cada uno de los distritos donde estos proyectos se han implementado, la fórmula es siempre la misma: se expropian o adquieren terrenos con fondos públicos, se entregan a cooperativas nuevas o cercanas al poder, y lo que debía ser un proyecto de integración para sectores vulnerables, termina siendo un negocio cerrado para los amigos del poder.
La corrupción y la ineficiencia estatal están detrás de este y otros tantos proyectos inconclusos o mal ejecutados. Al momento, las autoridades locales y nacionales no han dado respuestas concretas sobre el destino de los fondos ni sobre la legalidad de las adjudicaciones de terrenos.
